Ya se sabía que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en la demanda de Nicaragua contra Colombia por las violaciones de su zona marítima, se iba a dar en plena campaña electoral por la Presidencia. Y aunque aún es temprano para determinar sus efectos, lo cierto es que varios candidatos han fijado postura arreciando en sus críticas a la manera como se afrontó el pleito, que determinó que nuestro país sí interfirió con los derechos nicaragüenses a la pesca y la investigación científica en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) que le fue concedida en 2012. Posiciones que van más allá del llamado a la unidad del presidente Iván Duque, quien dijo que “en la defensa de los intereses del país no hay colores políticos ni partidistas”.
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Sin duda, el tema requiere rigurosidad al momento de examinar las cuestiones de fondo de la sentencia para derivar un análisis de las posibles implicaciones, pero al fragor de la campaña presidencial representa la posibilidad de proponer ideas e incluso examinar las gestiones que se adelantaron desde los gobiernos de turno. Y así lo hicieron, de entrada, Sergio Fajardo y Gustavo Petro, candidatos de la Coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico, respectivamente, quienes coinciden en que, de llegar al poder, buscarían una negociación con el gobierno de Daniel Ortega, en aras de los derechos de los raizales y los isleños, yendo en contravía de la postura de Duque, quien se niega a esa opción.
“Son asuntos de soberanía y al Gobierno le corresponde cumplir normas constitucionales y legales, proteger nuestros derechos y los de la población raizal e isleña del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, manifestó Fajardo, comprometiéndose, en caso de ser presidente, a cumplir los compromisos internacionales y acatar el fallo a la luz de la Constitución, es decir, que el Congreso debe aprobar cualquier tratado en el que se modifiquen los límites de Colombia. Con esto, dejó claro que adelantaría negociaciones con Nicaragua, poniendo en el centro los derechos en materia de pesca de la población raizal e isleña, y con la participación directa de líderes de esas comunidades.
Petro, por su parte, habló de recuperar los derechos de pesca de la comunidad raizal, que siempre tuvieron y que ahora pasan por un acuerdo bilateral con Nicaragua. “Qué pena con unos gobiernos que no solo dejaron que les quitaran la tierra a los campesinos, sino que le quitaran a Colombia el mar”, escribió en Twitter. Según la mirada del candidato de izquierda, con su fallo, la Corte de La Haya prohibió la actividad pesquera de los raizales en el mar, que ya fue excluido de Colombia. “El uribismo nos hizo perder soberanía”, agregó en otro trino, calificando como equivocada la estrategia jurídica del gobierno Duque, pues fue hecha desde las oficinas en Bogotá y sin tener en cuenta el interés de la comunidad raizal. “Por eso perdimos. Ahora se impone recobrar los derechos de pesca a partir de un acuerdo bilateral con Nicaragua”, concluyó.
Federico Gutiérrez, candidato del Equipo por Colombia, enfatizó que el país no puede ceder “un milímetro de territorio” y que su objetivo será “el fortalecimiento de oportunidades y acompañamiento a la comunidad”. “Nuestra constitución es clara y como presidente de la República la respetaré y acataré, en ella se establece que cualquier delimitación de fronteras debe hacerse mediante un tratado y, posteriormente, debe ratificare por el Congreso de la República. Colombia es una democracia y Nicaragua es una dictadura, y con una dictadura no negociaremos nuestros límites fronterizos. La línea de defensa territorial de Colombia se mantendrá como una política de Estado”, expresó en una declaración pública, en la que además invitó a los demás aspirantes presidenciales y a todo el país a cerrar filas “en torno de la defensa territorial de Colombia y de las comunidades raizales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”.
También fijaron postura los candidatos Enrique Gómez, de Salvación Nacional, y John MiIton Rodríguez, de Colombia Justa-Libres. El primero lo hizo en contravía del gobierno Duque, que dijo sentirse “satisfecho” con la decisión de la CIJ: “Nunca se renuncia a la soberanía. Colombia va hasta el meridiano 82 y punto, y mucho menos celebrar este fallo (...) no entregaremos un centímetro del territorio”. Rodríguez destacó que si bien Colombia no pudo recuperar nada de lo perdido en 2012, Nicaragua no avanzó en su pretensión de quedarse con más territorio y habló de recomponer los efectos económicos del fallo para la población raizal: “Avanzaremos en asuntos gubernamentales y diplomáticos hasta donde sea posible para que esa situación sea plenamente mitigada. Tenemos que fortalecer la defensa jurídica del Estado”.
El expresidente Álvaro Uribe, quien en el pasado ha planteado desconocer las decisiones de la CIJ, compartió las interpretaciones del fallo de ayer que hizo el gobierno Duque. “La sentencia no habla de incumplimiento de Colombia, asunto de competencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No afecta la zona contigua, que une a las islas del archipiélago, sin embargo, limita la extensión. No se debe permitir que esa zona contigua colombiana coincida con la supuesta zona económica y exclusiva de Nicaragua. La sentencia no afecta la libre navegabilidad que Colombia siempre ha respetado”.
