El riesgo de levantar la reserva

Tal vez sea un acto de transparencia, puede ser una medida desesperada para acallar las críticas. También, una forma de entregar a cada quien su responsabilidad, o una estrategia para recuperar la imagen. Cualquiera que sea el argumento, la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de levantar la reserva sobre las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de anteriores gobiernos para que “los colombianos conozcan quiénes fueron los responsables” del fallo adverso de la Corte Internacional de La Haya, puede convertirse en el principal argumento jurídico para las pretensiones del país centroamericano sobre territorio colombiano.

Es así como la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un espacio en donde, aunque no se toman decisiones de fondo, el Gobierno, parlamentarios y exmandatarios abordan temas de primera importancia para el país, se escuchan los consejos de los expresidentes y el Ejecutivo explica las medidas que está tomando para enfrentar la problemática que se esté discutiendo.

Palabras más, palabras menos, en las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores reposan los pormenores de la defensa jurídica de Colombia ante La Haya en la disputa territorial que enfrenta con Nicaragua. En esos documentos, así como están planteados los argumentos de defensa, también se exponen los puntos débiles del país en el litigio. Estos planteamientos podrían servir de insumo para que el equipo jurídico de Nicaragua fortalezca sus argumentos ante la Corte Internacional.
Así lo explicó el profesor Vicente Torrijos, experto en relaciones internacionales, quien manifestó que el gobierno Santos “al tratar de politizar el asunto se está poniendo en riesgo la seguridad nacional, porque, independientemente que se autorice la publicación de las actas, saldrían a flote las estrategias de seguridad nacional, que son absolutamente reservadas y sólo le servirían a Nicaragua para fortalecer demandas”.

Para el experto, la situación que se está presentando en el país, en la que no se ha generado una solidaridad de Estado frente al fallo de La Haya y, por el contrario, cada uno de los mandatarios ha salido a defender su participación en el pleito jurídico generando un ambiente hostil, no tiene precedentes. Y manifestó que “ningún gobierno puede evadir la responsabilidad. Menos el del presidente Santos que fue el que recibió la sentencia. La canciller, María Ángela Holguín, tampoco puede asegurar que no pudo cambiar la estrategia si estuvo en más de 30 episodios de defensa”.

Pese a lo inconveniente que puede resultar, para el expresidente Ernesto Samper, el panorama actual, en el que el fallo se ha convertido en un elemento de descalificación política, no queda más alternativa que levantar la reserva de los encuentros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
En una entrevista con Blu Radio Samper afirmó que “creo que es una decisión inevitable. El ideal es que este tema se manejara como una política de Estado, pero se puede abrir un debate público para que se sepa en qué fallamos y se encuentren los responsables”.

Samper reconoce que “no es el mejor camino”, pero afirma que “es inevitable por la actitud asumida por el presidente Uribe y el presidente Pastrana, que siendo las personas que tuvieron el proceso a su cargo, ahora salen a hacer señalamientos que resultan inaceptables. No es bueno porque el país había logrado desarrollar consensos de no politizar esos temas, de no sacarle provecho electoral”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que no se opone al levantamiento de la reserva, pero pidió que se hagan indagaciones sobre cómo se manejó la defensa jurídica de la Nación ante el tribunal de La Haya en su gobierno. Ese planteamiento fue respaldado por uno de sus excancilleres, Fernando Araújo, quien dijo en RCN Radio que “yo no le veo ningún misterio al hecho de que esas actas se den a conocer a la opinión pública porque finalmente se va a encontrar el deseo de todos de acertar”.

Tal como lo planteó el presidente Santos, la decisión está tomada, se levantará la reserva sobre las actas de unos de los encuentros de más alto nivel que se puedan dar en el país, y aunque esta medida puede servirle al Gobierno para disuadir las críticas generadas por la decisión que tomó La Haya, es claro que puede desnudar la estrategia jurídica del país sobre un pleito que aún no termina.
 

