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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Trabajar por el mejoramiento de la calidad de vida de la población nacional, reestructurar profundamente el sistema de salud, empleo en condiciones dignas, seguridad alimentaria, impulso del desarrollo agroindustrial, protección del medio ambiente, universalizar el acceso a educación publica de calidad, protección de los recursos públicos y legislar contra el maltrato animal.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.
No tengo ni he tenido investigación penal o disciplinaria.
¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?
Los candidatos de la lista al senado de SOSColombia nos estamos financiando nuestra campaña con recursos propios. Somos completamente independientes de cualquier grupo o cacique político tradicional, no tenemos maquinaria, lo cual le garantiza al votante nuestra transparencia y además que nuestro único compromiso es con el pueblo Colombiano y por cumplir nuestras promesas de campaña.
De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
La reestructuración integral del sistema de salud con un cambio de política enfocada a la prevención, con erradicación de la intermediación mercantilista, fortalecimiento de las redes públicas y dignificación de las condiciones laborales del talento humano en salud.
A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?
La falta de condiciones de vida dignas para la población, desempleo, hambre, inseguridad, falta de acceso a educación publica de calidad, mala prestación de servicios públicos y de salud, en resumen, ausencia del Estado en muchas zonas del país, lo que perpetúa el circulo de pobreza, creando un caldo de cultivo para la violencia y el narcotráfico. Se necesita un profundo aumento en la inversión social para conseguir mejorar el nivel de vida de los ciudadanos.
¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?
El Acuerdo de Paz hay que implementarlo, el Estado dejó abandonado los territorios que anteriormente eran controlados por las Farc y al no haber inversión social en esas zonas, otros grupos al margen de la ley sí hicieron presencia y es por eso que hoy día la situación de violencia se ha recrudecido en gran parte de nuestra geografía y, como usualmente sucede, es la población vulnerable la que sufre las consecuencias.
¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?
Claro que sí. Está demostrado históricamente que, luego de más de 50 años de guerra, la única manera de conseguir la paz es a través de un diálogo serio y estructurado que llegue a la desmovilización, con la garantía de una justicia transicional, reparación, cumplimiento de los acuerdos y no repetición.
¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?
La guerra contra las drogas está perdida, nuestros países ponen los muertos, la devastación forestal, la corrupción y degradación de sus instituciones. Se debe buscar la estrategia de la regulación estatal del cannabis, tratar al adicto como un paciente y no como un objeto de persecución, al sembrador como un ciudadano que necesita inversión social y no un delincuente, se debe propiciar un diálogo mundial entre países productores y grandes consumidores para comenzar el inicio del tránsito a la regulación.
¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?
Respetamos las diferentes jurisprudencias de la Corte, pero pensamos que el problema es en muchas ocasiones las barreras que tienen que atravesar los pacientes sujetos de estos derechos para lograr que se les respete su decisión. Es preciso recordar que el aborto no es 100% inocuo, que puede tener complicaciones y secuelas físicas y psicológicas, y que en este punto en especial hace falta prevención y educación en salud sexual y reproductiva.
Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?
Se necesita una ley que garantice de manera integral los derechos de la población LGBT y parejas del mismo sexo, una ley sobre identidad de género, con acceso a servicios de salud con manejo especializado, la coordinación de las entidades gubernamentales y de justicia para prevenir, penalizar y no revictimizar cuando se violen los derechos de un integrante de esta población, educación y en general una política estatal integrada para la custodia de los derechos fundamentales de este grupo poblacional.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?
Sí, en la medida de sus ingresos deberían pagar impuestos. El país está atravesando una profunda crisis y es necesaria una política fiscal equitativa y justa que evite la evasión y elusión, y que incluya en la tributación grupos que pudiendo aportar para el desarrollo del social de la nación, no lo han hecho o han dejado de hacerlo gracias a exenciones.
¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?
Sí, se debe profesionalizar la Policía, con educación, formación integral en derechos humanos, reconciliar la figura de la Policía con la población y debería desaparecer el ESMAD como una división represiva, que en algunas ocasiones deriva en violencia encendiendo más aún los disturbios y se debe orientar más hacia la prevención, acompañamiento y diálogo, recurriendo al uso de la fuerza como último recurso.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Por acto legislativo incluir en los programas escolares y universitarios la cátedra de equidad de género y robustecer la Comisión de Equidad de Género del Congreso, proponiendo que idealmente sea conformada en su mayoría por mujeres o congresistas con formación en ese tema.
¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?
La Comisión de Acusación tiene dos grandes problemas: 1. Conflicto de intereses cuando se trata de investigar congresistas de la misma filiación política de alguno de sus miembros. 2. Pueden hacer parte de ella congresistas sin formación académica en leyes e investigación judicial. Lo ideal sería eliminarla y sustituirla por un organismo diferente, pero esto requiere reforma constitucional. Proponemos separar su función investigativa, que pasaría a manos de un organismo técnico especializado, de la función acusatoria.
La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Un gran porcentaje de la corrupción y desviación de recursos se origina en la contratación estatal, proponemos que todas las instituciones descentralizadas con capacidad de contratar manejen un sistema unificado de información fiscal y presupuestal que permita realizar trazabilidad a los recursos desde su origen hasta su destino y puesta en ejecución, contratación a través de pliego tipo, endurecimiento de las penas por corrupción y la reestructuración de la oficina nacional de financiamiento para control de los fondos de campañas.
Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?
Trabajo honesto, transparente e independiente como el que hemos venido haciendo, cumplimiento de nuestras promesas de campaña desde la libertad de acción y coherencia que nos permite la independencia, informes periódicos por boletines de prensa y redes, a nuestros electores y a la nación en general sobre nuestra gestión.
¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?
Por supuesto que sí. La política actual ha demostrado ser ineficaz. Compartimos miles de kilómetros con Venezuela y este cese de relaciones no ha sido beneficiosa, especialmente para los pueblos fronterizos. Somos convencidos de que el diálogo es la única manera para resolver diferencias, y Venezuela es un país hermano con el cual tenemos vínculos históricos muy fuertes, que por diferencias ideológicas no se deben truncar.
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