El regreso de las masacres y la respuesta gubernamental
En una semana, 13 jóvenes fueron asesinados en Valle y Nariño. El presidente Duque habla de una reducción en los homicidios en todo el país, pero hay quienes ven en él poca empatía con las tragedias, las muertes violentas y las víctimas del COVID-19, y dicen que todo se queda en discursos.
La masacre de Samaniego (Nariño), ocurrida en la noche del sábado pasado, se suma a la preocupante lista de 32 masacres ocurridas en el país durante 2020, según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Hombres armados abrieron fuego en contra de una reunión de universitarios, dejando como resultado ocho jóvenes muertos y otros más heridos. El hecho cobró más resonancia dado que apenas unos días atrás cinco menores de edad fueron degollados y sus cuerpos abandonados en un cañaduzal en Cali, Valle. Dos acciones en tan pocos días que despertaron los viejos fantasmas de un conflicto que parecía superado, pero que ha resurgido con ferocidad en distintas zonas de la geografía nacional.
La respuesta inicial del Gobierno fue un trino del presidente Iván Duque en el que “condenó” lo sucedido en Samaniego y ordenó que “el comandante del Ejercito y el director de Seguridad Ciudadana de la Policía se desplazaran hasta la zona del crimen para dar con sus autores. Posteriormente se informó que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se desplazó hasta Nariño para presidir un consejo de seguridad extraordinario. Tras la reunión se ofrecieron $200 millones de recompensa por información y se señaló que esta área es campo de enfrentamiento entre grupos irregulares y delincuenciales que quieren hacerse con el narcotráfico de la zona.
La última intervención la hizo el mismo primer mandatario, quien lamentó la situación, y pasó a dar un diagnóstico de lo que está ocurriendo en Nariño y zonas circundantes: “Quiero hablarle al país con claridad. Estos hechos están ocurriendo por el narcotráfico y por grupos que quieren llenar de actividades ilícitas el territorio”. Luego sacó pecho por la reducción del 11 % en los homicidios en lo que va de 2020 y también reveló que van a la baja estadísticas relacionadas con cultivos ilícitos, hurto, secuestro y otro tipo de violencias. Duque señaló que, de seguir así, “estaremos cerrando el año con la menor tasa de homicidios en casi 40 años”. Lo que no dijo fue que esto ocurrió en medio del encierro por la pandemia.
La respuesta dada por el Ejecutivo tuvo distintas respuestas desde el mundo político. Por un lado, desde la bancada de gobierno, la senadora Paloma Valencia rechazó la masacre y secundó lo dicho por el jefe de Estado: “Repudiamos las masacres que están ocurriendo. Se requiere el fortalecimiento de nuestra Fuerza Pública, brigadas de jueces que solucionen los conflictos sociales y acaben con la justicia por la propia mano. Programas que le permitan a la comunidad eliminar cultivos ilícitos”. Por los lados de la oposición, el señalamiento fue directo a la política del presidente en estos temas y le enrostraron que en su administración ha habido una reactivación de las masacres.
Lea también: Estas son las víctimas de la masacre de Samaniego, Nariño
Ante la clara polarización de ambos sectores, El Espectador consultó a expertos de distintos espectros políticos para analizar la respuesta que ha dado el gobierno Duque ante estas últimas masacres y otras ocurridas durante sus dos años de mandato. Las posiciones son variadas y van desde los que señalan al presidente de una apatía frente a las tragedias y una desconexión con el territorio, hasta los que dicen que más que los discursos de solidaridad y condena, lo importante ha sido la reacción inmediata que llevó a desplazar a las cabezas de la Fuerza Pública y el ministro de Defensa hasta la zona.
“No se trata de un fenómeno de casos aislados, son 33 masacres en lo que va ocurrido del año. Es escalofriante. Ello habla de un proceso de rebrote de la violencia y una inacción absoluta del punto de vista ejecutivo y comunicativo”, señaló Mario Morales, experto en comunicación. En su concepto, la falta de pronunciamientos del Gobierno parte de no tener una estrategia clara de reacción. A su vez, Nadia Pérez, profesora de ciencias políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, sigue en esa línea al destacar que no es un problema de comunicación, sino que hay que verlo de forma más estructural: “Al Gobierno parece no importarle, se rechaza por requisito”.
