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Quedan menos de cuatro meses para que el país vuelva a las urnas, esta vez para elegir a gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y ediles. La cita es el próximo 29 de octubre y, aunque oficialmente no ha iniciado la campaña, algunos candidatos ya invierten en publicidad en redes sociales y preparan alianzas con diferentes sectores políticos.
En medio de este panorama, cabe resaltar que el CNE ya definió la cifra máxima que podrán invertir los aspirantes en sus campañas. Según la resolución oficial del organismo, todo dependerá del censo electoral de cada municipio o departamento.
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Para el caso de los candidatos a gobernaciones, el límite para los departamentos con más de cuatro millones de ciudadanos inscritos en el censo será de $5.414 millones. En los departamentos con censo electoral entre tres millones y cuatro millones de ciudadanos, la suma será de $5.268 millones.
En los departamentos más pequeños, con menos de 200.000 habitantes en el censo electoral, los candidatos a gobernaciones no podrán gastar más de $1.392 millones. Estas cifras aplican para los candidatos avalados por partidos con personería jurídica, por grupos significativos de ciudadanos o por coaliciones.
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Los candidatos a alcaldías municipales o distritales de ciudades con más de cinco millones de ciudadanos habilitados para votar, como es el caso de Bogotá, podrán gastar hasta $5.257 millones. Si el censo de la ciudad está entre uno y cinco millones, el tope de gastos baja a $2.630 millones.
La cifra sigue bajando de acuerdo al censo y para el último grupo, con menos de 25.000 habitantes, el CNE fija un límite de $144 millones. Según la entidad, cada partido o movimiento político podrá invertir en la campaña de sus candidatos hasta un 20 % del monto máximo de gastos autorizado a invertir, que será adicional a los valores anteriores.
La campaña inicia el 29 de julio, cuando termina la inscripción de candidatos y se autoriza la propaganda electoral en espacios públicos, al mismo tiempo que se publica el censo electoral. El 2 de agosto los registradores y alcaldes de cada municipio deberán definir los lugares de votación y los candidatos podrán pagar publicidad política en medios de comunicación.
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