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En el mundo no hay una fórmula general que permita hacer el cálculo del número de congresistas o parlamentarios con relación a la población de cada nación con un sistema de democracia representativa. En el Reino Unido son 1.426 corporados para 66 millones de ingleses; en EE. UU., 535 para 328 millones de norteamericanos; en México, 628 para 127 millones de habitantes; en Italia, el año pasado, se aprobó un referendo para reducir cada una de las cámaras del Legislativo en más de un tercio. La Cámara Baja pasó de 630 curules a 400 y el Senado de 315 a 200. El argumento de los promotores de esta reforma reposó en la necesidad de buscar estrategias para que el Estado genere un ahorro, pero también apelan a que un Congreso más pequeño ayuda a la eficiencia y a mejorar el debate político.
Aunque en Colombia desde hace años se habla de hacer lo mismo, lo ocurrido en la bota itálica les da más aire a los nuevos proyectos que se presentaron en días pasados. La propuesta italiana y la de Colombia comparten los mismos argumentos. Ahorro, eficiencia y transparencia. En ese orden el uribismo ha promocionado sus iniciativas de mermar las 280 curules actuales. Y no es un solo proyecto, son dos. Uno de Ernesto Macías y otro de Paloma Valencia.
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El del primero se plantea un Congreso de 179 curules, 68 en el Senado más dos circunscripciones especiales para comunidades indígenas y 109 en Cámara, donde cada departamento y Bogotá D. C. tendrían derecho a una base de dos escaños y uno adicional por cada millón de habitantes en el respectivo territorio. Igualmente, de ahí se cuentan las curules para la población afro (2), raizal (1), indígena (1) y colombianos en el exterior (2). Con este proyecto, la reducción es aproximadamente del 36 %.
La propuesta de la senadora caucana es más rotunda: una disminución del 52 %. El Congreso estaría compuesto por solo 135 curules. El Senado tendría asiento para 66 personas, incluidos los dos parlamentarios elegidos por poblaciones indígenas y afrodescendientes. En Cámara se elegirían únicamente a 69 representantes: dos por cada departamento y Bogotá D. C. (66), más tres escaños que corresponderían a indígenas, afros y colombianos en el exterior.
En el articulado de ambas iniciativas no se mencionan las curules transitorias otorgadas a Comunes (partido de las ex-Farc) tras la firma del Acuerdo de Paz, ni las del Estatuto de la Oposición a la segunda votación a Presidencia, ni mucho menos considera las próximas 16 curules que se le agregarán a la Cámara para las víctimas del conflicto armado, consagradas, también, en el texto de La Habana, que tiene carácter constitucional. Que no aparezcan en las propuestas del uribismo, según analistas, ratifica la posición de no reconocer las negociaciones con la exguerrilla y a los grupos minoritarios, de oposición y alternativos.
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“Este es un nuevo intento por acabar con las curules reconocidas por el Acuerdo de Paz, que tienen respaldo y aval por la Corte Constitucional. Que no mencionen, por ejemplo, las circunscripciones de la paz, dan cuenta de la profunda fractura social de nuestro país. Es una muestra de imposibilidad de reconocer la importancia de las víctimas y de todos los actores sociales necesarios en espacios de decisión”, opinó la abogada constitucionalista María Carolina Cárdenas. La profesora de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz Yi manifiesta que la no presencia de estas circunscripciones, especialmente la de las víctimas, en el articulado son una pérdida para la democracia. “Los beneficios de que estas lleguen al Congreso son que las regiones más afectadas por el conflicto y las que más tienen urgencia de ayuda estatal tendrán representación directa, de personas que padecen los atrasos y la ausencia de instituciones”, agregó Muñoz Yi.
Para Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), que no aparezcan estas curules en la propuesta se puede tratar de un error que se puede subsanar en el debate, puesto que sí se hace alusión de estos en la exposición de motivos de los proyectos. Pero más allá de si se trata o no de una omisión, en la practicidad considera que las iniciativas se presentaron muertas. “Fueron radicadas sin tener en cuenta la realidad legislativa y los tiempos de trámite que exige una reforma constitucional”, comentó, recordando que en el último año legislativo la productividad del Congreso baja notablemente y, además, este último año trae la novedad de una reforma tributaria necesaria para el saneamiento de las finanzas públicas y el recaudo para extender las ayudas sociales.
“Esto genera en la ciudadanía una expectativa que no es cumplible de un proyecto que es atractivo”, dijo Barrios. Tanto ella como Felipe Botero, de Congreso Visible, legitiman el debate político que puede dar el Congreso sobre lo que plantea el uribismo, pero el enfoque, insisten, no debe ser en cuanto al ahorro, sino a la representatividad. “Sería interesante que se diera la discusión sobre cuál es un tamaño adecuado para un país como Colombia, pero en términos de calidad de democracia, con el fin de que el Legislativo cumpla su principal función, la de representar los intereses de las personas”, señaló Botero. Y agregó la directora de la MOE: “La democracia no se basa en necesidades económicas”.
Por eso, bajo los ojos de los consultados, estas propuestas son presentadas en el ambiente electoral, cuando hay una ciudadanía que critica cada vez más a los congresistas, a quienes los ven como funcionarios que solo generan gastos y promueven leyes a su favor personal. “No veo que haya una intención seria de hacer la reflexión sobre la democracia, sino que parece una forma de mostrarse cercanos a la gente y sus intereses”, apuntó Botero. Lo complementa Barrios: “Proponer en estos momentos una reducción del Congreso es hacer, de cierto modo, campaña política”.
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Más allá de la conveniencia, hay que advertir los efectos. Y estos, especialmente para los movimientos alternativos, minoritarios y de oposición, son preocupantes. Además de no mencionar las curules del Estatuto de la Oposición en el articulado y determinar una reducción de los escaños de las poblaciones históricamente discriminadas en cada corporación, en la Cámara las circunscripciones con más asientos, como Antioquia y Bogotá, perderían representación y los partidos que verían recortada su participación son precisamente los alternativos minoritarios y de oposición.
A la vez, a cada representante de las circunscripciones mencionadas, que son las más grandes, se le cargarían más personas por representar. Es decir, como está actualmente el Congreso, un corporado de Bogotá debe representar a 435.232 personas. Con el proyecto de Macías, esa cifra aumenta a 870.463 y con el de Valencia a 3’917.084. “Si hoy en día tenemos inconvenientes de representación, con estas iniciativas estaríamos multiplicando el problema. Los congresistas no darían abasto”, atinó a decir Felipe Botero. Eso sí, en el caso del Senado, sorpresivamente, ningún partido perdería su personería jurídica, pero sí asientos.
Una de las discusiones que Alejandra Barrios considera imprescindible en la conversación sobre el tamaño del Congreso es cómo remediar la subrepresentación de territorios que tienen gran riqueza natural y pocos dolientes que se den la pelea por su protección y conservación, más que todo en el Senado, donde no hay legisladores del Guainía, Amazonas o Guaviare. A todas luces, para los analistas consultados, las implicaciones de reducir el Congreso bajo un argumento económico no resuelve nada, ni lo convierte en una institución más eficiente, es más, para Botero un Legislativo más pequeño le da más posibilidad al Ejecutivo de control y maniobra. “Quitar curules, en realidad, implica una regresión en las conquistas de participación política, que son deudas sociales y presupuestos mínimos para la reconstrucción de nuestro país”, concluyó María Carolina Cárdenas.
