Hay un hecho que les ha costado a los partidos la anulación de varias elecciones de sus congresistas, gobernadores y alcaldes en el país, y por el cual ya están tomando medidas para que en los comicios de 2026 puedan evitarlo. Se trata de la doble militancia, una prohibición electoral que aunque a simple vista parece fácil de evitarse, les ha cerrado el camino a varios políticos y puesto al mismo Estado a realizar un alto número de elecciones atípicas en medio de un complejo panorama financiero.
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Y aunque en cada período es normal que una que otra elección se caiga debido a inhabilidades, hechos de corrupción, o incluso por renuncias, la doble militancia ha exacerbado las cifras de los comicios que deben repetirse.
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De acuerdo con la base de datos de la Registraduría, a la que accedió El Espectador, en lo corrido de 2025 son once las elecciones de alcaldías que se han repetido o están agendadas, por lo que se cree que este año cerrará por encima de la mayor cifra registrada en la última década que fue de 15 comicios celebrados nuevamente hace diez años.
Esto a su vez se suma a la cascada de pérdidas de personerías jurídicas de partidos por fallos del Consejo de Estado; de 37 colectividades se pasó a 31 en un poco más de dos años.
El país está bajo una temporada “atípica”, y el mismo registrador nacional, Hernán Penagos, ha asegurado que es la primera vez que se tienen en la agenda tantas citas electorales en un mismo período, lo que ha tenido a la entidad preparando jornadas, imprimiendo tarjetones y desplegando mesas y puestos de votación con mayor frecuencia de la usual. Solo para este año se prevén 30 elecciones que costarían alrededor de $40.000 millones.
De estas ya se celebraron seis entre febrero y abril: en todo Putumayo, Puerto Guzmán (Putumayo), Pamplonita (Norte de Santander), El Rosario (Nariño), Chiriguaná (Cesar) y Apartadó (Antioquia). Y otras seis están programadas para mayo: La Jagua del Pilar (La Guajira), Oiba (Santander), Coyaima (Tolima), La Victoria, Nuevo Colón y Duitama (Boyacá). Siete de estas citas democráticas están vinculadas con doble militancia de entonces candidatos.
Y si bien aún no hay fecha, también deben repetirse las de la Gobernación de San Andrés luego de que el Consejo de Estado anulara la elección de Nicolás Gallardo Vásquez por apoyar a candidatos a la Asamblea diferentes a los abanderados por el Partido Liberal; y las de la Alcaldía de Inza (Cauca) por el apoyo que le dio Gelmis Chate a un candidato no perteneciente al Mais.
Desde las organizaciones electorales sostienen que todavía son varios los frentes que están abiertos en el Consejo de Estado y en tribunales regionales, por lo que se esperan más nulidades de elecciones por el mismo hecho. En estudio está, por ejemplo, la elección de Jaime Andrés Beltrán como alcalde de Bucaramanga, que fue anulada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander por apoyar candidatos diferentes a los inscritos por la coalición ‘Juntos por Bucaramanga’.
Por la misma prohibición, en primera instancia, fue anulada la elección de Juan David Piedrahíta como alcalde de Cartago (Valle) y quienes también están en medio de la zozobra, aunque por otras inhabilidades, son el concejal de Bogotá Juan Daniel Oviedo y el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.
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En todo caso, nuevas denuncias con videos o fotografías de entonces candidatos apoyando a aspirantes de otras colectividades o con presuntas irregularidades como la trashumancia electoral pueden llegar a los despachos y eso lo tiene claro la Registraduría, que se prepara para atender los casos y la posible consulta popular que el Gobierno busca realizar para sacar adelante algunos puntos de la reforma laboral y medir apoyos de cara al 2026.
Ahora bien, si entre 2023 y 2024 las diez elecciones que se repitieron respondieron en su mayoría a los desmanes, hechos violentos y quema del material electoral en el día de las elecciones, para este año parece que el tema preponderante será la doble militancia.
El magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE) Altus Baquero, quien se encuentra desarrollando una tesis sobre este fenómeno, lo confirma: “la razón fundamental radica en la ejecutoria de las sentencias del Consejo de Estado que han venido declarando la nulidad electoral de múltiples elecciones, especialmente por la causal de doble militancia”. Y con él está de acuerdo el exmagistrado de esta misma corporación Pedro Gutiérrez, quien menciona posibles vacíos en la Ley 1475 de 2011 que regula esta prohibición, de la que se ha venido extendiendo su alcance desde 2018.
La cosa no es tan fácil, pues cualquiera podría pensar que si un partido le entrega un aval a un candidato, este sabe por obviedad que no le dará su apoyo a sus contrincantes o a cartas de otras agrupaciones. Pero mucho estaría relacionado con las coaliciones que se han formado, con cada vez más recurrencia, para alcanzar más votos en las urnas.
De hecho, el presidente Gustavo Petro es uno de los políticos que más ha puesto en duda las determinaciones del Consejo de Estado de anular elecciones. Así fue con las curules que se le cayeron en el Congreso por doble militancia (Roy Barreas, Alexander López, César Pachón), sosteniendo que no tiene sentido tumbar elecciones por manifestaciones de apoyo a candidatos pertenecientes a agrupaciones de alguna de las coaliciones formadas.
El exmagistrado Gutiérrez lo explica: “Si la coalición es únicamente para Cámara no se puede apoyar candidatos al Senado de esas colectividades. Lo mismo aplica para alcaldías, asambleas y concejos”.
El problema es que ha habido diferentes interpretaciones a la ley y que la línea de la doble militancia es muy fácil de cruzarse. Por lo mismo, el presidente Petro insiste en que el Pacto Histórico debe ser un partido único y no una coalición voluble a este tipo de inhabilidades.
Y por ello también desde el Congreso buscan flexibilizar la ley con el proyecto de transfuguismo electoral con el que los políticos podrían renunciar a su colectividad hasta con un mes de anticipación de las inscripciones sin incurrir en doble militancia. El pasado martes se aprobó en su quinto debate y le quedan solo tres para ser reforma constitucional y ser aplicada para las elecciones de 2026.
El Pacto tiene especial interés en este proyecto, pero también lo tienen el centro y la centro derecha, donde varios militantes examinan movimientos de colectividades por los fuertes choques que se han gestado al interior de los partidos en un momento en el que todos buscan figurar y no quedarse atrás en un debate que parece haberse polarizado más.
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Y es que la ambigüedad es tal que algunas de estas nulidades han pasado primero por el CNE, que no ha encontrado en principio argumentos suficientes para tumbar las candidaturas. Lo contrario han visto el Consejo de Estado o tribunales regionales.
Mientras estos temas se resuelven, la Registraduría avanza en las presidenciales y legislativas de 2026, que según Penagos costarían $2.6 billones sin contar una eventual segunda vuelta presidencial.
Por lo pronto, y de acuerdo con el anteproyecto del Presupuesto para el próximo año que publicó el Ministerio de Hacienda, la entidad electoral contaría con $2.3 billones, una cifra que parece no preocuparle de momento al registrador, pero que en otros sectores sí consideran una alarma por la reducción en 28 % de los recursos, que para este 2025 son de $3.2 billones.
El Gobierno busca apalear la crisis fiscal que tiene el país y por ello planteó reducciones importantes para el próximo año. Sin embargo, las nuevas elecciones que puedan ir surgiendo en el camino, sea por la falta de pedagogía sobre las coaliciones o los vacíos en la ley electoral, pueden hacerle un hueco todavía mayor.
En medio de este panorama, los sectores políticos e incluso las mismas entidades que organizan los comicios intentan abrirle camino a las reformas en el sistema electoral, pero hasta la fecha ya van varios intentos que se han quedado sin piso.
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Por Laura C. Peralta Giraldo
