El tiempo de la gente

Han pasado más de 10 años desde la última vez que el Consejo Nacional de Paz sesionó. Lo convocó el entonces presidente Álvaro Uribe en julio de 2004, porque el Consejo de Estado lo obligó mediante una acción de cumplimiento. Sin embargo, el instrumento nunca pudo ejercer sus labores, pues todo no pasó de ser un requisito formal. Hoy, a una semana de que el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba, cumpla dos años, el presidente Juan Manuel Santos dará cumplimiento a una promesa que ha repetido desde su primer mandato: su reactivación.

En febrero de 1998, cuando el presidente Ernesto Samper terminaba su mandato y el país miraba con ilusión la idea de instalar una mesa de diálogos con la insurgencia, fue creado el Consejo Nacional de Paz. Se hizo mediante la ley 434, que le asignó facultades para que sirviera como mecanismo de participación ciudadana en los procesos de paz. Se le otorgó asiento a 17 sectores —encabezado por el presidente de la República— y se incluyó a la academia, los sindicatos, los movimientos sociales, partidos políticos y representantes de los gobiernos locales, entre otros.

En marzo de este año, en el fragor de la contienda electoral, el presidente Santos anunció que “el proceso de paz estaba lo suficientemente maduro”, que había llegado el momento de involucrar a la ciudadanía en el intento por detener la guerra y que no existía un instrumento mejor para ello que el Consejo Nacional de Paz. Un mes después, y recién conocido el acuerdo entre las Farc y el Gobierno en materia de solución al problema de las drogas, se hizo el evento esperado.

En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, el jefe de Estado, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el jefe negociador del Ejecutivo en Cuba, Humberto de la Calle, citaron a personalidades de diversos sectores para relanzar el Consejo. Aquella mañana, Santos dijo que el país estaba ante una “oportunidad cierta” de conseguir la paz y que era necesario que la ciudadanía saliera a defenderla.

También explicó el mandatario que este instrumento tiene dos necesidades urgentes: adecuarse a la realidad de hoy, rediseñarse para enfrentar el proceso de La Habana e incluir a la incrédula sociedad civil. “Queremos sintonizar a todos los sectores y todas las regiones con este proceso y prepararnos para la fase de implementación de los acuerdos y la construcción de la verdadera paz. A partir de hoy esperamos activar unas discusiones sobre el papel que debe cumplir el Consejo Nacional de Paz. Los hemos convocado para definir entre todos el futuro de esta instancia y su rol en el marco de este proceso”, refirió el presidente.

El tiempo pasó y las organizaciones sociales, las iniciativas ciudadanas de paz y algunos congresistas de las comisiones de paz insistieron en que se cumpliera la promesa. Se creó un comité de impulso al Consejo Nacional de Paz, que trabajó sobre tres aspectos para preparar el camino de la instalación formal. “Nuestro énfasis es transitar de una política de paz de gobierno a una de Estado. Que se traduzca en voluntad nacional de paz, mucho más allá del ‘santismo’. Eso tiene implicaciones de inclusión y participación. Que se tengan en cuenta nuevos sectores que no están contemplados en la ley”, señaló Luis Sandoval, de Redepaz y quien ha sido designado por las iniciativas ciudadanas de paz para que los represente.

“Buscamos que los acuerdos que se logren con las Farc y los que se han conseguido con las organizaciones sociales vayan construyendo el contenido de la paz, que tiene que estar representado en el Plan Nacional de Desarrollo y se le asignen recursos. Porque vemos que hay recursos para la guerra y no para la paz”, agregó Sandoval. Precisamente esta semana las comisiones de paz del Congreso citaron a delegados del Gobierno a un debate de control político sobre los recursos para el posconflicto y concluyeron que esta etapa costaría más de $90 billones.

Pero el Gobierno no es ajeno a esto y durante toda la semana de receso en la mesa de diálogos de La Habana ha adelantado una intensa agenda de cabildeo internacional para sumar apoyo político y económico a las negociaciones. En el 40 aniversario de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Santos llamó la atención sobre la responsabilidad que estas tendrán a la hora de financiar la consolidación de la paz y, en una conversación con el presidente de EE.UU., Barack Obama, consiguió que el país del norte anunciara su respaldo, incluso financiero, en la aplicación de los acuerdos a los que se llegue con las Farc.

Mientras tanto, Humberto de la Calle consiguió el apoyo del Congreso de España y del gobierno español en general. Y Sergio Jaramillo ha estado por todo el país haciendo pedagogía de la paz. De esta manera, hoy, desde las 9:30 de la mañana en la Casa de Nariño, cerca de 120 invitados —los 60 representantes de sectores que tienen asiento y otros invitados especiales— darán inicio a una nueva etapa del Consejo Nacional de Paz. Un instrumento que será dirigido por la ciudadanía y que tendrá como primer reto rediseñarse para dar respuesta a las necesidades de los recientes aconteceres de la paz en Colombia.

