El revolcón del segundo mandato

Es una costumbre en Colombia que cada Jefe de Estado llegue a la Casa de Nariño con dos proyectos: una reforma constitucional y otra administrativa. Juan Manuel Santos no fue la excepción y para su segundo mandato ya puso los dos ases sobre la mesa. Quiere que la reelección sea eliminada y que el período presidencial sea ampliado. Eso sin

que se destapen las cartas constitucionales para sellar la paz. Sin embargo, por ahora, su apuesta más notoria es la anunciada reestructuración de la Presidencia.

Con crédito al exprimer ministro inglés, Tony Blair, a quien resaltó como el líder político que le recomendó impulsar la reforma, el presidente Santos se la jugó por un cuarteto de asesores directos o superministros en vez de un equipo de altos consejeros, con misiones específicas que buscan gestión garantizada, coordinación de metas, avance hacia el posconflicto y comunicación eficaz. Resulta obvio que en cada caso existe una primera y segunda línea de altos funcionarios dispuestos a secundar sus políticas.

No obstante, unas son las buenas intenciones e ideas y otra la realidad, sobre todo en un país como Colombia donde el ejercicio de gobernar semeja una carrera de obstáculos con demasiados avatares políticos, sociales o jurídicos. Por eso, para cada columna de la nueva estructura de gobierno, existen retos particulares que pasan por la urgencia de consolidar mayorías en el Congreso, asegurar una reforma judicial exitosa y, por supuesto, concretar el objetivo de la paz, premisa clave para el mandatario.

El primer cambio fundamental, que sin duda tendrá repercusiones en todos los frentes, es el rol que va a asumir el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Con la salvedad de Gustavo Bell, que ejerció el ministerio de Defensa en el gobierno de Andrés Pastrana, los vicepresidentes desde que se recobró esta figura a partir de la Carta de 1991 venían cumpliendo labores complementarias o asociadas a tareas de Derechos Humanos o respaldo a comunidades minoritarias. Ahora será un funcionario ejecutor.

Por sus condiciones personales y ascendente familiar y político, estaba cantado que Vargas Lleras no iba a quedarse echando discursos. Tendrá a su cargo la gestión de grandes proyectos de infraestructura, incluyendo vivienda, con el respaldo de la exsecretaria general María Lorena Gutiérrez desde la Comisión de Proyectos de Interés General Estratégicos, y una línea de ministros adjuntos, además cercanos políticamente. Ejecución es la palabra, pero los opositores ya hablan de poder de contratación.

Los retos están al orden del día. Capitales de departamento sin agua potable, vías insuficientes o en mal estado para encarar tratados de libre comercio, obras sociales en los cuatro puntos cardinales de Colombia. Una misión en la que tendrá que ser aliado de uno de los escuderos mayores del presidente Santos: su amigo personal y ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Eso explica porque esta misma semana empezaron a sellar acuerdos y asegurar presupuesto para cumplir los planes trazados.

Una tarea que de entrada tendrá del otro lado un ojo avizor: el del expresidente Álvaro Uribe, quien ya ha dado muestras de cómo será su labor como senador de la oposición. Presente en los debates del Congreso, pero también dedicado a una intensa agenda por las regiones. Con personería jurídica abordo, el Centro Democrático ya dejó advertir su preparación para las elecciones municipales y regionales de 2015 y será el propio Uribe la punta de lanza de esta estrategia por el poder.

En orillas distintas, el vicepresidente Vargas Lleras y el exmandatario Uribe tendrán escenarios paralelos en las regiones. El primero mostrando eficacia de Gobierno, el segundo ausencia de Estado. Un pulso con estrado paralelo en el Congreso, donde el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tiene la tarea de asegurar que la bancada de la Unidad Nacional se conserve. Una labor que ya ha dejado ver los primeros desafíos producto de los naturales descontentos en el reparto del poder.

Se habla de fisuras en el partido de La U por la inconformidad de la bandada costeña que reclama los réditos del apoyo a la reelección de Santos; de dificultades en el Partido Liberal por la división entre el Gobierno y el expresidente César Gaviria en la elección de Contralor; o de la línea conservadora de Marta Lucía Ramírez y sus aliados que quieren mantener su distancia crítica. Un panorama nada fácil para encarar cruciales reformas como el revolcón a la justicia, la educación, la salud y el proyecto bandera llamado de reequilibrio de poderes.

