Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La decisión de la Corte Constitucional de hundir la ley que reformaba el Código Electoral -aprobada en diciembre de 2020 por el Congreso, pero declarada inexequible por vicios de trámite-, tuvo sus efectos no solo en los colectivos de mujeres que vieron con esperanza la posibilidad de paridad real que traía la norma, sino también en el movimiento social diverso, que mantuvo una confianza parecida.
Esto porque el Código Electoral que presentó la Registraduría de Alexander Vega, respaldada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y aprobada por el Congreso, incluía el artículo número 81, que buscaba propender la participación política en igualdad de condiciones de la población LGBT+.
Ese apartado establecía que: “Las organizaciones políticas, de conformidad con sus estatutos, podrán propiciar mecanismos de democracia interna que promuevan la inclusión de las personas en condición de discapacidad, de la comunidad LGBTIQ+ y cualquier otra población que el partido político considere en la selección de sus candidaturas, así como en sus órganos de gobierno, dirección, control y administración”.
El artículo número 81, como el resto de los más de 200 artículos del Código Electoral, ya no serán y ahora las instituciones políticas y electorales deberán hacerle frente a esa necesidad, pues el código que quedó vigente data de 1986 y no se ajusta a la realidad de la nación. Al respecto, Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, dijo que si bien ese apartado era clave para la población LGBT+, también era insuficiente: “El artículo 81, si bien enunciaba que los partidos deben garantizar internamente la participación de las personas LGBT, no indica el cómo y no crea mecanismos”, expresó. La organización que él dirige y otras que congregan esfuerzos por una vida plena de las disidencias sexuales, dejaron de tener esa esperanza que implicaba el cambio de las reglas de los certámenes electorales.
“Estábamos esperando el pronunciamiento de la Corte Constitucional, pero ya nos esperábamos la decisión final porque fue muy claro que el proyecto se discutió bajo vicios de forma y lo iban a tumbar”, recordó. Por ello, Castañeda contó que, ante el fallo del alto tribunal, Caribe Afirmativo siente tranquilidad pues la ley no había sido aplicada, pero que esto ha representado un reto en las elecciones al Congreso que se celebraron el pasado 13 de marzo, e incluso en comicios locales anteriores.
“Seguimos regidos por el Código Electoral anterior, de 1986, que tiene muchas deficiencias. Particularmente, es uno que hemos demandado porque no garantiza la participación política de la ciudadanía históricamente excluida, carece de enfoques diferenciales y no contempla herramientas para desestructurar las prácticas patriarcales, machistas y sexistas en las que se ha erigido la vida política en Colombia”, señaló.
Si bien eso es cierto, agregó qué, mirando hacia adelante, cree que esta es una oportunidad para que el próximo proyecto de reforma al Código Electoral contenga acciones concretas para la población que representa. “Lo sucedido con el Código Electoral deja constancia de que en Colombia tenemos urgencia por una reforma incluyente y garante de la participación política de los grupos poblacionales históricamente excluidos. Encontramos que hay una oportunidad porque las leyes estatutarias sirven no solo para enunciar qué se debe hacer, sino también cómo se llevará a cabo”, insistió.
Según Castañeda, el centro del asunto está en las responsabilidades de los partidos políticos. “Un nuevo proyecto que reforme el Código Electoral no solo debe enunciar la presencia de la población LGBT, como lo hacía el artículo 81, sino que además debe servir para construir herramientas a los partidos para medir esa participación. También, deberá incluir garantías en la manera de cómo reciben sus recursos, cómo conforman los gobiernos internos de los partidos, cómo se reforman los estatutos y cómo se asegura la participación de sus bases electorales”, explicó.
“Esperamos que esta nueva propuesta logre articular mayor participación ciudadana para que la ciudadanía que ya ha tenido experiencia de barreras y dificultad de acceso, pueda ingresar a hacer política. La crisis que tienen hoy los partidos en Colombia es una de representatividad y legitimidad. Es, también, una oportunidad para que los partidos sean generosos para compartir procesos internos que ellos han tenido de cómo mejorar sus prácticas. Acatamos la decisión de la Corte, había una ganancia con el artículo 81, pero esta oportunidad nos permite pasar a acciones concretas y efectivas para las personas LGBT en la vida de los partidos, en sus estructuras estatutarias, gobiernos y búsquedas de cargos de elección popular”, resaltó Wilson Castañeda.
>Lea más sobre las elecciones de 2022 y otras noticias del mundo político
