Según la Constitución, la elección de contralor debe hacerse en el primer mes de funciones del Congreso, esto implica que antes del 20 de agosto el Legislativo en pleno debe reunirse para escoger al sucesor de Felipe Córdoba. No obstante, faltan 17 días para la fecha límite y ni siquiera hay una lista final. Este lunes, los nuevos presidentes del Congreso, Roy Barreras (Senado) y David Racero (Cámara), convocaron a una rueda de prensa en la que anunciaron que el listado de aspirantes -que contenía nueve candidatos ante la renuncia de uno y que venía del anterior Congreso- no tenía validez, por lo que debía rehacerse. Supuestamente, se habrían incurrido en algunos vicios en su elaboración. Sin embargo, varios sectores señalaron que sería un intento del petrismo por poner a alguien afín.
La elección del contralor es un tema que, normalmente, resulta polémico. Los típicos señalamientos de que el gobierno entrante quiere poner una ficha suya y el debate sobre un Congreso que elige al que les pondrá la lupa a sus aliados políticos. Así ha ocurrido en los últimos cuatrienios. Sin embargo, en esta ocasión, la situación enfrenta mayores controversias. No es solo la llegada de Gustavo Petro al poder la que ha agitado el tablero político. El tema también pasa por varios factores que incluyen: es la primera vez que entra a funcionar completamente el nuevo mecanismo de elección del contralor, establecido en 2018; los nuevos poderes que adquirió la Contraloría en su reforma, que llevan a que tenga más dientes; y a los escándalos por presunta corrupción de los OCAD-Paz, en los que varios funcionarios del ente de control han sido salpicados por la falta de control previo a los contratos señalados y supuestas omisiones en su labor.
Los peros comenzaron desde el comienzo del proceso de elección, el 17 de enero de este año, cuando el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, emitió la resolución para convocar a los posibles candidatos a participar en el concurso para ser el nuevo contralor general. La ley que rige esta elección, proclamada en julio de 2018, establece que este llamado puede hacerse hasta dos meses antes del 20 de julio del año en que se posesiona nuevo presidente, pero esta vez, y de forma poco acostumbrada, el Congreso madrugó. La premura con la que se hizo esta convocatoria y los demás procesos para definir la lista final de 10 elegibles fue interpretada como un intento de dejar amarrada la Contraloría a un candidato ajeno al presidente entrante, que desde entonces el más sonado era Gustavo Petro.
Bajo este panorama, la primera lista fue criticada ya que tenía nombres como el exdirector del DNP Luis Alberto Rodríguez, Andrés Castro Franco, Juan Carlos Gualdrón, Aníbal José Quiroz, entre otros. El listado fue rechazado debido a que algunos de ellos -Rodríguez- no cumplían con los requisitos de edad y se había privilegiado el tema político frente al desempeño en las pruebas de conocimientos y hojas de vida. Varios eran identificados como fichas del presidente Iván Duque y del actual contralor para seguir teniendo poder en el ente de control durante la posible administración de Gustavo Petro. El rechazo fue mayor cuando se destapó el presunto escándalo de los OCAD-Paz y varios de los finalistas fueron mencionados en supuestos actos de corrupción. La entonces oposición pidió un cambio en el listado, o que se dejara dicha tarea para el próximo Congreso, pero se hizo caso omiso y se mantuvo.
Distintas acciones judiciales le pusieron freno al primer listado ante posibles irregularidades en su elección. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Tribunal Superior de Medellín encontraron inconsistencias en cuanto a que no se tuvo en cuenta la paridad de género en la confección del listado final y no primó el resultado de las pruebas de conocimientos. El 14 de julio se ordenó al Legislativo realizar nuevamente la selección de los finalistas para suceder a Córdoba. Era la oportunidad para que el nuevo Congreso, en su mayoría partidario al presidente electo, tuviese candidatos afines y pusiera un coto a la influencia en el listado de Iván Duque y del actual contralor. El problema pasó por la determinación del expresidente del Senado, Juan Diego Gómez, de subsanar las irregularidades antes de la entrada del nuevo Congreso.
Senadores como Gustavo Bolívar interpretaron el gesto como un nuevo intento por poner un contralor contrario a Petro. Sin embargo, la explicación de la premura estaría en que una de las determinaciones judiciales solo habría dado dos días de plazo para subsanar los errores. En teoría, el nuevo listado cumplía con los criterios de paridad -cinco hombres y cinco mujeres- y tenía en cuenta la puntuación de las pruebas. No obstante, se mantuvieron los reparos ante algunos nombres controvertidos, sobre todo ante su cercanía con el contralor saliente. De acuerdo con el senador Ariel Ávila, Córdoba estaría buscando tener un afín en el ente de control para pavimentar su nominación a la Fiscalía. La más opcionada de este listado era María Fernanda Rangel, cuestionada por su cercanía con Córdoba -es su subalterna- y debido a que un hermano está vinculado a escándalos de corrupción.
Rangel ya venía acumulando apoyos desde los sectores tradicionales e incluso en el Pacto Histórico. Sin embargo, su candidatura quedó en veremos con la determinación de Roy Barreras y David Racero de frenar la elección de contralor. Estos revocaron el listado de 10 finalistas y convocaron a una nueva comisión accidental para definir nuevos aspirantes bajo el argumento de que la lista final no se hizo bajo los principios de transparencia, igualdad y equidad de género, por lo que estaría viciada. A pesar de las explicaciones, la medida fue tomada como un intento por incluir en la lista de 10 finalistas a un candidato directo del petrismo. Como señalaron varios consultados, la ficha de la nueva bancada de gobierno sería Julio César Cárdenas, que no fue incluido en la segunda lista de finalistas -puesto que quedó de séptimo en las pruebas de conocimientos- y ya recibió el voto de Gustavo Petro para la Contraloría en 2018.
La determinación de los presidentes del Congreso no fue bien recibida por múltiples sectores, varios incluso renunciaron a su nominación a la comisión accidental. “Hay una intención de violar la ley, lo quieren hacer para meter a Cárdenas y tener un contralor de bolsillo. Este no es el cambio que se votó”, expresó la representante Jennifer Pedraza, que fue una de las que renunció a la comisión. El senador Juan Felipe Lemos, incluido en la célula accidental y quien también renunció, fue más allá y señaló que su equipo legal le indicó que “podríamos estar prevaricando” en la nueva comisión debido a que en el segundo listado se había subsanado las irregularidades ahora invocadas por Barreras y Racero. Tal como Pedraza y Lemos, varios de los designados en la comisión accidental para la elección del contralor renunciaron y señalaron posibles irregularidades, entre las que se incluye que no se nombró en la nueva comisión accidental a ningún representante de las curules de paz.
Desde el Pacto Histórico han intentado defender la movida de los líderes de sus bancadas en Senado y Cámara. El representante Heráclito Landínez, miembro de la comisión accidental, aseguró en diálogo con este diario que se está buscando subsanar las omisiones de la anterior comisión: “En todo ese proceso no se hizo la entrevista. Se está buscando subsanar este olvido que implica que no se realizó bajo principios de publicidad”. El representante también dijo que los estaban “prejuzgando” en la supuesta intención de poner a Cárdenas, y que solo se sabrá los nuevos miembros del listado cuando se reúna los nuevos miembros de la comisión accidental. Estos argumentos no han servido para disipar las dudas y la oleada de renuncias a la comisión que designará a los nuevos candidatos para contralor. El 20 de agosto se acerca y a hoy no hay aspirantes en firme para suceder a Felipe Córdoba.
