Este martes se dio a conocer un comunicado interno del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que ha hecho reaccionar a algunos congresistas de la oposición. En el texto dirigido a los jefes y directores se informa que la entidad le “otorga permiso, durante la mañana del jueves 8 de febrero de 2024, a los servidores públicos y aprendices de la entidad, que deseen participar voluntariamente en la jornada de protesta convocada por organizaciones sindicales”.
Lo anterior, según se lee en el comunicado firmado por la secretaria general Katerine Grimaldos, en “el marco del respeto al derecho a ‘reunirse y manifestarse públicamente, tanto en una dimensión estática (reunión) como dinámica (movilización), de forma individual como colectiva, y sin discriminación alguna’”, consignado en la Constitución.
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Aunque esta circular no dista mucho de las que ya ha emitido antes el Sena para facilitarle a los miembros de los 14 sindicatos y los aprendices su participación en espacios de movilización social, el comunicado hizo reaccionar a congresistas del Centro Democrático. “Vivimos una preocupante desnaturalización del rol de las entidades estatales. Desde el Sena promueven la movilización con la que el gobierno pretende presionar a la Corte Suprema de Justicia. El “cambio”: el Estado al servicio del ego y los intereses del líder supremo…”, anotó el representante del Centro Democrático Andrés Forero en su cuenta de X.
Por su parte, Juan Espinal, también congresista uribista, expresó que en el Congreso se debe dar el debate sobre si los funcionarios públicos que marchen, deberían solicitar permiso no remunerado. Y es que, en efecto, lo que busca el Sena es que no haya repercusiones para los trabajadores que quieran participar en las marchas que ha convocado el gobierno para esta semana.
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La convocatoria la hizo Fecode, el sindicato de maestros que está bajo la lupa de las autoridades los $500 millones que donó a Colombia Humana y que no habrían sido reportados a las cuentas de la campaña presidencial de Gustavo Petro. Las manifestaciones que, entre otros asuntos, buscan presionar a la Corte Suprema para que elija a la nueva fiscal que reemplazará a Francisco Barbosa, contarán con la participación de congresistas, activistas y organizaciones sociales que apoyan las acciones y políticas del líder del país.
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