La Medellín política de hoy es un hervidero y el blanco de críticas, acusaciones y ‘bochinches’ —como dicen los mismos paisas— es su alcalde, Alonso Salazar. Fue Luis Pérez, su contendor en las urnas, quien hace cerca de un mes lo señaló de haber recibido apoyo del jefe paramilitar alias Don Berna en la campaña que lo llevó a la Alcaldía. Otros hablan del “maquillaje” de cifras desde la administración pasada (la de Sergio Fajardo, en la que Salazar fue secretario de Gobierno) para ocultar la realidad del resurgimiento de la violencia y en las calles corre el rumor de un supuesto “pacto de convivencia” con los milicianos de las Auc para mantener la paz, el cual ya se rompió.
El avispero se acabó de alborotar con el escándalo en la seccional de la Fiscalía en Antioquia, en el que su director, Guillermo León Valencia Cossio —hermano del ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia Cossio—, resultó involucrado en presuntos nexos con la banda del narcotraficante alias Don Mario. Desde 2004, siendo secretario de Gobierno, Salazar había hablado de la infiltración del narcotráfico en las altas esferas del ente judicial. Una vez en la Alcaldía, se refirió entonces a un “complot” liderado por Guillermo León Valencia Cossio y el general Marco Antonio Pedreros, comandante regional de la Policía, tendiente a desestabilizar su gobierno.
Esas denuncias fueron como echar gasolina a un incendio que aún no se apaga y que, dicen algunos, amenaza la institucionalidad y con echar al traste todo lo hecho durante los últimos años en una ciudad que supo renacer de sus cenizas después del narcoterrorismo de Pablo Escobar. Hoy, el ambiente político que se vive en Medellín es de polarización entre dos bandos: los que defienden a Salazar y los que lo atacan. El Alcalde, tras defenderse de las acusaciones de Luis Pérez diciendo que estaba “absolutamente tranquilo” sobre sus actuaciones antes, durante y después de la campaña y que era “totalmente falso” que hubiera pedido apoyos de gente metida en la ilegalidad, prefiere ahora callar y concentrarse en su mandato.
Los que lo respaldan dicen que, efectivamente, se trata de un complot orquestado por los “viudos del poder”, aquellos que perdieron las elecciones y cuyo objetivo final es la revocatoria del mandato. Aseguran también que a Salazar le están cobrando el haberse metido con los Valencia Cossio, “una de las familias más poderosas de la política antioqueña”, según manifestó un concejal de Medellín, quien pidió la reserva de su nombre. “Cuatro años de Fajardo los aceptan, cuatro de Alonso los toleran, pero otros cuatro sin manejar una contratación que puede llegar fácilmente a los $10 billones, sí que no lo van a permitir”, agregó el edil. Y hay quienes afirman que el objetivo final de los ataques contra Salazar es, de carambola, minar la popularidad de Sergio Fajardo en su camino hacia la candidatura presidencial de 2010.
Los cuestionamientos no han sido sólo en Medellín. Desde la misma Casa de Nariño, el comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, cuando le preguntaron por su distanciamiento con el proceso de reinserción en la capital antioqueña, dijo que se debió al “juego” que Fajardo y Salazar le habían dado a Don Berna y a Job. El Alcalde, ni corto ni perezoso, ripostó acusando a Restrepo de querer evadir la responsabilidad y de querer hacer política, “haciéndole el favor a no sé quién pero buscando dejar una sombra de duda sobre Sergio Fajardo”.
Y desde el Congreso de la República también se lanzan dardos: el senador antioqueño de Cambio Radical Jorge Enrique Vélez, reemplazo de Humberto Builes —involucrado en parapolítica—, se refirió a la “falta de liderazgo en aspectos de seguridad, que hoy no nos permite conocer cómo Medellín pasó de ser una de las ciudades más tranquilas del país a ser una de las más peligrosas en las últimas estadísticas”.
Precisamente el tema de la seguridad es el último flanco por donde se busca ‘atacar’ hoy a Salazar. Más aún cuando el presidente Uribe, en agosto pasado, dijo que le daría “mucha tristeza” regresar a la ciudad donde nació y donde ha vivido, después de haber ejercido la Presidencia por ocho años, “sin haber podido derrotar la delincuencia, donde se ha sufrido tanto por los carros bomba. Y me han dado mucha preocupación y tristeza las revelaciones de los últimos días”. Los opositores del Alcalde interpretaron esas palabras como un claro mensaje del deterioro de la seguridad en la ciudad. Según las estadísticas, durante los primeros seis meses del año Medellín registró un incremento del 15% en el número de homicidios, en comparación con el primer semestre de 2007, debidos en parte a la guerra por el poder delincuencial entre la banda de Don Mario y la gente de Don Berna.
Al baile en ese tire y afloje entre Salazar y sus enemigos políticos han salido incluso algunos “periodistas de radio”, según lo indicó recientemente en una columna el escritor y columnista Héctor Abad Faciolince, quienes “se quedaron sin avisos oficiales y hoy sirven de plañideras a las viudas del poder, empeñados en montar una sucia campaña de desprestigio contra Alonso Salazar y, de paso, contra todo el movimiento del alcalde anterior, Sergio Fajardo”.
En lo que tiene que ver con las cargas en el Concejo Municipal, todo parece indicar que la gobernabilidad del Alcalde no está amenazada, al menos por el momento. De los 21 ediles, 19 lo apoyan (cuatro del Partido de la U, cuatro del liberalismo, tres conservadores, tres de Alas-Equipo Colombia, dos de Cambio Radical, dos de la Alianza Social Indígena y uno de Jóvenes Fajardistas) y sólo los concejales del Polo Democrático y de Colombia Democrática no hacen parte de la coalición de gobierno.
Lo cierto es que, lejos de esperar que las aguas se calmen, todo apunta a que la turbulencia política seguirá. “Esta es la primera oleada. Hay intereses que seguirán buscando deslegitimar mi mandato”, advierte Salazar. Mientras tanto, Medellín sólo espera que, más allá de pugnas políticas, no le extravíen el rumbo de progreso y convivencia que tomó hace años.
Por Hugo García Segura
