El hecho de que en los primeros cinco meses de 2026 se tengan reportes sobre cómo el 34,4 % de los municipios del país se encuentra con riesgos de violencia electoral, y todo en plenas elecciones para redefinir el rumbo político a partir del próximo 7 de agosto, es tan solo una parte del abanico de alarmas y reportes de vigilancia. De hecho, la situación tiene en guardia tanto al oficialismo como a la oposición, al punto que, faltando once días para la primera vuelta –contados a partir de este miércoles– se están exigiendo acciones de fondo que den tranquilidad.
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El capítulo más reciente se registró este fin de semana, cuando en el Meta fueron asesinados dos líderes políticos que militaban en la campaña de Abelardo de la Espriella. Además, este martes, en Antioquia, Paloma Valencia hizo eco de una presunta presión indebida sobre su campaña, al punto que el expresidente Álvaro Uribe canceló su agenda en Medellín. Y, por los lados de la izquierda, Iván Cepeda le pidió a la Fiscalía investigar la presión de grupos criminales contra votantes y la filtración de audios de sectores ilegales que supuestamente piden impulsar su campaña.
Por todo esto es que las instituciones gubernamentales hablan de blindar la elección de este 31 de mayo y que desde ya se frenten fenómenos ilícitos que derivan en constreñimiento electoral, participación indebida de funcionarios en política, violencia hacia líderes y garantías desde la institucionalidad.
Según la Misión de Observación Electoral (MOE), hasta el 30 de abril se contabilizó un total de 386 municipios en riesgo consolidado por violencia, lo que incluye injerencia e intensidad del conflicto por parte de grupos criminales, violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunales, desplazamiento forzado y violaciones a la libertad de prensa. De ese grupo de poblaciones, 125 están en riesgo medio, 122 en riesgo alto y 139 en riesgo extremo; estas zonas están en 31 de los 32 departamentos y los más afectados son Cauca y Antioquia, que además tienen las zonas de “riesgo extremo”: con 28 y 17 casos, respectivamente.
Frey Muñoz, subdirector de la MOE, le dijo a El Espectador que, al cierre de las elecciones al Congreso (8 de marzo), había confirmados “272 hechos contra liderazgos políticos. De estos, por ejemplo, 28 fueron asesinatos; estas agresiones también incluyen 39 atentados y 185 amenazas contra líderes políticos”. Y aclaró que estas cifras no son marginales y que los actores más golpeados son concejales y alcaldes en ejercicio.
Estas preocupaciones se hicieron más presentes tras el atentado que ocurrió el pasado viernes 15 de mayo en la vía entre Villavicencio y el Alto Ariari, en el que perdieron la vida el coordinador de la campaña presidencial de Abelardo De la Espriella en el municipio de Cubarral (Meta), Rogers Devia, quien fue alcalde de ese municipio, junto al exsecretario de gobierno, Fabián Cardona.
La MOE también dijo que, tras el asesinato de Miguel Uribe Turbay, los protocolos de seguridad por parte del Ministerio del Interior tuvieron que adelantarse siete meses a lo previsto; se anticiparon. Por ello, se instaló la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales (Comrpe) e iniciaron medidas para precandidatos que solo se aplicaban en el pasado a los inscritos en el tarjetón. Armando Benedetti, jefe de la cartera, aseguró que desde el 8 de marzo “se han fortalecido los esquemas de protección con más de 460 policías, más de 260 hombres de la UNP y 94 vehículos blindados”, para las 12 llaves que se disputan la Presidencia.
A estas cifras se suman las alertas sobre las candidaturas de los punteros. Una de ellas fue reportada por el equipo de seguridad de De la Espriella, que durante un evento de Envigado (Antioquia) detectó también a una persona que se encontraba realizando “presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento”, debido a que se hizo pasar como un integrante del esquema de seguridad. A esto se suma un supuesto plan para atentar contra la vida del senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en el municipio de La Dorada (Caldas), del que se conocieron detalles el 25 de abril. Y el incidente que ocurrió a mediados de febrero, cuando Paloma Valencia era candidata en la Gran Consulta por Colombia, cuando las autoridades capturaron a una mujer armada durante un evento en Honda (Tolima).
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En los territorios donde se prendieron las alarmas por posibles atentados a los presidenciables, también se conocieron casos de posible constreñimiento, como pasó en Cauca, Guaviare y La Guajira.
El expresidente Álvaro Uribe alertó el pasado 13 de mayo sobre presuntas presiones al elector por parte del ELN y las disidencias de las Farc en Cauca para que ciudadanos en esta región supuestamente voten por Iván Cepeda. Frente a estos señalamientos, el candidato del Pacto Histórico aseguró que, si bien existe una situación de riesgo para ciertas comunidades y personas, como lo han planteado los informes de la Defensoría del Pueblo, “es un despropósito decir que quien gane las elecciones en Colombia lo hará por presión de grupos armados sobre el electorado”.
