La crisis humanitaria por la llegada de migrantes venezolanos a Colombia se agudiza cada día. Sólo en Cúcuta (Norte de Santander) se calcula que podría haber unos 600.000 ciudadanos del vecino país y que 35.000 ingresan cada 24 horas. Lo mismo sucede, en mayor o menor escala, en los demás departamentos fronterizos: La Guajira, Arauca, Cesar, Vichada y Guainía. Boyacá comparte una mínima porción de esa línea divisoria. Son 2.219 kilómetros en común, testigos en su gran mayoría de la pobreza por el abandono del Estado, donde confluyen todos los males posibles: guerrilla, disidencias, bandas criminales, contrabando, narcotráfico, trata de personas y delincuencia común, alimentando la creciente inseguridad.
Un panorama que se hace más complejo cuando a la vuelta de la esquina están las elecciones a Congreso del 11 de marzo, proceso que en el pasado ha sido caldo de cultivo para que esos ilegales, a veces con complicidad de los políticos, intenten quedarse con el poder local. De hecho, la crisis en la frontera y las posiciones respecto al gobierno venezolano, en cabeza de Nicolás Maduro, son temas centrales del actual debate electoral. Candidatos presidenciales y al Congreso opinan, cuestionan y atacan a otros, azuzando temores y ventilando constantemente los supuestos riesgos que se corren de estar pavimentando el camino que nos podría llevar hacia el “castrochavismo” si se elige a este o a aquel.
Norte de Santander
Siendo así, Cúcuta se ha convertido en parada obligada de las campañas. Promesas van y vienen para un departamento convulsionado en el que los apuros por la masiva llegada de venezolanos sólo son un ingrediente más para el escenario de disputas por las rutas del contrabando y las drogas ilícitas desde y hacia el vecino país. Tras la desmovilización del bloque Catatumbo de las Autodefensas, hacia finales de 2004, aparecieron en Norte de Santander las Águilas Negras y luego llegaron los Rastrojos. Y en el último lustro se ha sabido de la presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
Todo un polvorín en estos tiempos electorales, en que es vox populi que desde La Picota, donde se encuentra detenido pagando una condena por nexos con grupos paramilitares y asesinato, el exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo sigue manejando los hilos de la política departamental. El actual burgomaestre de la ciudad, César Rojas, elegido por Opción Ciudadana, es cuota suya. Y para la Gobernación hizo alianza con el ganador: William Villamizar, avalado por liberales y la U. En voz baja, sin que nadie lo reconozca, sus tentáculos llegan hasta los respaldos a las candidaturas de los actuales senadores Andrés Cristo y Manuel Guillermo Mora, que buscan la reelección, y el representante Neftalí Santos.
La situación ha dado para que corran cadenas falsas en las redes sociales diciendo que se está cedulando a los venezolanos que estén dispuestos a arrancar para el centro del país y participar en el debate electoral. En el reciente informe de la Misión de Observación Electoral (MOE), el 28 % de los municipios de Norte de Santander (11 en total) se encuentran en riesgo de fraude y violencia, ocho de ellos en nivel extremo. De hecho, se recomendó que en cinco se ejerciera vigilancia especial: Convención, El Carmen, Hacarí, La Playa y Teorama. En la pelea política ha entrado con fuerza a competir el Centro Democrático con Milla Romero, una ingeniera civil que se ganó la confianza del expresidente Álvaro Uribe y que hoy está en la lista al Senado.
La Guajira
Históricamente, Maicao ha sido uno de los pasos más movidos en la frontera con Venezuela. El contrabando de productos como la gasolina es tan antiguo como la conformación de esa ciudad, con auges importantes desde 1970. Sin embargo, es una actividad íntimamente ligada al narcotráfico y movidas relacionadas que se distribuyen a lo largo del departamento y que encuentra en el paso fronterizo de Paraguachón uno de sus mayores combustibles.
Por otra parte, La Guajira no ha tenido estabilidad política. Wílmer González Brito ganó las elecciones atípicas en 2016, pero fue enviado a prisión en febrero de 2017 por corrupción. Había llegado en reemplazo de Oneida Pinto, la gobernadora que resultó elegida en 2015 y que hoy paga una condena por corrupción. Su antecesor, Juan Francisco Kiko Gómez, también fue capturado durante su mandato y purga una pena de 40 años de cárcel. Gómez y Pinto llegaron con el aval de Cambio Radical.
Hoy, en la Gobernación está por encargo Tania Buitrago González, quien llegó en reemplazo del anterior encargado, Weildler Antonio Guerra. No obstante, señalan fuentes de la región, Buitrago desempeña su cargo con directrices de los partidos que avalaron a González: la U y el Conservador.
Según las proyecciones del DANE, en La Guajira viven 1’040.157 personas, de las cuales 579.731 hacen parte del censo electoral. Y aunque la Misión de Observación Electoral (MOE) señala que no se registró la presencia del Ejército de Liberación Nacional (Eln), ni de grupos armados organizados durante 2017, la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana sobre el riesgo medio de fraude que existe en ocho de sus 15 municipios y señaló que hay presencia del Eln en Albania y Barrancas, y en Dibulla operan “otros grupos armados posdesmovilización”.
Hoy hay 15 guajiros que quieren llegar al Senado, entre los que se cuentan Fernando Gómez Bacci, hijo del condenado Kiko Gómez, quien aspira por Opción Ciudadana, junto con Rafael Velandia. Por el Conservador están Luis de la Hoz y Jaime Lacouture; Concepción Pinto y Felipe Pérez, por el Polo; Rosario Pinto y Antonio Almazo, por la ASI; Elizabet Cuesta, por Todos Somos Colombia, y Basílica Epiayuu González, por Colombia Justa Libres, entre otros.
