Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este domingo, a las 4:00 de la tarde, todo estará dicho. Colombia tendrá un nuevo jefe de Estado para los próximos cuatro años. Mañana lunes comenzarán las reuniones de empalme con el gobierno saliente y aflorarán las principales problemáticas del país en lo económico, social, ambiental, agropecuario e institucional, entre otros asuntos.
Y quizás una de las principales y más importantes de esas problemáticas tenga que ver con las fronteras terrestres y marítimas del país. No hay que olvidar que Colombia tiene cerca de 6.342 kilómetros de fronteras terrestres (Venezuela, 2.219; Brasil, 1.645; Perú, 1.626; Ecuador, 586, y Panamá, 266), y cerca de 950 mil kilómetros cuadrados de límites marítimos (589.560 en el mar Caribe y 339.100 en el océano Pacífico), es decir, es un vasto territorio continental y marítimo y, por ende, un amplio espectro de problemáticas por analizar y resolver en los próximos años. Veamos los de mayor preocupación:
El restablecimiento de relaciones diplomáticas con Venezuela. Esta ha sido la principal frontera terrestre de los dos países, su intercambio comercial fue fundamental otrora y hoy día el cerca de 1’800.000 migrantes venezolanos hacia Colombia requiere una revisión de las políticas económicas, sociales, ambientales, de seguridad e institucionales que afecten a ambos lados de la frontera.
Está también la reanudación de conversaciones con Nicaragua, ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia del 21 de abril de 2022, que llama la atención a ambos países para delimitar sus fronteras marítimas y respetar mutuamente el derecho internacional marítimo. Con Nicaragua queda además, en un futuro cercano, el tercer fallo de la Corte Internacional de Justicia, que definirá sus pretensiones sobre la plataforma continental extendida en el Caribe.
Igual, hay que abordar la revisión y el ajuste de la política migratoria de los extranjeros que utilizan la vía Urabá hacia Panamá, y posteriormente hacia EE. UU. También está pendiente el robustecimiento del pie de fuerza militar en la frontera terrestre con Perú, ante el significativo aumento de zonas de cultivo de hoja de coca.
Asimismo, hay que considerar el aumento del comercio bilateral con Ecuador, y la revisión de la política de seguridad, que permita tener una frontera terrestre protegida y segura para los habitantes de ambos países. Y es preciso mencionar el fortalecimiento de relaciones con Brasil en materia de políticas ambientales, que protejan la selva amazónica de la deforestación y de la ampliación de la frontera agrícola hacia los cultivos de uso ilícito.
Por otra parte, Colombia no ha definido sus límites territoriales marítimos fronterizos con Venezuela. Es necesario retomar las conversaciones diplomáticas que promuevan ese trabajo y definir en un futuro próximo dicha demarcación.
Se hace necesario, además, el fortalecimiento de las dos únicas Zonas de Integración Fronteriza (ZIF) entre Colombia con Ecuador y Colombia con Perú, lo cual permitirá promover el comercio, la seguridad, la salud, la educación y, en general, las relaciones diplomáticas entre estos países. Y resulta inminente el robustecimiento de la actual Gerencia de Fronteras, en el marco de la Ley 191 de 1995, y de la nueva Ley de Fronteras (Ley 2135 de 2021, “por medio de la cual se establece un régimen especial para los departamentos fronterizos, los municipios y las áreas no municipalizadas fronterizas, declarados zonas de frontera en desarrollo de lo dispuesto en los artículos 9, 289 y 337 de la Constitución de 1991”).
Un tema transversal a las fronteras, y de mayor calado, es el fortalecimiento de la diplomacia colombiana en el exterior. Dichas representaciones no pueden ser fortines políticos y se hace necesaria la profesionalización y el fortalecimiento de la carrera diplomática, permitiendo que los profesionales que se han preparado para ello representen al país y no continúe siendo una puerta giratoria dentro del Gobierno Nacional y/o con el Poder Legislativo del país.
Un par de asuntos de interés en el corto y mediano plazos del gobierno entrante debe ser el reforzamiento de las relaciones con los demás países con que se cuenta frontera marítima en el Caribe y en el Pacífico (Haití, Honduras, Costa Rica, Jamaica, República Dominicana, Panamá y Ecuador), que permita reivindicar el papel de Colombia en el mar a partir de tratados beneficiosos para los países participantes y que promuevan la colaboración en temáticas de desarrollo económico, energético, ambiental, institucional y, obviamente, de seguridad, dados el incremento del crimen transnacional y tráfico de estupefacientes utilizando el mar Caribe y el océano Pacífico.
Finalmente, Colombia debería contemplar la necesidad de establecer franjas territoriales fronterizas con cada uno de los países con que tiene frontera terrestre, de tal forma que le permita contar con políticas específicas para los territorios, dependiendo de las particularidades y necesidades de cada frontera. Con ello se podría tener un cuerpo militar especializado que trabaje conjuntamente con los militares de los países vecinos para prevenir y actuar sobre las diferentes modalidades de delito transnacional y fronterizo.
Estas son algunas de las temáticas que están esperando las decisiones de alto nivel por parte de quien vaya a ocupar la Casa de Nariño en el período 2022-2026. Esperamos lo mejor para el país y estaremos pendientes de aplaudir, debatir o criticar lo que consideremos no vaya a favor de la población colombiana y de los intereses superiores para el Estado colombiano.
* Profesor de la Universidad Externado de Colombia.
Por Rodolfo Cano* - Especial para El Espectador