Un frente de complejidades no menor, es el que tendrá que afrontar el otro ministro consejero, el general (r) Óscar Naranjo. Coordinar el Consejo de Seguridad Nacional, y al mismo tiempo estructurar las políticas que se requieren para el posconflicto, entre otras labores encomendadas, ya es una misión de alto calibre. Aliado suyo tendrá que ser el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, sobre todo si se tiene en cuenta que el modelo del proceso de paz territorial está pensado para que empiece en el campo.

Esta previsto que sea el hombre clave en la última fase de los diálogos de La Habana, pero también tendrá que afrontar todas las dificultades que surjan de buscar los modelos apropiados de reintegración de desmovilizados. De hecho, ya está sobre la mesa el primer dilema. El presidente Santos al fin se decidió por crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana, y los oficiales de la reserva activa de la policía ya pegaron el grito en el cielo. Tarde o temprano tendrá que vérselas con los activos de las Fuerzas Armadas.

Como una especie de catalizador entre los partidos políticos y los equipos de Gobierno, el tercer pilar del modelo Santos en su segundo mandato, será el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez. Además de exitoso abogado, su condición de exministro de Justicia y del Interior, le da confianza al presidente para dedicarse a su tarea fundamental: el logro de la paz. Entre tanto Martínez apunta a ser el conciliador, el negociador, la voz del primer mandatario para evitar los desencuentros.

El ajedrez del nuevo gobierno Santos está planteado, pero apenas empiezan a moverse las distintas fuerzas políticas. La izquierda, por ahora sin burocracia pese a su apoyo a la reelección; la Alianza Verde aferrada a su decisión de independencia crítica; y los mismos progresistas, con el alcalde Gustavo Petro a la expectativa de saber qué tanto se quiere asomar el vicepresidente Vargas Lleras en los terrenos bogotanos, donde ambos son fuertes, son contradictores, y más temprano que tarde van a encontrarse.

Es una costumbre en Colombia que cada Jefe de Estado llegue a la Casa de Nariño con dos proyectos: una reforma constitucional y otra administrativa. Juan Manuel Santos no fue la excepción y para su segundo mandato ya puso los dos ases sobre la mesa. Quiere que la reelección sea eliminada y que el período presidencial sea ampliado. Eso sin

que se destapen las cartas constitucionales para sellar la paz. Sin embargo, por ahora, su apuesta más notoria es la anunciada reestructuración de la Presidencia.

Con crédito al exprimer ministro inglés, Tony Blair, a quien resaltó como el líder político que le recomendó impulsar la reforma, el presidente Santos se la jugó por un cuarteto de asesores directos o superministros en vez de un equipo de altos consejeros, con misiones específicas que buscan gestión garantizada, coordinación de metas, avance hacia el posconflicto y comunicación eficaz. Resulta obvio que en cada caso existe una primera y segunda línea de altos funcionarios dispuestos a secundar sus políticas.

No obstante, unas son las buenas intenciones e ideas y otra la realidad, sobre todo en un país como Colombia donde el ejercicio de gobernar semeja una carrera de obstáculos con demasiados avatares políticos, sociales o jurídicos. Por eso, para cada columna de la nueva estructura de gobierno, existen retos particulares que pasan por la urgencia de consolidar mayorías en el Congreso, asegurar una reforma judicial exitosa y, por supuesto, concretar el objetivo de la paz, premisa clave para el mandatario.

El primer cambio fundamental, que sin duda tendrá repercusiones en todos los frentes, es el rol que va a asumir el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Con la salvedad de Gustavo Bell, que ejerció el ministerio de Defensa en el gobierno de Andrés Pastrana, los vicepresidentes desde que se recobró esta figura a partir de la Carta de 1991 venían cumpliendo labores complementarias o asociadas a tareas de Derechos Humanos o respaldo a comunidades minoritarias. Ahora será un funcionario ejecutor.

