Justo en el momento en el que el presidente Gustavo Petro enfocó sus últimos meses en el Gobierno para entrar de lleno en la campaña e impulsar a su candidato, el senador Iván Cepeda, cayó sobre la Casa de Nariño uno de los capítulos más duros de fuego amigo. El choque entre Angie Rodríguez, la gerente del Fondo Adaptación, y Carlos Carrillo, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo (Ungrd), sacudió las apuestas de los próximos 100 días del Ejecutivo y lo obligó a reevaluar varias de sus apuestas.
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Hace cuatro meses hubo una primera versión de ese encontronazo entre Rodríguez y Carrillo, después de que El Espectador revelara las redes políticas detrás de contratos en el Fondo Adaptación, lo que derivó en la salida de la primera de la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), donde fue por al menos 10 meses la mano derecha del jefe de Estado. Pero esta vez se suman las acusaciones sobre un presunto “concierto para delinquir” en contra de la que fue, en su momento, una de las personas más poderosas en Palacio, así como señalamientos de querer generar una “tormenta mediática” en contra del Ejecutivo en momentos en que el objetivo es que la izquierda mantenga el poder en las presidenciales de mayo próximo.
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Esas frases son de Rodríguez y las emitió en las últimas 24 horas. Y, por su carga, escalaron a tal punto que el evento que tenía programado el presidente para las 2:00 p. m. de este miércoles en Yumbo (Valle) fue aplazado por una reunión de emergencia en la Casa de Nariño. En una versión más pequeña del consejo de ministros que ocurrió paralelo a la primera entrevista que dio la gerente del Fondo sobre el tema este mismo martes, tanto Petro como sus funcionarios más cercanos —entre ellos, el ministro del Interior, Armando Benedetti— se reunieron para trazar una estrategia de cara a ese “fuego amigo” que se tomó los reflectores. Ese encuentro terminó sobre las 3:00 p. m.
El mandatario no se ha referido directamente al caso, como tampoco lo hizo en diciembre del año pasado, y el mismo gabinete se ha cerrado a dar comentarios sobre el asunto, aunque el jefe de gabinete, José Raúl Moreno —con quien Rodríguez tenía diferencias— negó estar “controlando” al jefe de Estado. Ese silencio es por el “ruido” interno que se desató.
Lo cierto es que tanto Rodríguez como Carrillo son figuras claves en el “Gobierno del cambio” y reconocidos por su “compromiso” con el proyecto de izquierda. El segundo llegó a la Ungrd para “limpiar” el desastre que dejó el escándalo del saqueo a esa misma entidad y la segunda se convirtió en la mano derecha del presidente en su estancia por el Dapre.
Y por ese puesto han pasado varios nombres que lograron acumular poder en esta administración. A excepción del primero —Mauricio Lizcano, hoy candidato presidencial que busca alejarse de los calificativos “petristas”—, a todos los han tocado esos choques en el interior del gabinete. La hoy embajadora en Reino Unido, Laura Sarabia, salió de ese cargo en medio de una disputa judicial con Benedetti y se convirtió en la cabeza del Ministerio de Exteriores, donde también mantuvo roces con el entonces jefe de despacho, Alfredo Saade, hoy embajador en Brasil.
Incluso, entre ellos figura uno de los nombres que, de acuerdo con la Fiscalía, está detrás del entramado de corrupción en la Ungrd: el prófugo de la justicia Carlos Ramón González, acusado ante la Corte Suprema por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.
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Tanto en el momento de esos choques como ahora, la directriz ha sido clara desde la cabeza del Estado colombiano, que entró de lleno a la discusión electoral: dirigir a su gabinete en torno a potenciar todos los logros de su administración, algo que repitió en su discurso en Yumbo, en la entrega de un edificio inteligente a la Institución Universitaria Antonio José Camacho, desde donde evitó meterse en el escándalo y pidió que continuara el petrismo.
Ese fue un mensaje que repitió en el pasado consejo de ministros, en el que reiteró su llamado a promover una Asamblea Constituyente —diciendo que él mismo apoyará la financiación y la recolección de firmas— y habló de la posibilidad de volver a aumentar el salario mínimo en medio de la pelea casada con el Banco de la República (Banrep).
“Si ellos suben más la tasa de interés, más protegemos. Es más, Germán, alístese porque la Constitución habla de salario vital y móvil, ¿cierto? Si la junta [del Banrep] sigue en esa tontería en que va, pues subimos otra vez el salario. (...) El salario vital no está creando inflación”, le dijo el mandatario a su ministro de Hacienda, Germán Ávila. En esa línea, el mismo ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció este miércoles que el Gobierno está analizando la posibilidad de convocar la Comisión de Concertación para aplicar el “salario móvil”.
Ese aumento del 23 % del pasado diciembre, así como las cifras de desempleo (9,2 %) y de la pobreza multidimensional (9,9 %), son parte de los resultados que el Ejecutivo quiere mostrar para certificar sus promesas cumplidas al electorado. Todo bajo la promesa de que esos cambios se “profundizarán” en un segundo gobierno de corte petrista, que es lo que representa Cepeda y es por lo que impulsan su arribo a la Casa de Nariño.
Tanto desde sus redes sociales como en pronunciamientos públicos, el guiño del mandatario al candidato del oficialismo ha sido claro —por lo que también ha recibido señalamientos de participación indebida en política—, pero desde esa misma campaña han querido desligarse del “fuego amigo” que sacude al Palacio presidencial. La senadora María José Pizarro, jefa de debate de Cepeda, afirmó que en caso de llegar otra vez a la Presidencia “no [van] a permitir este tipo de situaciones” y “cualquier fuego amigo siempre hace daño”. El candidato, por su parte, se limitó a un mensaje resumido en esta frase: “Eso tiene que ser investigado”.
Por eso, desde la oposición se hicieron llamados para que el presidente actúe. La senadora y candidata Paloma Valencia (Centro Democrático) pidió protección para Rodríguez, por las “denuncias muy graves que las autoridades deben tomar muy en serio”. Por su lado, tanto el exgobernador Sergio Fajardo como el abogado Abelardo de la Espriella rechazaron lo que califican como una “banda criminal” que actúa en la Casa de Nariño.
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Por lo pronto, el mandatario ha estado enfocado en volcar la atención sobre el 31 de mayo. En el mismo consejo de ministros de la noche del martes planteó que en Estados Unidos hay “fragmentos que quieren intervenir en [las] elecciones [presidenciales]” y criticó que desde ese país solo se mencionaran las amenazas contra los dos punteros de la oposición. Además, hace unas semanas retomó el discurso contra los softwares de las elecciones y la posibilidad de que se materialice un presunto fraude en el llamado a urnas que ocurrirá en menos de 40 días.
“El pueblo votará en completa libertad como lo garantiza un demócrata en el gobierno”, afirmó el mandatario. En todo caso, el grueso de la institucionalidad y todos los observadores ya descartaron que exista la posibilidad del supuesto fraude del que hace mención electoral el jefe de Estado.
Quedan poco más de tres meses para que asuma el relevo de Petro en la Casa de Nariño. Aunque en este tiempo ha sido común que la figura del jefe de Estado pase a un segundo plano en medio del debate electoral, el presidente se ha mantenido en el ojo público con la meta de asegurar una victoria en los comicios y cimentarse como un referente a nivel internacional. Sin embargo, su equipo analiza cómo sortear las tensiones que han tocado a su gobierno en los tres años que lleva en el poder y que, como les reconocieron a reporteros de este diario, pueden pasarle factura en las urnas a su ungido.
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Por María José Barrios Figueroa
