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Conocida la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la modificación que le hizo el Congreso a un aparte de la Ley de Garantías, lo que abrió la puerta a que las entidades públicas celebraran convenios interadministrativos en plena época electoral, ello con el visto bueno del Gobierno Nacional, las reacciones en el país político no se han hecho esperar y ya se anuncian demandas por prevaricato a quienes en su momento votaron a favor de tal reforma.
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Para Gustavo Petro, candidato presidencial del Pacto Histórico, el fallo “deshace la compra de alcaldes y gobernadores”, al tiempo que calificó al presidente Iván Duque como un “abusivo”, al tratar de acabar con la Ley de Garantías. “La Corte Constitucional la reestablece. Me propongo implementar el derecho de prioridad para los municipios en el presupuesto nacional”, señaló.
Sin embargo, el senador Roy Barreras, uno de los escuderos de Petro, consideró que ya el daño está hecho: “Ya se repartió el dinero del presupuesto nacional en una feria de contratos y utilizando bienes públicos a favor de la campaña del candidato del Gobierno. Infortunadamente este fallo es tardío y no tiene efectos preventivos en estas elecciones, que era lo que estábamos esperando todos los colombianos”, señaló.
En esa misma línea opinó Sergio Fajardo, candidato de la Coalición Centro Esperanza, quien cargó también contra el primer mandatario: “Iván Duque, con su formación de abogado, sabía que esto iba a ocurrir. Y aun así decidió seguir adelante. Igual lo hizo el Congreso. Todos sabían y no les importó. A estas alturas, el daño está hecho”.
Y Federico Gutiérrez, del Equipo por Colombia, aseguró que nunca estuvo de acuerdo con modificar la Ley, aunque dio a entender que es algo que se puede discutir, pero de manera amplia y con tiempo, pues lo sucedido este jueves puede implicar traumatismos en el funcionamiento del Estado, dado que con esa decisión “se pueden frenar procesos importantes que estén en curso en las ciudades y las regiones”.
Otro de los candidato que se pronunció fue Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quien trinó contra el Gobierno y contra Gutiérrez: “La Ley de Falta de Garantías ha caído. El gobierno Duque debe ser juzgado y recibir el castigo que merece por modificar la ley para comprar voluntades a favor de Fico”.
En contexto: Las cuatro reglas de la Corte Constitucional tras tumbar la Ley de Garantías
De hecho, ya se plantean medidas contra quienes votaron en el Congreso la modificación a la Ley de Garantías y quienes desde el Ejecutivo la impulsaron. “Anuncio que presentaré acciones ante la Procuraduría y la Contraloría contra el presidente Duque y demás funcionarios responsables por las consecuencias para el erario y para la democracia de la suspensión de la Ley de Garantías con fines electorales”, advirtió el senador Iván Cepeda, del opositor Polo Democrático.
La decisión de la Corte implica que se caen parte de contratos y convenios interadministrativos que se firmaron o siguieron vigentes en plena campaña electoral. Desde el 29 de enero, cuando empezó a regir Ley de Garantías, hasta el 29 de abril, 159 entidades han firmado 746 de estos contratos o convenios por $796.000 millones.
Aunque en el fallo quedó claro que no se devolverá plata de los contratos que se hayan culminado y ejecutado totalmente, salvo que se demuestre que hubo una actuación ilegal, y que no se podrán suscribir más convenios bajo esa norma y los que estén en trámite deberán suspenderse, igualmente los contratos que en este momento estén sin ejecutar completamente se liquidan y solo habrá pago de lo que se haya llevado a cabo.
En Twitter, el exprocurador Fernando Carrillo escribió: “La Sentencia de la Corte Constitucional sobre ley de garantías no solo es histórica en la defensa de la Constitución, sino icónica en la lucha contra la corrupción. ¿Quiénes son los beneficiarios de los más de 600 convenios suscritos gracias al adefesio eliminado por la Corte?
