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La Registraduría Nacional se alista para adjudicar este miércoles un millonario contrato —por $2,1 billones— para organizar los próximos comicios legislativos y presidenciales. La licitación, sin embargo, solo recibió una propuesta: la de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, integrada por Thomas Greg & Sons.
El proceso busca contratar una “solución integral logística, informática y de servicios” para las elecciones juveniles de 2025 y las parlamentarias y presidenciales de 2026. Aunque nueve interesados manifestaron su intención inicial de participar, solo uno presentó oferta formal.
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Entre quienes decidieron no concursar está Cadena S.A., que ha participado en procesos anteriores, y que en una carta enviada el 21 de abril señaló que su retiro respondía a un “acto de coherencia” frente a la inclusión reiterada de condiciones “que impiden la competencia abierta y plural”.
“Nuestra decisión no se basa en una falta de conocimiento o capacidad técnica, ya que en numerosas ocasiones hemos respondido requerimientos similares, e incluso, hemos participado en procesos puntuales como subcontratistas y contratistas”, se lee en la misiva de la empresa.
A esta crítica se sumaron las observaciones presentadas por otras empresas como Toppan Security Colombia, Servientrega S.A. y la misma unión temporal de la que hace parte Thomas Greg & Sons. Estas fueron respondidas por la Registraduría el pasado 10 de junio, manteniendo en general los requisitos exigidos en el pliego inicial y defendiendo la integralidad del contrato como la opción más eficiente y menos riesgosa desde el punto de vista logístico y presupuestal.
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Por ejemplo, frente a la solicitud de Toppan de ampliar la distancia permitida entre bodegas logísticas hasta 10 kilómetros, la entidad ajustó la condición para permitir que el alistamiento se haga en Bogotá o municipios circunvecinos, pero mantuvo el límite de un kilómetro entre una bodega y otra.
También ratificó que no se admitirán experiencias como subcontratista ni contratos en ejecución como válidos para acreditar experiencia técnica.
Servientrega, por su parte, pidió que se separaran por lotes los servicios contratados, para permitir la participación de más oferentes. La Registraduría rechazó esa opción, argumentando que el modelo de contratación integral mitiga los riesgos de coordinación y permite eficiencias presupuestales.
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Desde el Gobierno nacional han cuestionado el rol de la Registraduría para garantizar las próximas elecciones. El pasado 2 de julio, en plena etapa de evaluación de ofertas, el presidente Gustavo Petro dijo: “¿Qué garantía podemos tener en las próximas elecciones, si el exregistrador, registrador, y el Consejo Electoral han actuado contra nuestros derechos?”.
Además, este martes, el mandatario se fue lanza en ristre contra la Procuraduría en el marco del lío de contratación de pasaportes. Aseguró que el Ministerio Público “impidió la investigación de libre competencia sobre Thomas and Greg [sic], que viejas amistades políticas no dejen cumplir los deberes públicos de los funcionarios”.
De momento, todo apunta a que, pese que las quejas del presidente sobre Thomas y los oferentes únicos, la unión temporal de la que hace parte la empresa será la adjudicataria del contrato.
Lea las respuestas de la Registraduría a las observaciones:
Lea la carta de Cadena:
Lea las observaciones de Toppan:
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