En este punto, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, aseguró que el problema radica en que el Gobierno no se está centrando en las soluciones del caso, sino en hacer un diagnóstico de seguridad. “En general, la política pública del Gobierno debe tener otras prioridades y otra forma de intervención. Debe pasarse de un diagnóstico de lucha contra el narcotráfico a un enfoque de seguridad para el posconflicto”, agregó. Pérez habla de un desconocimiento de las complejidades de cada territorio, al simplificar los actos violentos y catalogarlos como un problema de seguridad y narcotráfico. “Es un acto deliberado del Ejecutivo por desconocer las dinámicas territoriales”.
En este punto, Héctor Riveros cree que “el Gobierno parece quedar tranquilo si encuentra una explicación. Dicen que esto es por el narcotráfico”, pero, asegura, resulta que el presidente no está para dar explicaciones, sino para proteger, es decir, olvida el rol protector del Estado: “¿Y si saben tanto, por qué no hacen nada para evitarlo?”, concluyó Riveros, quien cuestionó la aparente falta de empatía de Duque en estos asuntos: “Tengo una impresión general, y es que en el ejercicio de su presidencia ha develado un rasgo que sorprende, porque da la imagen de buena persona, pero es poco empático con las tragedias, las muertes violentas y las víctimas del COVID-19”.
En otra orilla está Daniel Mejía, profesor de economía de los Andes. Para este, que consideró las últimas masacres como hechos que no deben ser minimizados, ha sido oportuna la respuesta del primer mandatario, pues ordenó a la cúpula de la Fuerza Pública y el mindefensa desplazarse hasta la zona de los hechos. Aun así, recalcó que la verdadera respuesta institucional ante estos hechos va más allá de palabras y discursos, y deben ser hechos contundentes: “De nada sirve un supercomunicador y alguien que vaya hasta allá, si no hay esclarecimiento”, dijo el académico, reiterando la tesis de que todo indica que se trata de un tema de narcotráfico.
Las posiciones son diversas, pero el clima en la opinión pública reclama una mayor vinculación del presidente Duque en estos temas. Las masacres en el último año han ido en aumento y se equiparan a las ocurridas en 2014, según información de la ONU. La respuesta gubernamental pareciera un libreto de trino de condolencia, consejo de seguridad extraordinario y una millonaria recompensa. Pero la violencia sigue creciendo y cobrando vidas, sin importar si hay pandemia o no. Y en muchos territorios, tras la salida de las Farc por la firma de la paz, el Estado no ha sido capaz de llegar con seguridad y, sobre todo, institucionalidad.
La masacre de Samaniego (Nariño), ocurrida en la noche del sábado pasado, se suma a la preocupante lista de 32 masacres ocurridas en el país durante 2020, según la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU. Hombres armados abrieron fuego en contra de una reunión de universitarios, dejando como resultado ocho jóvenes muertos y otros más heridos. El hecho cobró más resonancia dado que apenas unos días atrás cinco menores de edad fueron degollados y sus cuerpos abandonados en un cañaduzal en Cali, Valle. Dos acciones en tan pocos días que despertaron los viejos fantasmas de un conflicto que parecía superado, pero que ha resurgido con ferocidad en distintas zonas de la geografía nacional.
La respuesta inicial del Gobierno fue un trino del presidente Iván Duque en el que “condenó” lo sucedido en Samaniego y ordenó que “el comandante del Ejercito y el director de Seguridad Ciudadana de la Policía se desplazaran hasta la zona del crimen para dar con sus autores. Posteriormente se informó que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, se desplazó hasta Nariño para presidir un consejo de seguridad extraordinario. Tras la reunión se ofrecieron $200 millones de recompensa por información y se señaló que esta área es campo de enfrentamiento entre grupos irregulares y delincuenciales que quieren hacerse con el narcotráfico de la zona.
La última intervención la hizo el mismo primer mandatario, quien lamentó la situación, y pasó a dar un diagnóstico de lo que está ocurriendo en Nariño y zonas circundantes: “Quiero hablarle al país con claridad. Estos hechos están ocurriendo por el narcotráfico y por grupos que quieren llenar de actividades ilícitas el territorio”. Luego sacó pecho por la reducción del 11 % en los homicidios en lo que va de 2020 y también reveló que van a la baja estadísticas relacionadas con cultivos ilícitos, hurto, secuestro y otro tipo de violencias. Duque señaló que, de seguir así, “estaremos cerrando el año con la menor tasa de homicidios en casi 40 años”. Lo que no dijo fue que esto ocurrió en medio del encierro por la pandemia.