Arauca
Ubicado en el oriente del país, Arauca cuenta con no más de 300.000 habitantes. Ha sido una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado y hoy, de acuerdo con datos de la Misión de Observación Electoral, registra una ocupación guerrillera cercana al 72 %. El Eln ha encontrado en sus apenas siete municipios un centro de operaciones criminales y allí se ha asentado, principalmente, el frente Domingo Laín, para perpetrar ataques terroristas.
El puente internacional José Antonio Páez es la principal vía que comunica a Arauca con la población de El Amparo, en el estado Apure, de Venezuela. Apenas 200 metros de longitud separan a ambos territorios, pero lo que hace décadas se pensó como una facilidad para fortalecer la conexión entre las partes, hoy se ha convertido en una inminente amenaza para los habitantes de “este lado del charco”. La razón es evidente y tiene que ver con la crisis política, social y económica por la que atraviesa el vecino país que, sin duda, ha golpeado el panorama electoral de cara a los comicios de marzo.
En primer lugar, según denunció el mismo Gobierno esta semana, ha ido creciendo el número de integrantes del Eln en la región, dado que se han venido sumando ciudadanos venezolanos a la organización armada. “En el reciente paro armado pudimos comprobar que miembros del Eln, colombianos y venezolanos, ejercitaron acciones tanto terroristas como armadas contra la población”, dijo el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, tras confirmar que dos personas del vecino país fallecieron mientras instalaban un artefacto explosivo en una vía cercana a Pamplona (Norte de Santander).
En este escenario se ha venido moviendo el panorama político en Arauca. La extorsión de la que son víctimas ganaderos y empresarios a manos del Eln es prácticamente pan de cada día. Y aunque el proselitismo a favor de los candidatos prefieren mantenerlo bajo el llamado “voto silencioso”, los resultados electorales dan cuenta del ala ideológica a la que pertenecen. El Sí en el plebiscito de octubre de 2016, por ejemplo, fue derrotado con una votación cercana al 52 %. Saravena, Arauca, Cravo Norte y Puerto Rondón no apoyaron el Acuerdo de Paz con las Farc y los tres municipios restantes, Tame, Fortul y Arauquita, estuvieron con el Sí, pero no de forma muy holgada.
Si bien el uribismo es fuerte en la región, el gobernador, Ricardo Alvarado, contó con el respaldo de la U y estuvo con el Sí en el plebiscito. Su sobrino, Miguel Matus, es actual candidato al Senado en el Centro Democrático. El exgobernador Julio Acosta, condenado a seis años de prisión por la Corte Suprema, por corrupción, ha ejercido un cacicazgo del que muchos dirigentes araucanos se quieren apartar. Los liberales, con Eneiro Rincón como candidato a la Cámara, quien cuenta con el apoyo de varios diputados y concejales, buscan recuperar el espacio perdido en el pasado. Eso sí, la campaña se hace en medio del temor y las amenazas del Eln.
Guainía, un rincón donde ni llegan los migrantes venezolanos
Pese a ser fronterizo con Venezuela, Guainía no ha padecido la crisis de la llegada de migrantes. Tiene 72.200 kilómetros cuadrados y cerca de 43 mil habitantes. Es el departamento menos densamente poblado y en su capital, Puerto Inírida, vive la mitad de la gente. Con nueve municipios y un potencial electoral de más 26 mil sufragantes, tuvo más de doble de inscripción de cédulas con respecto a 2014.
El alcalde de Puerto Inírida es Camilo Andrés Puentes, liberal. Una fuente asegura que en esta frontera sí hay presencia de actores armados y que su actividad está relacionada con la minería. “Con la salida de las Farc, llegó el Eln. Las minas de Venezuela tienen mucha presencia de colombianos. Es más, la explotación de oro está en manos de ellos, que son los dueños de las máquinas. Hay un acuerdo tácito entre la Guardia Venezolana y el Eln. No se está sintiendo inseguridad, ha habido muchos picos de turismo extranjero”.
Para Guainía hay dos curules que actualmente ocupan Carlos Alberto Cuenca, de la U, y Pablo Eladio Alba Medina, de la ASI, quien reemplazó a Édgar Cipriano, destituido por corrupción. “La compra de votos es muy común, sobre todo en las comunidades indígenas y les pagan desde $50.000 hasta $200.000 por voto”, denuncia una fuente.
El riesgo electoral y de violencia en Cesar
De 25 municipios que tiene Cesar, en 10 hay riesgo por violencia, aunque sólo uno aparece en el mapa de riesgos por coincidencias electoral y de violencia, según la MOE. No obstante, no se puede desconocer que el departamento limita en el sur con la región del Catatumbo, en la que el Eln tiene fuerte presencia.
De hecho, según la alerta temprana lanzada por la Defensoría del Pueblo, hay actores de esa guerrilla en los municipios de Aguachica, Curumaní, González, La Gloria, Pailitas, La Jagua de Ibirico y Río de Oro. En otros, como Agustín Codazzi, están presentes disidencias de otros grupos armados desmovilizados. También operan en varias de estas poblaciones facciones del Epl y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).
La Gobernación del Cesar está en manos de Francisco Ovalle Angarita, avalado por el Partido de la U y como candidato de la casa Gnecco, del Magdalena, aunque anteriormente había aspirado a la Alcaldía de Valledupar por Cambio Radical. Es amigo cercano de Germán Vargas Lleras.
Por -Redacción Política
