En medio de la Comisión de Seguimiento electoral convocada en la Comisión Tercera de la Cámara, delegados del gobierno nacional y de la Armada se refirieron a las presuntas amenazas contra los aspirantes presidenciales Iván Cepeda, Paloma Valencia, e incluso, Abelardo de la Espriella. Esta última institución, a través de su delegado de inteligencia, señaló que “no tenemos información relacionada, al momento, que pueda evidenciar alguna amenaza contra los candidatos presidenciales”.
Así lo expresó el Almirante Norman Iván Cabrera Martínez, Jefe del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia de la Armada, quien insistió que se encuentran en seguimiento los casos denunciados tanto en la campaña del presidenciable del oficialismo, Iván Cepeda, como la de la senadora Paloma Valencia.
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De acuerdo a lo expresado por Cabrera Martínez, “a partir de la información publicada en redes sociales el viernes pasado sobre el candidato Iván Cepeda se convocó una junta de inteligencia que el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró y en la que ninguna o ningún organismo de inteligencia manifestó tener información alguna relacionada con amenazas a los candidatos a la Presidencia de la República, actualmente”. Los datos habrían sido cruzados entre las oficinas de inteligencia de Fuerzas Militares, Policía, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) o la UIAF y no tendrían en su balance amenazas a los presidenciables.
La información contrasta con las aseveraciones realizada tanto por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien señaló a cabecillas del ELN de estar liderando un plan para atentar contra la vida contra la candidata de su partido, Paloma Valencia. Asimismo sucede con las acusaciones del presidente Gustavo Petro, quien reveló que habría un plan similar para atentar contra Iván Cepeda, informes que, según su versión, ya estarían en conocimiento de organismos como la CIA.
El almirante señaló que se realizarán reuniones periódicas para la revisión de estos casos. “En este periodo estamos revisando el tema de la seguridad de los candidatos presidenciales y al momento reafirmo que estos ejercicios convocados por el departamento conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia no tenemos información que pueda evidenciar alguna amenaza contra los candidatos presidenciales”.
En la misma sesión hicieron presencia el registrador delegado para los asuntos electorales, Jaime Hernando Suárez, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez; y el coronel José Luis Bastidas Moreno, jefe de Departamento Conjunto de Operaciones y delegado por parte de las Fuerzas Militares en esta Comisión.
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En su balance detalló que el plan desplegado por las FF. MM. comprende, además de los comicios legislativos y presidenciales, las más 27 elecciones atípicas. Además, sobre las amenazas a los candidatos presidenciales señaló que son 127.000 hombres y mujeres desplegados en el territorio nacional. Bajo esa línea señaló que “para marzo de 2026 se asignaron 256 personas de la UNP, 381 policías y 92 vehículos blindados para 77 precandidaturas presidenciales”.
A renglón seguido de Bastidas dijo que “las presuntas amenazas están siendo evaluadas por los organismos de inteligencia”. Allí especificó los casos de Cepeda, Valencia y De la Espriella de quienes dijo, “en el CORMPE del día martes se evaluó las amenazas a Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella; el jueves evaluamos con el señor Procurador, Gregorio Eljach, evaluamos los esquemas de seguridad de la 13 campañas; y el día sábado lo hicimos con el doctor Iván Cepeda a la amenaza que salió”.
Centro Democrático lleva amenazas ante CIDH
De forma paralela a esta afirmación, una delegación del Centro Democrático conformada por los representantes José Jaime Uscátegui y Marelen Castillo, además de la senadora María Angélica Guerra, presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe en el que detallan presuntas amenazas contra la candidata de ese partido, Paloma Valencia.
Según señalaron desde Estados Unidos, “estamos demostrando la falta de garantías electorales en Colombia, la violencia en la que estamos sumidos. Ya nos costó la vida de Miguel Uribe Turbay y ahora estamos pidiendo, a través de estas medidas cautelares y la información que vamos a presentar ante la CIDH, un acompañamiento permanente para que se garanticen los derechos de la oposición”.
Asimismo, el grupo de congresistas expresó las preocupaciones en los informes emitidos por diferentes misiones de observación. “Más de 170 municipios no tienen libertad en su derecho al voto”, dijo la representante Castillo.
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