El sonado proceso para la elección de Alexánder Vega

Ayer en la noche, luego de cumplir con la última fase del proceso, el de las entrevistas, concluyó la elección del nuevo registrador nacional y se comprobaron las predicciones de muchos: Alexánder Vega Rocha fue quien obtuvo la mayor puntuación: 738.423, por encima de nueve aspiraciones. “El proceso de selección fue objetivo, transparente y sin ninguna injerencia. Calificamos cada prueba por separado y el computador hizo la operación matemática del mejor puntaje”, explicó la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez, una de las encargadas de tomar la decisión, junto a las cabezas de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

A finales de julio pasado había comenzado el sonado proceso por méritos para elegir el reemplazo de Juan Carlos Galindo, quien deberá dejar la Registraduría a principios de diciembre de este año. Mucho antes de comenzar el concurso ya había polémica por la modificación que le hicieron los presidentes de las altas cortes, responsables de la elección, a los términos y requisitos para quienes aspiran convertirse en el rector y árbitro de las elecciones nacionales y regionales en el país, además de las tareas de registro civil de los colombianos.

En un principio, el derrotero por la Registraduría contó con 54 aspirantes, luego se redujo a 31, hasta quedar en tan solo 10, entre los que se contaron a tres exmagistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE): Vega, Joaquín José Vives y Yolima Carrillo. Sin embargo, hubo otro nombre de un exmiembro del tribunal electoral que generó suspicacias por supuestamente aprovechar su puesto como trampolín para llegar al cargo. Se trató de Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), y el otro más opcionado al principio del concurso.

Por eso, el camino de Vega se despejó el pasado 9 de agosto, cuando Camargo decidió declinar su aspiración. El anuncio se dio luego de una asamblea general que celebró Fededepartamentos en Paipa, a la que asistieron los 32 gobernadores. En ella discutieron -entre otros temas- los señalamientos que por esos días le caían a Camargo: acusaciones por supuestos manejos irregulares en contratos y en el uso de la tarjeta de crédito corporativa, algunas de las cuales sacó a la luz la Fundación Paz y Reconciliación y Catherine Juvinao, líder de la iniciativa #TrabajenVagos. Ante los cuestionamientos, los mandatarios aprobaron un parágrafo que permitiría removerlo anticipadamente del cargo, previa evaluación insatisfactoria de su gestión.

Ante el torbellino de dudas, Camargo expresó que, en vez de la pretensión de llegar a la Registraduría, decidía continuar con su trabajo en la agremiación. “He decidido declinar cualquier aspiración a otro cargo para continuar cumpliendo con los desafíos que tenemos en la Federación”, dijo.

Con Camargo por fuera de la contienda, Vega llevó la delantera: sacó en el examen de conocimiento 44 puntos, el máximo puntaje, pese a que, por ejemplo, en la entrevista quedó de segundo, con 285 puntos. Pero como el director de Fededepartamentos, el electo registrador no está exento de señalamientos. En efecto, a Vega se le cuestionó de mover fichas a través de la fundación Transparencia Electoral, donde fungió como director para Colombia hasta el pasado 20 de julio, con el fin de posicionarse como la primera opción que precedería a Galindo.

Las críticas a su aspiración se centraron principalmente en el supuesto impedimento que tendría la presidenta de la Corte Constitucional y una de las encargadas de la elección, Gloria Ortiz, por viajar a una “Misión electoral a Estados Unidos 2018”, invitación extendida y costeada por Transparencia Electoral. La misma magistrada calificó el proceso de limpio y consensuado al finalizar el anuncio de la elección de Vega. “Estamos muy contentos con el resultado, nos da confianza en la institucionalidad. Las reglas de juego fueron claras, calificamos con base en el conocimiento y también en la capacidad de gerenciar. La entrevista representó el saber directo de la experticia, habilidades y aptitudes que debe desempeñar un empleado público”, comentó Ortiz.

Igualmente, el eco de sus detractores también se escuchó cuando recordaron que durante las investigaciones por el escándalo de corrupción de Odebrecht, se encontró una relación de llamadas de Vega con Otto Bula y Bernardo Miguel Ñoño Elías, cuando estos fueron involucrados penalmente al caso. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García, sostuvo que en ningún momento el electo registrador manifestó alguna inhabilidad o impedimento para ser el reemplazo de Galindo, así como los dignatarios no conocieron alguna posibilidad de que se presentara alguno para ser nombrado.

Alexánder Vega Rocha, el nuevo registrador nacional, tiene 40 años y es abogado de la Universidad Libre, con especialización en alta gerencia del Estado de la ESAP y magíster en políticas públicas de seguridad y defensa de la Universidad Camilo José Cela. Ha sido docente de derecho jurídico y electoral en las universidades Libre y Sergio Arboleda, y de otras materias en universidades de México, Perú y Chile. Fue también magistrado del Consejo Nacional Electoral entre 2014 y 2018, y abogado litigante y consultor en oficinas jurídicas e incluso en la Secretaría de Gobierno de Bogotá.