Han pasado más de 10 años desde la última vez que el Consejo Nacional de Paz sesionó. Lo convocó el entonces presidente Álvaro Uribe en julio de 2004, porque el Consejo de Estado lo obligó mediante una acción de cumplimiento. Sin embargo, el instrumento nunca pudo ejercer sus labores, pues todo no pasó de ser un requisito formal. Hoy, a una semana de que el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc en La Habana, Cuba, cumpla dos años, el presidente Juan Manuel Santos dará cumplimiento a una promesa que ha repetido desde su primer mandato: su reactivación.

En febrero de 1998, cuando el presidente Ernesto Samper terminaba su mandato y el país miraba con ilusión la idea de instalar una mesa de diálogos con la insurgencia, fue creado el Consejo Nacional de Paz. Se hizo mediante la ley 434, que le asignó facultades para que sirviera como mecanismo de participación ciudadana en los procesos de paz. Se le otorgó asiento a 17 sectores —encabezado por el presidente de la República— y se incluyó a la academia, los sindicatos, los movimientos sociales, partidos políticos y representantes de los gobiernos locales, entre otros.

En marzo de este año, en el fragor de la contienda electoral, el presidente Santos anunció que “el proceso de paz estaba lo suficientemente maduro”, que había llegado el momento de involucrar a la ciudadanía en el intento por detener la guerra y que no existía un instrumento mejor para ello que el Consejo Nacional de Paz. Un mes después, y recién conocido el acuerdo entre las Farc y el Gobierno en materia de solución al problema de las drogas, se hizo el evento esperado.

En el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación de Bogotá, el jefe de Estado, el alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el jefe negociador del Ejecutivo en Cuba, Humberto de la Calle, citaron a personalidades de diversos sectores para relanzar el Consejo. Aquella mañana, Santos dijo que el país estaba ante una “oportunidad cierta” de conseguir la paz y que era necesario que la ciudadanía saliera a defenderla.

También explicó el mandatario que este instrumento tiene dos necesidades urgentes: adecuarse a la realidad de hoy, rediseñarse para enfrentar el proceso de La Habana e incluir a la incrédula sociedad civil. “Queremos sintonizar a todos los sectores y todas las regiones con este proceso y prepararnos para la fase de implementación de los acuerdos y la construcción de la verdadera paz. A partir de hoy esperamos activar unas discusiones sobre el papel que debe cumplir el Consejo Nacional de Paz. Los hemos convocado para definir entre todos el futuro de esta instancia y su rol en el marco de este proceso”, refirió el presidente.

El tiempo pasó y las organizaciones sociales, las iniciativas ciudadanas de paz y algunos congresistas de las comisiones de paz insistieron en que se cumpliera la promesa. Se creó un comité de impulso al Consejo Nacional de Paz, que trabajó sobre tres aspectos para preparar el camino de la instalación formal. “Nuestro énfasis es transitar de una política de paz de gobierno a una de Estado. Que se traduzca en voluntad nacional de paz, mucho más allá del ‘santismo’. Eso tiene implicaciones de inclusión y participación. Que se tengan en cuenta nuevos sectores que no están contemplados en la ley”, señaló Luis Sandoval, de Redepaz y quien ha sido designado por las iniciativas ciudadanas de paz para que los represente.

“Buscamos que los acuerdos que se logren con las Farc y los que se han conseguido con las organizaciones sociales vayan construyendo el contenido de la paz, que tiene que estar representado en el Plan Nacional de Desarrollo y se le asignen recursos. Porque vemos que hay recursos para la guerra y no para la paz”, agregó Sandoval. Precisamente esta semana las comisiones de paz del Congreso citaron a delegados del Gobierno a un debate de control político sobre los recursos para el posconflicto y concluyeron que esta etapa costaría más de $90 billones.

Pero el Gobierno no es ajeno a esto y durante toda la semana de receso en la mesa de diálogos de La Habana ha adelantado una intensa agenda de cabildeo internacional para sumar apoyo político y económico a las negociaciones. En el 40 aniversario de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, Santos llamó la atención sobre la responsabilidad que estas tendrán a la hora de financiar la consolidación de la paz y, en una conversación con el presidente de EE.UU., Barack Obama, consiguió que el país del norte anunciara su respaldo, incluso financiero, en la aplicación de los acuerdos a los que se llegue con las Farc.

Mientras tanto, Humberto de la Calle consiguió el apoyo del Congreso de España y del gobierno español en general. Y Sergio Jaramillo ha estado por todo el país haciendo pedagogía de la paz. De esta manera, hoy, desde las 9:30 de la mañana en la Casa de Nariño, cerca de 120 invitados —los 60 representantes de sectores que tienen asiento y otros invitados especiales— darán inicio a una nueva etapa del Consejo Nacional de Paz. Un instrumento que será dirigido por la ciudadanía y que tendrá como primer reto rediseñarse para dar respuesta a las necesidades de los recientes aconteceres de la paz en Colombia.