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El rastreo a bienes de Santoyo

Sus hermanos, su esposa y varios de sus hijos figuran como propietarios de costosos predios. La Fiscalía General de la Nación busca establecer si fueron adquiridos con dineros ilícitos.

Felipe Morales Mogollón

01 de octubre de 2013 - 05:12 p. m.
El general en retiro Mauricio Santoyo Velasco está colaborando con la justicia de Estados Unidos a cambio de beneficios. / Archivo
Foto: bogota - FELIPE CAICEDO
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A propósito de la reciente captura del exjefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez, el general (r) Flavio Buitrago, El Espectador investigó con el fin de establecer qué pasó con las propiedades y los bienes que fueron decomisados por la Fiscalía a su antecesor, el también general Mauricio Santoyo Velasco, hoy condenado en un cárcel federal de los Estados Unidos por su colaboración con los paramilitares y la llamada oficina de Envigado, entre 2001 y 2008.

Hace cerca de un año la Fiscalía 28 especializada de la Unidad de Extinción de Dominio decretó medidas cautelares de embargo y secuestro sobre 10 predios entre fincas, lotes y apartamentos ubicados en San José de Pare (Boyacá); un establecimiento comercial, cinco vehículos y dos cuentas bancarias de Santoyo Velasco y su familia. Por ejemplo, la Fiscalía incautó los inmuebles La Estrella, Los Mauricios , La Pradera, La Estrellita, entre otros, en una especie de emporio agroindustrial registrado en la Notaría Primera de Moniquirá.

De los documentos se establece que el general Mauricio Alfonso Santoyo oficiaba como un acaudalado empresario, lejos de los reflectores de los medios de comunicación, hasta que a principios de 2012 empezó a circular información que lo relacionaba, ni más ni menos, como uno de los soplones del paramilitarismo para evitar que operaciones de la DEA y otras organizaciones antimafia pudieran capturar miembros de esa organización ilegal o decomisar alijos de cocaína.

Las autoridades norteamericanas comprobaron que a cambio de sobornos Santoyo le vendió su alma al diablo y la tesis de la Fiscalía es que buena parte de esos recursos de la mafia terminaron en la adquisición de múltiples predios en San José de Pare, que eran controlados por el general en retiro. Por ejemplo, sobre la exportadora Juan Panela trascendió en su momento que Santoyo era socio gestor y que aunque su capital inicial era de $50 millones, ese patrimonio se ha multiplicado por seis.

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La Fiscalía elaboró un informe técnico sobre Mauricio Santoyo, su esposa, sus tres hijos y sus siete hermanos, con el fin de rastrear si su círculo familiar pudo haberse contaminado con dineros del narcotráfico. En ese rastreo se estableció que la cónyuge del general extraditado, Elizabeth Olarte Villamil, fue condenada el 14 de noviembre de 2002 —cuando Santoyo ya era jefe de seguridad del presidente Uribe— por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.

Se estableció que Olarte Villamil se vio involucrada en el llamado escándalo de Ferrovías, que básicamente se trataba de irregularidades en la contratación administrativa para la modernización del transporte férreo del país. Un proyecto que terminó bajo la sombra de la corrupción y que se desarrolló entre 1996 y 1998. Documentos conocidos por El Espectador también muestran la radiografía de la investigación de Estados Unidos y Colombia en contra de Santoyo.

El tribunal de distrito de Virginia en su condena señaló que Santoyo brindó asesoría y asistencia a las Autodefensas, una organización calificada como terrorista por el Departamento de Justicia de ese país. El propio Santoyo, antes de ser requerido en extradición, se presentó y aceptó los cargos para recibir una sentencia de 13 años. Entre otras cosas, reconoció que trasladó a funcionarios corruptos de la Policía para facilitar que miembros de las Auc traficaran droga a sus anchas.

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En el expediente aparece una declaración del narcotraficante extraditado Francisco Javier Zuluaga Lindo, alias Gordolindo, en la que advirtió que se pagó un dinero, exactamente $300 millones, para liberar a un integrante de su organización llamado Polivio Lomai Pantoja, quien había sido capturado por la policía. No obstante, dijo Gordolindo, no tenía certeza si Santoyo había recibido dinero por esta “vuelta”.

Todas estas consideraciones, sumadas al caso de su esposa Olarte Villamil, hicieron que la Fiscalía concluyera que tanto la alianza de Santoyo con las Autodefensas, como la participación de Villamil en el caso de Ferrovías, “les pudieron generar ingreso de abundantes capitales económicos que debieron invertir en la adquisición de bienes de distinta naturaleza, como inmuebles, vehículos, productos financieros”. Ese es el origen de la extinción de dominio a los predios, vehículos y cuentas financieras de Mauricio Santoyo y su familia.

En concreto se tomó posesión de todos los lotes de San José de Pare, muchos de los cuales estaban a nombre de hermanos o hijos de Santoyo. Por ejemplo, los inmuebles La Estrella y Los Mauricios fueron registrados a nombre de Hilda María Velasco; La Estrellita, a nombre de otra hermana, Clema Azucena Santoyo; y en otros predios figuran dos de sus hijos, Sebastián Mauricio y Juan Felipe Mauricio, como propietarios.

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En esencia lo que se busca establecer es si el grupo familiar del exjefe de seguridad de Álvaro Uribe Vélez se prestó para legalizar dineros del narcotráfico. La Fiscalía avanza en la constatación de estos hechos, mientras el general en retiro purga su condena en Estados Unidos. Aun se desconoce si aportó información sobre otros oficiales de la Policía que también les colaboraron a las Autodefensas.

Su caso constituye el más grave antecedente de un alto oficial de la Fuerza Pública en enredos con la justicia de Estados Unidos. De todas maneras, el expediente que terminó involucrando a su sucesor en la Casa de Nariño, el general Flavio Buitrago, no dista mucho del proceso Santoyo. Buitrago fue afectado con medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía por el delito de enriquecimiento ilícito. Uno de los principales lavadores de alias el Papero, Jaime Mor, le contó a la justicia que Buitrago hizo negocios con ellos y que se movieron unas sumas importantes de dinero.

El abogado del general Buitrago, Carlos Arturo Gómez, señaló que probará la inocencia de su cliente y que por ahora lo que hay son unos vacíos en sus registros contables. No obstante, parece claro que hubo negocios de por medio y que no sería raro que, al igual que el en caso Santoyo, Buitrago terminara en un proceso de extinción de dominio. De hecho, en el caso de Buitrago también figura como procesada su esposa Elba Pulido.

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fmorales@elespectador.com

@felipeprensa

 

Por Felipe Morales Mogollón

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