Este martes, Cepeda anunció que radicará ante la Fiscalía una nueva denuncia por presuntas presiones de las disidencias de las Farc al electorado en Guaviare. Advirtió que tiene en su poder audios e imágenes que evidenciarían acciones de este grupo ilegal para coaccionar a los votantes.
Incluso, se llegó a conocer días antes un audio en el que un supuesto integrante de las disidencias de las Farc pedía respaldo político para Cepeda y lanzaba mensajes intimidatorios a la población. Frente a esto, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró que la grabación no corresponde a un hombre de la estructura de alias “Calarcá”, sino a un extorsionador recluido en la cárcel Picaleña de Ibagué (Tolima).
Desde las regiones, la gobernadora de Meta, Rafaela Cortés, advirtió que “el constreñimiento electoral en las zonas rurales del sur del departamento de Meta viene desde hace meses”. Estas presiones se han manifestado mediante “panfletos” distribuidos por “grupos insurgentes que tienen presencia en estos sitios, que le vienen diciendo a la población que se inscriban para que voten el tema presidencial”, aunque aclaró que “no se dijo por qué candidato” votar.
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Ante el aumento de las denuncias de constreñimiento al elector por parte de los grupos armados, Carlos Chacón, director del Instituto de Ciencia Política, aseveró que no en todos los casos de constreñimiento hay violencia visible, habló de acciones “como la carnetización en veredas, mensajes por WhatsApp donde piden certificados de votación y en caso de que no los entreguen, hay amenazas de multas o sanciones”. Hechos que generan miedo en la población “para que voten o no voten de determinada manera”.
En todo caso, desde la MOE –según Frey Muñoz– se habla de un subregistro de estos hechos, pues “la ciudadanía no los va a reportar por miedo a alguna represalia o por el mismo dominio de los grupos armados”.
La tercera alerta es la participación de funcionarios en política, como ocurrió con la embajadora de Colombia en Haití, Vilma Rocío Velásquez, quien fue suspendida por la Procuraduría tras declaraciones en las que habría promovido la candidatura presidencial de Cepeda en medios haitianos.
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A esto se suman los mensajes en los que el presidente Gustavo Petro ha impulsado la candidatura del ungido de su partido, lo cual se observa entre líneas en su último video. En efecto, en la publicación de la noche del lunes, afirmó que “las ideas cuando encuentran tierra, no retroceden; crece con ellas el país que viene“. Por este y otros hechos, el procurador General, Gregorio Eljach, señaló que este tipo de mensajes son “improcedentes”, pues estaría usando “las plataformas oficiales o la dignidad de un cargo para hacer proselitismo electoral a favor de una causa o en contra de otra”.
A esto se añade que la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, recordó en el último Cormpe la importancia de evitar la participación en política de los funcionarios públicos, como una condición para preservar la transparencia del proceso electoral.
La última de las alertas es el ruido que ha presentado sobre las garantías electorales por parte del presidente Petro, quien ha cuestionado en diversas ocasiones el proceso para elegir a su sucesor, lanzando dudas sin pruebas contra el software electoral e incluso desatando choques con instituciones; entre ellas la Registraduría que dirige Hernán Penagos.
“Solo si el software es vulnerable, la entrega de un código fuente sería riesgosa. El código fuente debe ser del Estado y desarrollado por el Estado por orden judicial del Consejo de Estado, y debe ser auditable para transparencia electoral. La registraduría no es transparente y el registrador está en desacato judicial”, señaló el presidente. Su dardo se debió a que la petición del jefe de Estado, lo cual advirtió el grueso de la institucionalidad, solo abre la puerta a la vulneración del proceso.
“Entregar el código fuente es entregar la línea de programación. Es dar la oportunidad a hackers y personas malintencionadas para vulnerar ese software. Eso generaría graves inconsistencias en el proceso electoral”, afirmó Penagos.
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Los ruidos sobre el proceso electoral se suman al favorecimiento de medios públicos a candidaturas de los partidos oficialistas y las campañas de desinformación en redes. José Antonio de Gabriel, jefe de la MOE de la Unión Europea, le dijo a El Espectador que las estrategias de desprestigio, en su mayoría, “provenían de cuentas de organismos oficiales”.
En todo caso, el Gobierno desplegó el llamado Plan Democracia, el cual cuenta con más de 246.000 uniformados para proteger las 122.018 mesas de votación que se desplegarán el próximo 31 de mayo. La intención es garantizar que el proceso electoral se desarrolle sin contratiempos.
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