A menos de un año de las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, el proyecto de ley que establece nuevas reglas para la elaboración, publicación y divulgación de encuestas políticas quedó listo para sanción presidencial.
El texto, que aterrizó en el Senado a finales del año pasado fue conciliado el pasado 20 de junio, último día de la legislatura, y llegó este miércoles a la oficina del saliente presidente de la Cámara de Representantes Jaime Raúl Salamanca, quien anunció que firmará el texto este jueves.
Entre los principales cambios está la restricción en el tiempo para publicar encuestas con intención de voto: solo podrán hacerse a partir de los tres meses anteriores al inicio del periodo de inscripciones de candidaturas, y una vez cierre ese plazo, deberán incluir a todos los candidatos inscritos.
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Solo podrán divulgar encuestas las firmas registradas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), que además conformará una Comisión Técnica de Vigilancia con profesionales en estadística encargados de auditar y monitorear las metodologías utilizadas.
La ley exige que las firmas encuestadoras entreguen al CNE insumos como cuestionarios diligenciados, grabaciones, y ficheros de datos, así como el código computacional con el que se seleccionaron las muestras. Toda esa información debe conservarse durante al menos dos años y estar disponible para auditoría. Este nuevo nivel de exigencia técnica obligará a las empresas del sector a implementar mecanismos robustos de protección y trazabilidad.
También se impone la obligación de publicar encuestas completas —con ficha técnica detallada, microdatos y márgenes de error individuales— y se prohíbe difundir sondeos que simulen intención de voto. En caso de errores sustanciales, los medios deberán rectificar en máximo tres días una vez haya pronunciamiento del CNE.
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Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) dijo que la entidad ya ha empezado “a hacer una revisión de cuáles pueden ser los impactos de este proyecto”. “No se puede restringir la información de las encuestadoras porque eso se llama acceso a la información”, dijo desde la comisión de Seguimiento Electoral, que se lleva a cabo este jueves en el Hotel Tequendama.
El texto tiene su génesis en el proyecto de reforma al Código Electoral que la Corte Constitucional tumbó por vicios de procedimiento en su trámite. Con el respaldo de más de 20 congresistas de diversas colectividades, como el Centro Democrático, el Partido Liberal, la Alianza Verde, Cambio Radical y el Partido Conservador, el articulado retoma bastantes elementos de la propuesta previa que no prosperó.
“Feliz ocasión de compartir una buena noticia: está por sancionarse la nueva ley sobre regulación de encuestas. Viene pedagogía e implementación en el CNE”, celebró la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), una de las autoras de la iniciativa.
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Según explicó la congresista, la norma fue construida desde el multipartidismo y cada paso de su trámite fue liderado por el representante Juan Sebastián Gómez (Nuevo Liberalismo), la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático), la senadora Clara López (Pacto Histórico) y ella misma, con apoyo técnico de sus UTL y de los expertos Hanwen Hang e Iván Mendivelso.
“Las encuestas afectan la opinión. Entonces, se trata de que sean técnica e imparcialmente elaboradas. El objetivo es que cumplan los estándares técnicos estipulados de manera estadística, para que sus resultados sean confiables”, le explicó López a El Espectador en diciembre del año pasado.
Lea aquí el texto completo sobre las nuevas reglas de juego para las encuestas:
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