Un tema que inevitablemente pasa por las garantías de seguridad de quienes se desmovilicen luego del acuerdo final de paz. Y el tema es álgido, pues los asesinatos de líderes sociales del último tiempo han desatado una fuerte preocupación.
En este escenario, el pasado fin de semana, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Diego Mora, viajó a Cuba para reunirse con las Farc y discutir la manera en que se puede hacer efectiva la seguridad de los guerrilleros en el posconflicto. A la vez, el encuentro sirvió para exponer ante la mesa de negociaciones las medidas de seguridad tomadas por el Estado para proteger a los líderes sociales y defensores de derechos humanos que se han visto amenazados, ya que según Naciones Unidas, en lo corrido del año han sido asesinados 12.
Al respecto, Mora le dijo a El Espectador que el encuentro con la guerrilla fue “positivo”, porque se dieron a conocer las capacidades operativas de la UNP, con miras a asumir la protección de los excombatientes. Sin embargo, el alto funcionario admitió que el temor de repetir el exterminio de la UP existe en la guerrilla y que esto los obliga a tener un alto compromiso con garantizar la vida de quienes dejen las armas, tal y como lo han pedido los jefes insurgentes.
En principio se determinó que será la UNP la que prestará la seguridad de los exguerrilleros con esquemas individuales. “En el Gobierno estamos preparados para dar la protección que sea necesaria a las personas que dejen las armas”, aseguró Mora al regresar al país. Ahora bien, esto no significa que se aumentará el personal adscrito a esta entidad, pero sí que se dispondrá de los recursos y las medidas logísticas necesarias para cumplir con el principal objetivo del proceso de paz: romper el círculo vicioso entre política y armas; pero a la vez garantizar la vida y participación política de quienes se la jueguen por la paz.
Por Redacción Política
