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Un choque de versiones ha ocurrido en las últimas 72 horas en torno al proceso electoral que se desarrollará en Colombia en 16 días y abre más dudas en las organizaciones que ejercerán vigilancia en ese llamado a urnas. Todo eso toca al Gobierno nacional, la Registraduría, las candidaturas e incluso a los observadores internacionales que harán parte del proceso en el que se elegirá al sucesor del presidente Gustavo Petro. Y pasa, además, por las alertas de seguridad de los candidatos y las presuntas presiones a la ciudadanía desde grupos ilegales.
Parte de eso estuvo en la mesa en un encuentro que ocurrió en la Casa de Nariño este jueves, presidido por el jefe de Estado, al que fueron invitados varios de los actores que estarán haciendo vigilancia en el llamado a urnas del 31 de mayo. No todos asistieron. Aunque llegaron invitaciones a todos los despachos del Consejo Nacional Electoral (CNE), solo estuvieron presentes el presidente de ese órgano, Cristian Quiroz (Alianza Verde), así como los magistrados Alba Lucía Velásquez, Fabiola Márquez (ambas del Pacto Histórico), Álvaro Echeverry (MIRA) y Pablo Julio Cruz (Comunes).
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Además, estuvieron el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos, Jarahn Hillsman, y delegados del Centro Carter, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Republicano Internacional (IRI) y Transparencia Electoral.
El Espectador conoció que el registrador Hernán Penagos —contra quien Petro ha lanzado no pocos dardos— también estaba invitado, pero declinó por temas de salud y agenda. Ese hubiera sido el primer encuentro entre ambos desde el pasado 8 de marzo, el día de las elecciones legislativas. En todo caso, sí se discutió ampliamente el tema que ha enfrentado a Petro y a Penagos: los softwares de las elecciones. Desde allí, el mandatario insistió en la necesidad de auditar a fondo estos sistemas, algo que la Registraduría ha dicho que puede generar riesgos en temas de seguridad informática.
“Básicamente lo que el presidente [dice] es que el software se muestra, pero no se puede auditar. Lo que uno quiere es que se audite. Parece que alguna de estas personas que vienen de observación extranjera vienen desde el punto de vista tecnológico y entonces sí podrán realmente hacer los estudios”, afirmó a la salida del encuentro el ministro del Interior, Armando Benedetti. Y agregó que los veedores “creen en la democracia que tiene el Gobierno”.
Y es que, paralelo a ese encuentro, la propia Registraduría estaba realizando un simulacro del proceso electoral, al que asistieron representantes de todos los partidos y movimientos que aparecen en el tarjetón, e incluso de magistrados del Consejo de Estado. El mensaje que envió el registrador delegado para lo electoral, Jaime Suárez, estuvo enfocado no solo en el blindaje que se está haciendo a todo lo relacionado con ese llamado a urnas, también para reforzar la seguridad y permitir la votación libre de la ciudadanía.
“Es necesario seguir trabajando en cerca de 104 municipios donde hay riesgo alto por presencia de grupos ilegales, en los que hay que asegurar la zona y trabajar para llevar el material electoral y que la ciudadanía pueda ejercer su derecho”, subrayó el registrador Penagos.
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Es un llamado al que se ha hecho eco desde otras entidades. En una carta enviada al Ministerio del Interior, el magistrado del CNE Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) expresó su “preocupación frente a la crítica situación de orden público que atraviesa el país, la cual afecta de manera directa la posibilidad de que los ciudadanos ejerzan su derecho fundamental” y planteó su preocupación ante la “inexistencia —hasta la fecha— de un cronograma para las sesiones de los Comités de Garantías Electorales”.
Incluso, citó los informes de la Misión de Observación Electoral —de acuerdo con la cual 185 municipios se encuentran en riesgo, con 94 de ellos en riesgo extremo— y la Defensoría del Pueblo, que señaló que existen “457 casos de amenazas de muerte contra lideresas y líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos y actores políticos (mujeres y hombres) en el contexto preelectoral”.
De su lado, el ministro Benedetti aseguró que lo dicho por Prada era “mentira” y que el CORMPE “ha brindado garantías de seguridad como nunca antes en el país”. “El magistrado Prada ha sido invitado a todas las comisiones de garantías electorales, incluida la [del 13 de mayo] a la que fueron cinco magistrados del CNE en Manizales”, aseveró.
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Pero las alertas por la seguridad en torno a las elecciones también han venido desde las campañas, sobre todo por las presiones que estarían ejerciendo grupos ilegales al electorado en varias zonas del país. A ello se refirió el candidato del oficialismo, el senador Iván Cepeda, después de que se conociera un audio en el que un presunto jefe del bloque Jorge Suárez Briceño de las disidencias de alias “Calarcá”, decía: “Ojalá gane Cepeda (...). Juepuerca, porque ahí sí lo vamos a apretar otros cuatro años nosotros”.
“Condeno de manera categórica y enérgica cualquier clase de presiones al elector. Ni el Pacto Histórico ni las fuerzas de la Alianza por la Vida ni mi campaña ni yo en mi condición de candidato presidencial aceptamos esta clase de acciones”, dijo.
Denuncias han venido, además, desde figuras como el expresidente Álvaro Uribe, quien prendió las alertas porque, presuntamente, cinco grupos terroristas en la alta Guajira imponen votar por el aspirante del Pacto Histórico. Del lado del abogado Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria), su campaña reportó que detectó a una persona que se encontraba realizando “presuntas labores de inteligencia en el lugar del evento” y se hizo pasar como un integrante del esquema de seguridad del candidato. De acuerdo con la información, al momento de la verificación, el hombre tendría en su poder armamento, binoculares, dispositivos electrónicos y otros elementos.
Todo esto ha generado preocupación, especialmente cuando los candidatos siguen en giras nacionales y alistan sus cierres de campaña, que suelen ser eventos masivos. Ahora, figuras como Claudia López y Mauricio Lizcano también han señalado que no han podido acceder a los anticipos que otorga el Estado para pagar sus gastos de campaña, lo que ha restringido el desarrollo de sus actividades proselitistas y pone, una vez más, los reflectores sobre la falta de garantías que enfrentan las candidaturas.
Se acerca la fecha de las elecciones presidenciales y son 12 aspirantes los que se pelean un puesto para la Casa de Nariño. Hasta el momento, las encuestas proyectan una segunda vuelta, que ocurriría el 21 de junio, pero quedan dudas sobre cómo se logrará blindar el proceso, especialmente en materia de seguridad, para que los más de 41,5 millones de ciudadanos habilitados para votar puedan hacerlo en libertad.
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