La respuesta dada por el Ejecutivo tuvo distintas respuestas desde el mundo político. Por un lado, desde la bancada de gobierno, la senadora Paloma Valencia rechazó la masacre y secundó lo dicho por el jefe de Estado: “Repudiamos las masacres que están ocurriendo. Se requiere el fortalecimiento de nuestra Fuerza Pública, brigadas de jueces que solucionen los conflictos sociales y acaben con la justicia por la propia mano. Programas que le permitan a la comunidad eliminar cultivos ilícitos”. Por los lados de la oposición, el señalamiento fue directo a la política del presidente en estos temas y le enrostraron que en su administración ha habido una reactivación de las masacres.
Lea también: Estas son las víctimas de la masacre de Samaniego, Nariño
Ante la clara polarización de ambos sectores, El Espectador consultó a expertos de distintos espectros políticos para analizar la respuesta que ha dado el gobierno Duque ante estas últimas masacres y otras ocurridas durante sus dos años de mandato. Las posiciones son variadas y van desde los que señalan al presidente de una apatía frente a las tragedias y una desconexión con el territorio, hasta los que dicen que más que los discursos de solidaridad y condena, lo importante ha sido la reacción inmediata que llevó a desplazar a las cabezas de la Fuerza Pública y el ministro de Defensa hasta la zona.
“No se trata de un fenómeno de casos aislados, son 33 masacres en lo que va ocurrido del año. Es escalofriante. Ello habla de un proceso de rebrote de la violencia y una inacción absoluta del punto de vista ejecutivo y comunicativo”, señaló Mario Morales, experto en comunicación. En su concepto, la falta de pronunciamientos del Gobierno parte de no tener una estrategia clara de reacción. A su vez, Nadia Pérez, profesora de ciencias políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana, sigue en esa línea al destacar que no es un problema de comunicación, sino que hay que verlo de forma más estructural: “Al Gobierno parece no importarle, se rechaza por requisito”.
En este punto, el director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), Jorge Restrepo, aseguró que el problema radica en que el Gobierno no se está centrando en las soluciones del caso, sino en hacer un diagnóstico de seguridad. “En general, la política pública del Gobierno debe tener otras prioridades y otra forma de intervención. Debe pasarse de un diagnóstico de lucha contra el narcotráfico a un enfoque de seguridad para el posconflicto”, agregó. Pérez habla de un desconocimiento de las complejidades de cada territorio, al simplificar los actos violentos y catalogarlos como un problema de seguridad y narcotráfico. “Es un acto deliberado del Ejecutivo por desconocer las dinámicas territoriales”.
En este punto, Héctor Riveros cree que “el Gobierno parece quedar tranquilo si encuentra una explicación. Dicen que esto es por el narcotráfico”, pero, asegura, resulta que el presidente no está para dar explicaciones, sino para proteger, es decir, olvida el rol protector del Estado: “¿Y si saben tanto, por qué no hacen nada para evitarlo?”, concluyó Riveros, quien cuestionó la aparente falta de empatía de Duque en estos asuntos: “Tengo una impresión general, y es que en el ejercicio de su presidencia ha develado un rasgo que sorprende, porque da la imagen de buena persona, pero es poco empático con las tragedias, las muertes violentas y las víctimas del COVID-19”.
En otra orilla está Daniel Mejía, profesor de economía de los Andes. Para este, que consideró las últimas masacres como hechos que no deben ser minimizados, ha sido oportuna la respuesta del primer mandatario, pues ordenó a la cúpula de la Fuerza Pública y el mindefensa desplazarse hasta la zona de los hechos. Aun así, recalcó que la verdadera respuesta institucional ante estos hechos va más allá de palabras y discursos, y deben ser hechos contundentes: “De nada sirve un supercomunicador y alguien que vaya hasta allá, si no hay esclarecimiento”, dijo el académico, reiterando la tesis de que todo indica que se trata de un tema de narcotráfico.
Las posiciones son diversas, pero el clima en la opinión pública reclama una mayor vinculación del presidente Duque en estos temas. Las masacres en el último año han ido en aumento y se equiparan a las ocurridas en 2014, según información de la ONU. La respuesta gubernamental pareciera un libreto de trino de condolencia, consejo de seguridad extraordinario y una millonaria recompensa. Pero la violencia sigue creciendo y cobrando vidas, sin importar si hay pandemia o no. Y en muchos territorios, tras la salida de las Farc por la firma de la paz, el Estado no ha sido capaz de llegar con seguridad y, sobre todo, institucionalidad.