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“Un empleado que vote por Petro no cabe en mi esquema empresarial y simplemente se tiene que ir”. La frase la publicó en sus redes Sergio Araújo, empresario y uno de los fundadores del Centro Democrático. Fue apenas una línea de las muchas que escribió, en las que confesó abiertamente que prescindirá de los servicios de sus empleados si no votan por el candidato de su preferencia. Un delito. “No constriño, ni pido el voto para nadie. Entiendo que les gusten Enrique, Rodolfo, Fajardo o Fico y que voten a conciencia por quien quieran pero me reservo el derecho a la libre remoción de quien a mi criterio no deba trabajar conmigo (Como quien escoja votar por un criminal)” (sic), escribió también el activista uribista.
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Las palabras se suman a una larga lista de declaraciones de empresarios que, aunque no han hecho público su voto, se han metido de lleno en el debate electoral así la actividad de sus empresas no tenga que ver con ello. Por ejemplo, el gerente de Colanta, Sergio González, no dio nombres pero envió una carta a sus proveedores en la que les dijo que “se avecina un cambio presidencial decisivo que puede significar un antes y un después en libertad de continuar por la senda del crecimiento y la generación de empleo”.
“Ha llegado el momento de que abandonemos la indiferencia y que ese odio que siente el pueblo colombiano por los delincuentes de cuello blanco, no nos lleve a elegir el rumbo equivocado del país”, añadió González en su escrito, que en la parte final contiene una barra con los colores azul y morado, los mismos de la campaña del Equipo por Colombia.
También está el ejemplo de Mario Hernández, quien sí ha sido muy activo en la campaña presidencial. Como ellos, algunos en mayor o menor medida, hay varios propietarios de empresas que han involucrado ambos temas, lo que llevó a la Misión de Observación Electoral (MOE) a advertir que ese comportamiento se traduce en un delito. De acuerdo con la veeduría, han recibido reportes sobre irregularidades por parte de algunas empresas y sus empleadores, por lo que hicieron un llamado a que las autoridades investiguen y sancionen esos comportamientos.
El primer ejemplo que puso sobre la mesa la MOE fue aquellas empresas en las que los dueños advierten a sus empleados que, si no gana determinado candidato, tendrán que cerrar y por tanto dejar sin empleo a los trabajadores. “Esto representa un delito electoral en torno al derecho al voto libre, contemplado en el código penal como constreñimiento al sufragante y castigado de acuerdo con la ley”, señaló la MOE.
Otro escenario tiene que ver con aquellos empresarios que no permiten el espacio para que los trabajadores ejerzan su derecho al voto. La veeduría recordó que esa acción se constituye como un delito al impedir el derecho al libre sufragio. Un último ejemplo de presiones indebidas en el trabajo es cuando en el lugar de trabajo se hace proselitismo político a favor de una candidatura.
Además de ser un delito, estas acciones atentan contra el Código Sustantivo del Trabajo, según advirtió la MOE, que también recordó que “el libre sufragio debe ser respetado”. Por ese motivo, señalaron, nvitaron a los trabajadores a reportar posibles delitos e irregularidades electorales en este este enlace o en la línea de WhatsApp 3152661969.