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Este jueves, se reunirá la sala administrativa del Consejo Nacional Electoral (CNE) para elegir al nuevo presidente o presidenta del tribunal. La elección de la mesa directiva, que es el sexto punto en la agenda de la autoridad electoral, en medio de la discusión sobre la ponencia que pide investigar la campaña de Gustavo Petro en 2022 por presuntas irregularidades en su financiación.
La presidencia, en estos momentos, está en cabeza de Maritza Martínez, del Partido de La U. Aunque por normatividad se debe hacer la votación, se espera que la dignidad, durante el próximo año, recaiga en manos de César Lorduy, quien fue postulado como magistrado por Cambio Radical, partido que lo avaló en su carrera como representante a la Cámara.
Como se dijo, el principal tema que atañe en estos momentos al CNE es la ponencia que pide investigar y formular cargos al presidente Gustavo Petro y a Ricardo Roa (presidente de Ecopetrol) por la financiación de la campaña presidencial de 2022. El mandatario ha hecho una férrea oposición al procedimiento, asegurando que el CNE está violando el fuero presidencial. La ponencia es de los magistrados Hernán Prada (Centro Democrático) y Benjamín Ortiz (Liberal).
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Sin embargo, y como lo aclaró el Consejo de Estado, no es el caso, toda vez que el tribunal está actuando como una entidad administrativa y no como penal, tarea que, en el caso del presidente, le compete a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.
Pero, además, este miércoles, la Corte Constitucional falló a favor de Altus Baquero para que se reintegre al tribunal. Con la decisión, este pedirá en rotación el expediente del caso Petro, como ya le había confirmado a El Espectador en días pasados.
Con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, la Corte Constitucional revocó lo decidido por el Consejo de Estado a la hora de anular la elección de Baquero como magistrado del CNE, al considerar que “la Sección Quinta del Consejo de Estado acogió la postura más restrictiva y que menos garantiza el pleno ejercicio del derecho de acceso a cargos públicos, para contabilizar el tiempo de experiencia profesional para ser magistrado del CNE”.
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Para la Corte Constitucional, la decisión del Consejo de Estado “vulneró el derecho a acceder a cargos y funciones públicas al decretar la suspensión provisional de la elección y privó al accionante de ejercer un cargo para el cual podría cumplir los requisitos, de acuerdo con la forma de contabilizar la experiencia por parte del Consejo de Estado”.
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