Ayer en la noche, luego de cumplir con la última fase del proceso, el de las entrevistas, concluyó la elección del nuevo registrador nacional y se comprobaron las predicciones de muchos: Alexánder Vega Rocha fue quien obtuvo la mayor puntuación: 738.423, por encima de nueve aspiraciones. “El proceso de selección fue objetivo, transparente y sin ninguna injerencia. Calificamos cada prueba por separado y el computador hizo la operación matemática del mejor puntaje”, explicó la presidenta del Consejo de Estado, Lucy Jeanette Bermúdez, una de las encargadas de tomar la decisión, junto a las cabezas de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.

A finales de julio pasado había comenzado el sonado proceso por méritos para elegir el reemplazo de Juan Carlos Galindo, quien deberá dejar la Registraduría a principios de diciembre de este año. Mucho antes de comenzar el concurso ya había polémica por la modificación que le hicieron los presidentes de las altas cortes, responsables de la elección, a los términos y requisitos para quienes aspiran convertirse en el rector y árbitro de las elecciones nacionales y regionales en el país, además de las tareas de registro civil de los colombianos.

En un principio, el derrotero por la Registraduría contó con 54 aspirantes, luego se redujo a 31, hasta quedar en tan solo 10, entre los que se contaron a tres exmagistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE): Vega, Joaquín José Vives y Yolima Carrillo. Sin embargo, hubo otro nombre de un exmiembro del tribunal electoral que generó suspicacias por supuestamente aprovechar su puesto como trampolín para llegar al cargo. Se trató de Carlos Camargo, director de la Federación Nacional de Departamentos (FND), y el otro más opcionado al principio del concurso.

Por eso, el camino de Vega se despejó el pasado 9 de agosto, cuando Camargo decidió declinar su aspiración. El anuncio se dio luego de una asamblea general que celebró Fededepartamentos en Paipa, a la que asistieron los 32 gobernadores. En ella discutieron -entre otros temas- los señalamientos que por esos días le caían a Camargo: acusaciones por supuestos manejos irregulares en contratos y en el uso de la tarjeta de crédito corporativa, algunas de las cuales sacó a la luz la Fundación Paz y Reconciliación y Catherine Juvinao, líder de la iniciativa #TrabajenVagos. Ante los cuestionamientos, los mandatarios aprobaron un parágrafo que permitiría removerlo anticipadamente del cargo, previa evaluación insatisfactoria de su gestión.

Ante el torbellino de dudas, Camargo expresó que, en vez de la pretensión de llegar a la Registraduría, decidía continuar con su trabajo en la agremiación. “He decidido declinar cualquier aspiración a otro cargo para continuar cumpliendo con los desafíos que tenemos en la Federación”, dijo.

Con Camargo por fuera de la contienda, Vega llevó la delantera: sacó en el examen de conocimiento 44 puntos, el máximo puntaje, pese a que, por ejemplo, en la entrevista quedó de segundo, con 285 puntos. Pero como el director de Fededepartamentos, el electo registrador no está exento de señalamientos. En efecto, a Vega se le cuestionó de mover fichas a través de la fundación Transparencia Electoral, donde fungió como director para Colombia hasta el pasado 20 de julio, con el fin de posicionarse como la primera opción que precedería a Galindo.

Las críticas a su aspiración se centraron principalmente en el supuesto impedimento que tendría la presidenta de la Corte Constitucional y una de las encargadas de la elección, Gloria Ortiz, por viajar a una “Misión electoral a Estados Unidos 2018”, invitación extendida y costeada por Transparencia Electoral. La misma magistrada calificó el proceso de limpio y consensuado al finalizar el anuncio de la elección de Vega. “Estamos muy contentos con el resultado, nos da confianza en la institucionalidad. Las reglas de juego fueron claras, calificamos con base en el conocimiento y también en la capacidad de gerenciar. La entrevista representó el saber directo de la experticia, habilidades y aptitudes que debe desempeñar un empleado público”, comentó Ortiz.

Igualmente, el eco de sus detractores también se escuchó cuando recordaron que durante las investigaciones por el escándalo de corrupción de Odebrecht, se encontró una relación de llamadas de Vega con Otto Bula y Bernardo Miguel Ñoño Elías, cuando estos fueron involucrados penalmente al caso. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Álvaro García, sostuvo que en ningún momento el electo registrador manifestó alguna inhabilidad o impedimento para ser el reemplazo de Galindo, así como los dignatarios no conocieron alguna posibilidad de que se presentara alguno para ser nombrado.

Alexánder Vega Rocha, el nuevo registrador nacional, tiene 40 años y es abogado de la Universidad Libre, con especialización en alta gerencia del Estado de la ESAP y magíster en políticas públicas de seguridad y defensa de la Universidad Camilo José Cela. Ha sido docente de derecho jurídico y electoral en las universidades Libre y Sergio Arboleda, y de otras materias en universidades de México, Perú y Chile. Fue también magistrado del Consejo Nacional Electoral entre 2014 y 2018, y abogado litigante y consultor en oficinas jurídicas e incluso en la Secretaría de Gobierno de Bogotá.