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Para el exmandatario, la sentencia “reconoce los derechos de pesca de las comunidades ancestrales, no obstante, no acepta que sean derechos históricos. Niega el ejercicio colombiano de protección ambiental, que de todos modos hay que adelantar pues hay que cuidar la reserva seaflower”. Pero para otro expresidente, Ernesto Samper, el camino debe ser la negociación. “Aquí no hay sino una salida, la única, que Colombia se siente a negociar con Nicaragua un nuevo tratado de límites a la luz del fallo del 2012, que es obligatorio, como dijo la Corte Constitucional colombiana en 2014, y será en ese tratado donde se podrán defender los derechos de los raizales”.
Para Ana Trujillo, profesora de cátedra de la Universidad Javeriana, este golpe debería llevar a una reflexión nacional sobre las necesidades de la población raizal sanandresana y la relación del Estado (y el Gobierno actual), con las mismas. “Este era el punto sobre el cual el Estado colombiano erigió su defensa a la demanda de Nicaragua. Sin embargo, la Corte dijo que no tenía sustento, carencia que existe porque la población continental colombiana ha tenido una visión completamente racista que desconoce la importancia y las necesidades de los raizales. Eso se ve en elementos como que no tengan educación bilingüe, sino que las escuelas públicas enseñen en español”, expresó.
En eso coincidió Mauricio Jaramillo Jassir, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario, para quien la estrategia de Colombia viene siendo una cadena de errores desde hace años y la primera de esas equivocaciones históricas fue nunca haber integrado el tema raizal y afro. “La primera vez, en 20 años de litigio, que un raizal fue a la CIJ fue el año pasado. Es un problema histórico de una Bogotá que decide por las fronteras con una lógica centrista. Quienes van a sufrir las consecuencias son las personas que viven de la pesca en aguas que están en disputa. Son víctimas de hostigamiento por la Fuerza Pública nicaragüense, y en Bogotá eso no se va a sentir”.
Bajo ese contexto, Trujillo fue contundente en el fondo del fallo: “Si Colombia no protege los derechos y las identidades étnicas de la población raizal, entonces tampoco puede defenderlas. Eso fue evidente en el fallo”. Así las cosas, indicó que si bien existen dos opciones políticas del país para actuar frente a la decisión judicial (cumplir o incumplir), no acatar la orden sería una torpeza política que este y los gobiernos anteriores vienen cometiendo y que perjudica, centralmente, a los colombianos raizales. “El decreto que sacó el expresidente Santos sobre la Zona Contigua Integral no era viable. Con ese y otros antecedentes desfavorables, Duque hoy debe ajustarse al derecho. En la Corte tenemos todavía una tercera demanda y se espera que en un año haya un fallo. Hay que aprovechar lo que hay en la decisión actual sobre las líneas lineales y proteger el último pedazo que nos queda. Así podríamos sentar las bases de cara a ese tercer fallo”, agregó.
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Otro punto clave en esa seguidilla de equivocaciones es el patrón de dejarle el tema al siguiente gobierno. “Lo han hecho desde Ernesto Samper hasta Juan Manuel Santos”, pero, a favor de los expresidentes, Jaramillo resaltó que siempre mantuvieron una conversación activa con la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores y el Congreso para buscar un consenso nacional, algo que no ha hecho Duque, quien además falló al nombrar a Alfredo Rangel como embajador en Nicaragua. “Se necesitaba una figura más conciliadora, que conociera mejor el tema. Él es un politólogo respetable, pero es una de las personas más radicales del Centro Democrático”. Y también, advierte, fue un desacierto la posición de señalar a Daniel Ortega como dictador. “En Latinoamérica hay un principio de no injerencia y es un error pensar que se va a ganar el tema diciendo que Ortega es un dictador. Duque está de salida y quizá siente que no le fue mal porque no hay sanciones sobre Colombia y más bien le va a dejar eso al que llegue”, señaló.
Por su lado, la conclusión para el mundo político, según Trujillo, es que el presidente Duque, que va de salida, tenga mesura frente a la necesidad de negociación con Daniel Ortega. Y que en el marco de la actual campaña presidencial el tema, de ser utilizado políticamente, no invite a nacionalismos y patriotismos que busquen desconocer el fallo, sino más bien que las voces de los candidatos tengan un ánimo mediador que entienda la situación. “A Duque le queda muy difícil empezar a hacer algún tipo de negociación, pues ya casi termina su mandato. Los candidatos presidenciales no pueden desconocer que si bien el gobierno de Ortega es dictatorial, es igual una nación con la que se debe hablar para proteger alimentariamente a la población raizal y que puedan pescar artesanalmente en estas aguas”, concluyó la académica.
