Al inicio de esta semana una delegación del Centro Democrático conformada por José Jaime Uscátegui, María Angélica Guerra y Marelen Castillo viajaron a Washington para denunciar amenazas contra la candidata del uribismo, Paloma Valencia.
Tras su visita, los congresistas afirmaron que “como delegación presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe contundente sobre la grave falta de garantías electorales en Colombia. Denunciamos el aumento de la violencia política, la expansión de grupos armados en más de 800 municipios y el alarmante crecimiento del secuestro. Más de 170 municipios hoy no tienen libertad real para votar”. Y agregaron: “Solicitamos medidas cautelares y un acompañamiento internacional permanente que garantice los derechos de la oposición y la transparencia en las elecciones de 2026″.
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Además, Uscátegui sostuvo que “la violencia electoral en la que estamos sumidos, ya nos costó la vida de Miguel Uribe Turbay y ahora estamos pidiendo a través de estas medidas cautelares y la información que vamos a presentar en la CIDH un acompañamiento permanente en Colombia”, con el objetivo de proteger la vida de los candidatos presidenciales.
En esta misma línea, Guerra sostuvo que “es muy importante también tener presente la situación actual de seguridad en nuestro país y hacer un diagnóstico supremamente conciso”, especialmente en lo que tiene que ver con grupos armados al margen de la ley.
Por último, Castillo manifestó su preocupación y exigió claridad, “por eso presentamos este informe para que la comunidad internacional no solamente haga observación, sino que nos acompañen y certifiquen los próximos resultados electorales en Colombia”.
En esta línea, desde la Organización de Naciones Unidas, Estados Unidos aseguró que se mantienen atentos de la situación de seguridad de las elecciones colombianas. La embajadora Jennifer Locetta, representante para Asuntos Políticos Especiales de Estados Unidos dijo: “A medida que Colombia se acerca a las elecciones presidenciales, Estados Unidos permanece atento a cualquier acción de grupos que amenacen la integridad de estas próximas elecciones”. Y agregó que “estas elecciones se están produciendo a la sombra del asesinato del senador Miguel Uribe Turbay el año pasado. Un crudo recordatorio de los días oscuros de violencia política en Colombia, donde líderes políticos fueron asesinados y secuestrados”.
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Cabe recordar que los tres punteros de las encuestas: Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella han asegurado que los amenazaron de muerte, sin embargo, la Defensoría del Pueblo rechazó las declaraciones de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia en la plenaria del Senado, cuando alertó sobre presuntas presiones de grupos armados para beneficiar electoralmente al senador Iván Cepeda.
En un comunicado, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, aclaró que la entidad no ha emitido informes ni mensajes sobre coacciones a votantes a favor de ningún candidato, ni tiene datos que apoyen esas afirmaciones. Además, pidió respeto por la institución. “Todos nuestros informes y comunicaciones sobre las elecciones en Colombia buscan proteger la democracia, mejorar el debate, acabar con la violencia política, la desinformación y la estigmatización”, explicó Iris Marín.
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