Tal vez sea un acto de transparencia, puede ser una medida desesperada para acallar las críticas. También, una forma de entregar a cada quien su responsabilidad, o una estrategia para recuperar la imagen. Cualquiera que sea el argumento, la propuesta del presidente Juan Manuel Santos de levantar la reserva sobre las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de anteriores gobiernos para que “los colombianos conozcan quiénes fueron los responsables” del fallo adverso de la Corte Internacional de La Haya, puede convertirse en el principal argumento jurídico para las pretensiones del país centroamericano sobre territorio colombiano.

Es así como la reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores es un espacio en donde, aunque no se toman decisiones de fondo, el Gobierno, parlamentarios y exmandatarios abordan temas de primera importancia para el país, se escuchan los consejos de los expresidentes y el Ejecutivo explica las medidas que está tomando para enfrentar la problemática que se esté discutiendo.

Palabras más, palabras menos, en las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores reposan los pormenores de la defensa jurídica de Colombia ante La Haya en la disputa territorial que enfrenta con Nicaragua. En esos documentos, así como están planteados los argumentos de defensa, también se exponen los puntos débiles del país en el litigio. Estos planteamientos podrían servir de insumo para que el equipo jurídico de Nicaragua fortalezca sus argumentos ante la Corte Internacional.
Así lo explicó el profesor Vicente Torrijos, experto en relaciones internacionales, quien manifestó que el gobierno Santos “al tratar de politizar el asunto se está poniendo en riesgo la seguridad nacional, porque, independientemente que se autorice la publicación de las actas, saldrían a flote las estrategias de seguridad nacional, que son absolutamente reservadas y sólo le servirían a Nicaragua para fortalecer demandas”.

Para el experto, la situación que se está presentando en el país, en la que no se ha generado una solidaridad de Estado frente al fallo de La Haya y, por el contrario, cada uno de los mandatarios ha salido a defender su participación en el pleito jurídico generando un ambiente hostil, no tiene precedentes. Y manifestó que “ningún gobierno puede evadir la responsabilidad. Menos el del presidente Santos que fue el que recibió la sentencia. La canciller, María Ángela Holguín, tampoco puede asegurar que no pudo cambiar la estrategia si estuvo en más de 30 episodios de defensa”.

Pese a lo inconveniente que puede resultar, para el expresidente Ernesto Samper, el panorama actual, en el que el fallo se ha convertido en un elemento de descalificación política, no queda más alternativa que levantar la reserva de los encuentros de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores.
En una entrevista con Blu Radio Samper afirmó que “creo que es una decisión inevitable. El ideal es que este tema se manejara como una política de Estado, pero se puede abrir un debate público para que se sepa en qué fallamos y se encuentren los responsables”.

Samper reconoce que “no es el mejor camino”, pero afirma que “es inevitable por la actitud asumida por el presidente Uribe y el presidente Pastrana, que siendo las personas que tuvieron el proceso a su cargo, ahora salen a hacer señalamientos que resultan inaceptables. No es bueno porque el país había logrado desarrollar consensos de no politizar esos temas, de no sacarle provecho electoral”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez manifestó que no se opone al levantamiento de la reserva, pero pidió que se hagan indagaciones sobre cómo se manejó la defensa jurídica de la Nación ante el tribunal de La Haya en su gobierno. Ese planteamiento fue respaldado por uno de sus excancilleres, Fernando Araújo, quien dijo en RCN Radio que “yo no le veo ningún misterio al hecho de que esas actas se den a conocer a la opinión pública porque finalmente se va a encontrar el deseo de todos de acertar”.

Tal como lo planteó el presidente Santos, la decisión está tomada, se levantará la reserva sobre las actas de unos de los encuentros de más alto nivel que se puedan dar en el país, y aunque esta medida puede servirle al Gobierno para disuadir las críticas generadas por la decisión que tomó La Haya, es claro que puede desnudar la estrategia jurídica del país sobre un pleito que aún no termina.