Andrés Idárraga Franco, secretario de Transparencia de la Presidencia, salió en defensa del informe sobre inhabilidades que él mismo presentó este martes, 17 de octubre, y que no solo levantó roncha en la oposición sino en el mismo Gobierno. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y otros congresistas cercanos al Gobierno como Iván Cepeda desmarcaron el documento y criticaron que se estuviera haciendo en un momento electoral.
“Yo invito a que sobre eso haya transparencia. Aquí hay algo que no está bien y hay que decir por qué se está haciendo en un momento electoral”, dijo el senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, quien además le pidió explicaciones al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Este le dio la razón y aseguró que “si hay algo en lo que la democracia debe ser muy cuidadosa es en la definición de las reglas de juego electoral”.
El ministro continuó y dijo que la declaración de Idárraga no fue pertinente ni prudente, debido a que, si bien es cierto que los colombianos pueden opinar sobre si un candidato está inhabilitado o no, los altos funcionarios del Ejecutivo deben seguir un conducto regular; en este caso una investigación del CNE.
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La tensión es por el informe que elevó el Gobierno ante el Consejo Nacional Electoral y la Procuraduría, en el que denuncia a 553 candidatos a alcaldías y concejos municipales que podrían estar inhabilitados para las elecciones, tras haber celebrado contratos públicos en los entes territoriales donde buscan ser elegidos. Es la misma falta electoral que terminó inhabilitando a Tulio Gómez, candidato a la gobernación del Valle y máximo accionista del América de Cali por haber suscrito un contrato entre la Alcaldía de Cali y el Estadio Pascual Guerrero.
Idárraga se defendió y aseguró que “las denuncias de corrupción y la lucha por la transparencia siempre serán un debate inaplazable”. Aseguró que ya remitió las denuncias a los entes de control encargados de la investigación y que, desde su despacho como secretario de Transparencia, debe velar por la transparencia electoral. “No es admisible que algunos candidatos reciban recursos públicos por vía de la contratación estatal, en el tiempo que la norma de garantías electorales lo prohíbe”.
Para defenderse de las críticas del propio Gobierno, Idárraga afirmó que el informe que presentaron ante las autoridades electorales tiene como finalidad que el mismo CNE investigue si alguno de ellos cometió alguna falta que pueda incurrir en una causal de inhabilidad. “La causal es objetiva, lo realmente importante es que, la autoridad competente constate el contenido del informe y tome decisiones que garanticen igualdad entre los candidatos y transparencia en el uso de los recursos públicos y de los procesos electorales”, concluyó el secretario de Transparencia.
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Congresistas como Angélica Lozano (Alianza Verde) y Mauricio Gómez Amín (Partido Liberal) fueron más allá y calificaron el informe oficial como una “persecución”. Según ellos, “usurpó la Presidencia las facultades de la Fiscalía, la Procuraduría y el CNE”, dijo la senadora “verde”.
Por su parte, el secretario afirmó que en la discusión se prestaron interpretaciones erróneas sobre el rol que tiene la Secretaría de Transparencia y reiteró, en su cuenta de X, que se trata de una advertencia para que las autoridades competentes investiguen los casos.
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