Desde la semana pasada, y a última hora, se surtió el requisito que hacía falta para que la Mesa Directiva del Congreso de la República avanzara en la suscripción del contrato convenio con la Universidad Industria de Santander (UIS) y ésta tuviera luz verde para avanzar con el estudio de las 109 hojas de vida que recibió la corporación de los interesados en presentarse al proceso a través del que se hará la elección del nuevo contralor general de la nación. El martes 24 de julio, levantada la sesión plenaria en el Senado, aún no había llegado al Capitolio un concepto de la Procuraduría y varios de los legisladores se movían por los pasillos, con una angustia evidente, pues la universidad ya había anunciado que si no se avanzaba en la firma del convenio le resultaría casi imposible cumplir con los tiempos.
Por parte de la oposición, las acusaciones iban y venían, y varias voces aseguraban que la dilación respecto del concepto de la Procuraduría y la demora en la firma de dicho convenio demostraba la intención de quitarle el proceso de meritocracia a la UIS para dejarlo en manos de una institución más cercana a los intereses partidarios de las colectividades que se declararán a favor del gobierno de Duque. Pero eso no sucedió. El Oficio E-2018-341794 llegó con la firma de Juan Carlos Cortés González, procurador general encargado, con un mensaje claro: “A la fecha de la visita, el proceso de selección de la universidad ya se encontraba surtido integralmente, restando sólo por suscribir el correspondiente contrato (…) corresponde al Congreso de la República adoptar las acciones necesarias para cumplir la normatividad y dar continuidad a este proceso”.
Fue así como la Mesa Directiva del Congreso expidió la Resolución 009 de 2018, que detalla los pormenores de la convocatoria, como las fechas de integración de la comisión accidental que revisará las hojas de vida de los 20 candidatos que escoja la universidad —que debería quedar conformada hoy—, la fecha de realización de la prueba y la fecha de elección del contralor por el Legislativo en pleno, fijada para el próximo 20 de agosto. Ese día se deberá votar entre 10 candidatos definitivos que seleccionará esa comisión accidental, en la que tendrán asiento todos los partidos políticos en el Capitolio.
Contexto: Presidente Santos sancionó ley con nuevas reglas para elegir al contralor
Lo que llamó la atención de la resolución fue la redacción del artículo tercero, pues quedó determinado a que “continuarán a la siguiente etapa los aspirantes que obtengan en la prueba de conocimientos un puntaje igual o superior a los 60 puntos sobre 100”, cuando, según varios congresistas, estaba previsto que esa calificación quedase en 75 puntos. Los temas de los que tratará este examen, de acuerdo con la resolución, serán sobre instrumentos de planeación, financiación y ejecución de la Hacienda Pública, derecho constitucional colombiano, control fiscal, responsabilidad fiscal, jurisdicción coactiva, análisis económico del derecho y otros temas relacionados con la organización y el funcionamiento de la Contraloría General de la República y la administración pública.
“Le hicieron un cambio desastroso. Era un examen que fue concebido para que fuese drástico, académico y técnico sobre lo pertinente al cargo, pero lo bajaron a 60 puntos. Hay que ser muy tarado para no pasar un examen en 60”, señaló una voz de la oposición. Sobre ese mismo asunto opinó la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde: “Lamentamos que haya cambiado el carácter académico y exigente del examen. Es bueno que se haya mantenido, pero es lamentable que, sin argumento alguno, de la noche a la mañana, cambien la meta de 75 puntos. Se pierde una oportunidad al ablandar el examen”. Por el partido Alianza Verde, en Senado, en la comisión accidental estará Antanas Mockus.
El presidente del Senado, Ernesto Macías, del Centro Democrático, defendió la resolución al señalar que la UIS realizará el examen con base en los parámetros que fueron adoptados, proveniente de la Ley 1904 de 2018, que fue la que aprobó el Congreso y sancionó el presidente Juan Manuel Santos con las reglas para la elección del contralor. “El examen tiene carácter de eliminatorio, según la ley, para dejar 20 preseleccionados. No es un concurso de méritos. Lo que se busca es que el aspirante tenga un conocimiento general del cargo que va a desempeñar, basado en experiencias. Si se dejaban los 75 puntos sobre 100 se estaría eligiendo contralor con sólo la prueba y quedaba sin valor la experiencia”, explicó Macías, para quien al bajar el puntaje a 60 e intentar darle importancia en la valoración de las hojas de vida y la experiencia, se equilibraron los parámetros.
Otro asunto que preocupaba en el Congreso era que las hojas de vida recibidas, antes de ir a la universidad, debían obtener el visto bueno de la Comisión de Acreditación, pero ésta todavía no estaba conformada en el Senado, un asunto que se espera se destrabe hoy. Por su parte, en la Cámara de Representantes esta instancia quedó integrada por Élbert Díaz, del Partido de la U; Eloy Chichi Quintero, de Cambio Radical; Jorge Gómez Gallego, del Polo Democrático; Juan Fernando Espinal, del Centro Democrático, y Wadith Alberto Manzur, del Partido Conservador.
En todo caso, dentro de 20 días se debería tener al nuevo contralor que sucederá a Edgardo Maya Villazón, quien terminará su gestión el próximo mes de septiembre. Entre los aspirantes ya hay nombres que figuran como favoritos, sobre todo, por ser cercanos a los partidos políticos en el poder. En primer lugar está José Félix Lafaurie, actual presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) e indiscutible ficha del uribismo. También figura Felipe Córdoba, exauditor general; el expoderoso secretario del Senado, Emilio Otero, y los exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura Wilson Ruiz, Angelino Lizcano y José Ovidio Claros.