Por sus condiciones personales y ascendente familiar y político, estaba cantado que Vargas Lleras no iba a quedarse echando discursos. Tendrá a su cargo la gestión de grandes proyectos de infraestructura, incluyendo vivienda, con el respaldo de la exsecretaria general María Lorena Gutiérrez desde la Comisión de Proyectos de Interés General Estratégicos, y una línea de ministros adjuntos, además cercanos políticamente. Ejecución es la palabra, pero los opositores ya hablan de poder de contratación.

Los retos están al orden del día. Capitales de departamento sin agua potable, vías insuficientes o en mal estado para encarar tratados de libre comercio, obras sociales en los cuatro puntos cardinales de Colombia. Una misión en la que tendrá que ser aliado de uno de los escuderos mayores del presidente Santos: su amigo personal y ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Eso explica porque esta misma semana empezaron a sellar acuerdos y asegurar presupuesto para cumplir los planes trazados.

Una tarea que de entrada tendrá del otro lado un ojo avizor: el del expresidente Álvaro Uribe, quien ya ha dado muestras de cómo será su labor como senador de la oposición. Presente en los debates del Congreso, pero también dedicado a una intensa agenda por las regiones. Con personería jurídica abordo, el Centro Democrático ya dejó advertir su preparación para las elecciones municipales y regionales de 2015 y será el propio Uribe la punta de lanza de esta estrategia por el poder.

En orillas distintas, el vicepresidente Vargas Lleras y el exmandatario Uribe tendrán escenarios paralelos en las regiones. El primero mostrando eficacia de Gobierno, el segundo ausencia de Estado. Un pulso con estrado paralelo en el Congreso, donde el nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, tiene la tarea de asegurar que la bancada de la Unidad Nacional se conserve. Una labor que ya ha dejado ver los primeros desafíos producto de los naturales descontentos en el reparto del poder.

Se habla de fisuras en el partido de La U por la inconformidad de la bandada costeña que reclama los réditos del apoyo a la reelección de Santos; de dificultades en el Partido Liberal por la división entre el Gobierno y el expresidente César Gaviria en la elección de Contralor; o de la línea conservadora de Marta Lucía Ramírez y sus aliados que quieren mantener su distancia crítica. Un panorama nada fácil para encarar cruciales reformas como el revolcón a la justicia, la educación, la salud y el proyecto bandera llamado de reequilibrio de poderes.

Un frente de complejidades no menor, es el que tendrá que afrontar el otro ministro consejero, el general (r) Óscar Naranjo. Coordinar el Consejo de Seguridad Nacional, y al mismo tiempo estructurar las políticas que se requieren para el posconflicto, entre otras labores encomendadas, ya es una misión de alto calibre. Aliado suyo tendrá que ser el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, sobre todo si se tiene en cuenta que el modelo del proceso de paz territorial está pensado para que empiece en el campo.

Esta previsto que sea el hombre clave en la última fase de los diálogos de La Habana, pero también tendrá que afrontar todas las dificultades que surjan de buscar los modelos apropiados de reintegración de desmovilizados. De hecho, ya está sobre la mesa el primer dilema. El presidente Santos al fin se decidió por crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana, y los oficiales de la reserva activa de la policía ya pegaron el grito en el cielo. Tarde o temprano tendrá que vérselas con los activos de las Fuerzas Armadas.

Como una especie de catalizador entre los partidos políticos y los equipos de Gobierno, el tercer pilar del modelo Santos en su segundo mandato, será el ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez. Además de exitoso abogado, su condición de exministro de Justicia y del Interior, le da confianza al presidente para dedicarse a su tarea fundamental: el logro de la paz. Entre tanto Martínez apunta a ser el conciliador, el negociador, la voz del primer mandatario para evitar los desencuentros.

El ajedrez del nuevo gobierno Santos está planteado, pero apenas empiezan a moverse las distintas fuerzas políticas. La izquierda, por ahora sin burocracia pese a su apoyo a la reelección; la Alianza Verde aferrada a su decisión de independencia crítica; y los mismos progresistas, con el alcalde Gustavo Petro a la expectativa de saber qué tanto se quiere asomar el vicepresidente Vargas Lleras en los terrenos bogotanos, donde ambos son fuertes, son contradictores, y más temprano que tarde van a encontrarse.