El proyecto sobre legalización de tierras que enfrentará a Gobierno y Centro Democrático

El pasado 12 de octubre, la senadora por el Centro Democrático Nohora Stella Tovar Rey, radicó en el Senado el proyecto de ley 157 de 2016 que pretende ordenar “la titulación de la tierra adquirida de buena fe, se estimula la formalización y protección de derechos adquiridos”, y, aunque apenas inicia su proceso, ya encendió la polémica.

Dese el Gobierno se denunció que el fin de dicho proyecto es el de legalizar el despojo de tierras en el país. Y uno de los que primero salió a criticar el radicado fue Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, que señaló que la intención con este proyecto era el de dejar sin efecto millares de procesos que habían sido iniciados por el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para recuperar bienes de la nación que ocupados o indebidamente adjudicados.

También advirtió que los beneficiados con esta ley serían quienes ocuparon de forma ilegal baldíos o se apropiaron de tierras que pertenecían a personas que tuvieron que fueron desplazadas por el conflicto armado. (Lea: El no para la tierra)

Samper le dijo a El Tiempo que esta ley echaría atrás “de un plumazo” años de esfuerzos realizados por el Incoder “para recuperar lo que les pertenece a todos los colombianos”.

Precisamente, el artículo 6 del proyecto de ley señala que se dejarían “sin efectos las resoluciones y/o actos administrativos emitidos por el Incoder denominados como ‘recuperación de baldíos’ y restituye los derechos a los afectados”.

En la exposición de motivos del proyecto se citan argumentos de la Asociación para la Defensa de la Tierra y Dignidad Llanera, que dicen que las “mal llamadas” resoluciones del Incoder han llegado a los llaneros que, de buena fe, han poseído y ocupado esas tierras “desde épocas históricas, amparados por la Constitución, y a otros que con la misma legitimidad la han comprado a los titulares de esos derechos”.

Agregan que ningún Gobierno anterior desconoció esa posesión que consideran legítima y que varias leyes, como la Ley 200 de 1936, Ley 4 de 1973, garantizaron sus derechos como poseedores. “Fuimos y somos víctimas de toda clase de grupos ilegales, que aunque nos desplazaron por épocas, no han logrado lesionar nuestra vocación agropecuaria ni el arraigo a nuestra tierra, por eso continuamos con nuestras empresas económicas que no vamos a entregar", señalan.

¿En qué quedarían los procesos de restitución de tierras que están corriendo? Según explica Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, los jueces de restitución son competentes por una norma especial, es decir, que, de aprobarse esta ley, si se encuentra que un despojo fue legalizado de puede revocar la decisión judicial.

“El proyecto habla de que se puede dejar sin efecto los procedimientos de recuperación que fueron iniciados por el Incoder, pero no toca la ley restitutiva. Eso no quiere decir que no sea una norma nefasta”, señala Sabogal.

El tema del proyecto es competencia de la Comisión Quinta del Senado y, desde ya, se prevé un intenso debate por lo delicado y coyuntural que resulta definir la tenencia de tierras en el contexto del conflicto colombiano. (Lea: La tierra y la guerra, dos problemas que van de la mano)

El pasado 12 de octubre, la senadora por el Centro Democrático Nohora Stella Tovar Rey, radicó en el Senado el proyecto de ley 157 de 2016 que pretende ordenar “la titulación de la tierra adquirida de buena fe, se estimula la formalización y protección de derechos adquiridos”, y, aunque apenas inicia su proceso, ya encendió la polémica.

Dese el Gobierno se denunció que el fin de dicho proyecto es el de legalizar el despojo de tierras en el país. Y uno de los que primero salió a criticar el radicado fue Miguel Samper, director de la Agencia Nacional de Tierras, que señaló que la intención con este proyecto era el de dejar sin efecto millares de procesos que habían sido iniciados por el antiguo Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) para recuperar bienes de la nación que ocupados o indebidamente adjudicados.

También advirtió que los beneficiados con esta ley serían quienes ocuparon de forma ilegal baldíos o se apropiaron de tierras que pertenecían a personas que tuvieron que fueron desplazadas por el conflicto armado. (Lea: El no para la tierra)

Samper le dijo a El Tiempo que esta ley echaría atrás “de un plumazo” años de esfuerzos realizados por el Incoder “para recuperar lo que les pertenece a todos los colombianos”.

Precisamente, el artículo 6 del proyecto de ley señala que se dejarían “sin efectos las resoluciones y/o actos administrativos emitidos por el Incoder denominados como ‘recuperación de baldíos’ y restituye los derechos a los afectados”.

En la exposición de motivos del proyecto se citan argumentos de la Asociación para la Defensa de la Tierra y Dignidad Llanera, que dicen que las “mal llamadas” resoluciones del Incoder han llegado a los llaneros que, de buena fe, han poseído y ocupado esas tierras “desde épocas históricas, amparados por la Constitución, y a otros que con la misma legitimidad la han comprado a los titulares de esos derechos”.

Agregan que ningún Gobierno anterior desconoció esa posesión que consideran legítima y que varias leyes, como la Ley 200 de 1936, Ley 4 de 1973, garantizaron sus derechos como poseedores. “Fuimos y somos víctimas de toda clase de grupos ilegales, que aunque nos desplazaron por épocas, no han logrado lesionar nuestra vocación agropecuaria ni el arraigo a nuestra tierra, por eso continuamos con nuestras empresas económicas que no vamos a entregar", señalan.

¿En qué quedarían los procesos de restitución de tierras que están corriendo? Según explica Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, los jueces de restitución son competentes por una norma especial, es decir, que, de aprobarse esta ley, si se encuentra que un despojo fue legalizado de puede revocar la decisión judicial.

“El proyecto habla de que se puede dejar sin efecto los procedimientos de recuperación que fueron iniciados por el Incoder, pero no toca la ley restitutiva. Eso no quiere decir que no sea una norma nefasta”, señala Sabogal.

El tema del proyecto es competencia de la Comisión Quinta del Senado y, desde ya, se prevé un intenso debate por lo delicado y coyuntural que resulta definir la tenencia de tierras en el contexto del conflicto colombiano. (Lea: La tierra y la guerra, dos problemas que van de la mano)