Menos de 24 horas después de que la licitación para las elecciones de 2026 fuera adjudicada a la unión temporal de que la que hace parte Thomas Greg & Sons, empresa a la que el gobierno de Gustavo Petro quiere sacar de la contratación estatal, las cabezas de la Registraduría y el Ministerio del Interior se refirieron a los comicios.
Específicamente, al software de escrutinio por el que se volvieron a elevar las tensiones entre el órgano electoral y la cartera. Desde el Ejecutivo se maneja el planteamiento de que el aparato encargado de los comicios debería ser por completo estatal y no manejado por una firma extranjera, como lo es Thomas.
Por eso es que tanto el presidente Gustavo Petro como el ministro del Interior, Armando Benedetti, han traído a colación un fallo del Consejo de Estado. En él, hay una orden directa a la Registraduría en esa vía, tras el fraude que llevó a que el MIRA perdiera tres curules en las elecciones de 2014.
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“Hay un fallo del Consejo de Estado donde dice que el software para el escrutinio debe ser estatal, que las auditorías deben ser independientes, que la trazabilidad debe tener seguridad y transparencia, sobre todo en la consolidación de los datos, sobre todo cuando el usuario entra al registro para verificarlos. Además de eso, de igual forma, la transmisión de los datos y que los partidos tengan acceso constantemente a la información que se está dando. Eso es lo que dice el Consejo de Estado, eso no ha pasado ni está ahora, el registrador [Hernán Penagos] dijo que va a solucionar el problema", apuntó el ministro.
Lo cierto es que, desde 2021, ese software es propiedad del Estado colombiano tras su compra a la firma Indra y los únicos con poder para operarlo son los magistrados del Consejo Nacional Electoral. En 2022, en el que además se puso por primera vez a prueba, todos los partidos políticos pudieron acreditar a sus auditores para usar la plataforma.
“Se hizo la compra del software a raíz de un fallo del Consejo de Estado, pero uno de los compromisos de este alto tribunal fue permitir auditarlo por parte de todas las agrupaciones políticas. Lo más importante de la auditoría del software es que todos los partidos políticos tendrán asiento en la sala de auditoría y que este es propiedad de la Organización Electoral. Todo esto, dentro del Plan de Garantías Electorales para estos comicios”, dijo el entonces registrador Alexander Vega, quien es hoy codirector del Partido de la U.
¿Para qué sirve el software del escrutinio?
La importancia de este software, en todo caso, no es menor, pues de él es que viene la certificación de los votos para cada bancada y para las fórmulas a la Presidencia. Es decir, con él cualquier partido puede demostrar, por ejemplo, que los votos que recibieron fueron mayores a los que quedaron en el preconteo y poder reclamar ante las instancias electorales.
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Lo que sí hay que dejar claro, como lo dijo el mismo presidente del CNE, el magistrado Álvaro Hernán Prada, es que “ese software no escruta, quienes lo hacen son los jueces de la República, los delegados y magistrados del CNE".
“En las elecciones pasadas el software fue administrado por el CNE tanto para las elecciones del Congreso y presidenciales (...). Se va a permitir el acceso al código fuente de ese software. Lo que queremos es absoluta tranquilidad de toda la ciudadanía y ese es nuestro deber y así lo vamos a hacer”, aseguró el registrador Penagos en esta ocasión.
La cabeza del órgano electoral agregó, eso sí, que se hará un proceso de contratación de auditorías externas para el proceso, para que haya garantía de transparencia. Incluso, habrá un sistema de ciberseguridad para respaldar su funcionamiento.
¿Qué otros softwares se usan en las elecciones?
Existen varios programas que son de uso obligatorio para las elecciones y que han sido manejados por diversas entidades. Uno de ellos es Cuentas claras, un aplicativo del CNE en el que los candidatos a cualquier cargo de elección popular, grupos significativos de ciudadanos, movimientos y partidos políticos suben los gastos de sus campañas.
Con este, por ejemplo, se puede hacer el registro de cuánto fue usado por cada partido o candidato para hacer su campaña y, con base en eso, verificar si en algún punto se violó el tope. Este es de uso obligatorio y debe tener cualquier tipo de aporte, ya sea en especie, efectivo o a través de una transacción.
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Hay otros que ya se refieren, en específico, al proceso electoral. Por ejemplo, hay uno para para el sorteo y designación de jurados de votación.
Y para 2022, la Registraduría implementó el uso de softwares para los escrutinios oficiales. Uno, el que fue comprado a Indra y sirvió para el nivel nacional; otro para el escrutinio territorial (es decir, es municipios y departamentos), y uno más para los resultados provisionales. Para estos últimos se contrató a la empresa UT Disproel, liderada por Thomas Greg & Sons.
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