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En cada campaña presidencial, Colombia termina descubriendo, casi por obligación electoral, que existe un país más allá de Bogotá. En ese redescubrimiento tardío aparecen siempre dos regiones fundamentales: el Pacífico y el Suroccidente. Territorios estratégicos para la economía nacional, la biodiversidad, la seguridad y la gobernabilidad democrática, pero también profundamente atravesados por abandono estatal, pobreza estructural y violencia.
Las propuestas presidenciales conocidas hasta ahora dejan ver algo interesante: los candidatos entienden que ya no basta con mencionar estas regiones de manera simbólica. Hoy existe presión política para hablar de Buenaventura, del Cauca, de Nariño, del Chocó y del Eje Cafetero con medidas concretas. El problema es que, en muchos casos, las campañas siguen confundiendo diagnóstico con solución.
Hay candidaturas que insisten en una visión predominantemente securitaria. Las propuestas de Paloma Valencia alrededor de la fumigación con glifosato en Cauca y Nariño reflejan una lectura clásica del problema de cultivos ilícitos: recuperar control territorial mediante medidas de choque. Sin embargo, la experiencia colombiana ha demostrado que la fumigación aérea no resolvió el fenómeno del narcotráfico; simplemente desplazó los cultivos de un territorio a otro. Además de los límites constitucionales y ambientales existentes, insistir en esa estrategia sin una apuesta fuerte de sustitución productiva y desarrollo rural parece desconocer que el problema del Pacífico no es solamente criminal, sino profundamente social y económico.
En medio de candidaturas que, con mayor o menor profundidad, al menos intentan plantear apuestas específicas para estas regiones, llama particularmente la atención el caso de Abelardo de la Espriella. Su agenda para el Pacífico prácticamente se reduce a una sola propuesta concreta: fortalecer la presencia de la Agencia Nacional de Minería en Chocó con cientos de inspectores adicionales. Más allá de eso, no aparecen planteamientos estructurados para Buenaventura, Cauca, Nariño, el Valle del Cauca o el Eje Cafetero, ni una visión integral sobre infraestructura, desarrollo rural, seguridad territorial, conectividad o transición económica para el litoral Pacífico y el Suroccidente.
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Esa ausencia de una agenda territorial clara resulta especialmente llamativa tratándose de dos regiones que concentran algunos de los desafíos más complejos del país. Y aunque el diagnóstico sobre la minería ilegal en Chocó es acertado, la propuesta también evidencia limitaciones importantes. Pensar que el problema puede resolverse principalmente aumentando capacidad administrativa subestima la complejidad territorial del departamento, donde confluyen grupos armados, economías criminales, corrupción y ausencia histórica del Estado. Allí no basta con más inspectores: se requiere presencia integral del Estado, seguridad, justicia, formalización minera y gobernanza territorial. Más que una estrategia regional sólida, la propuesta termina reflejando una aproximación parcial frente a problemáticas profundamente estructurales.
En contraste, otras candidaturas parecen apostar por un enfoque más estructural y regional. Sergio Fajardo, por ejemplo, centra buena parte de sus propuestas en infraestructura logística, educación técnica e intervención focalizada. Su apuesta por Buenaventura como nodo estratégico del comercio con Asia-Pacífico reconoce algo que Colombia ha ignorado durante décadas: el Pacífico no puede seguir siendo visto únicamente como un territorio marginado, sino como un eje central de competitividad nacional.
Sin embargo, incluso las propuestas técnicamente más sólidas enfrentan un problema recurrente en Colombia: la distancia entre planeación y ejecución. El corredor férreo Bogotá–Buenaventura, la modernización portuaria o las segundas calzadas hacia el Pacífico son apuestas estratégicas correctas, pero difíciles de materializar completamente en un solo cuatrienio. El país tiene un historial complejo de retrasos, corrupción, sobrecostos y obras inconclusas. Por eso, más importante que prometer megaproyectos, será demostrar capacidad de gestión y priorización.
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Claudia López introduce otro elemento relevante: la transición económica del Pacífico. Sus propuestas de sustituir economías ilegales por bionegocios, turismo sostenible, economía forestal y pesca responsable están alineadas con las discusiones globales sobre bioeconomía y sostenibilidad ambiental. El problema, nuevamente, está en la implementación. Transformar territorios donde las economías ilegales son, muchas veces, la única fuente de ingresos, requiere mucho más que voluntad política: exige conectividad, acceso a mercados, seguridad y presencia institucional sostenida.
Iván Cepeda, por su parte, pone el foco sobre la deuda histórica con los territorios excluidos. Sus propuestas sobre soberanía alimentaria, sustitución voluntaria y fortalecimiento de organizaciones campesinas e indígenas dialogan con demandas históricas del Cauca y Nariño. El reto de este enfoque está en convertir reivindicaciones sociales legítimas en políticas públicas ejecutables y sostenibles financieramente. En regiones tan complejas, el riesgo de quedarse en el discurso simbólico siempre está presente.
Pero más allá de las diferencias ideológicas entre campañas, hay una conclusión evidente: el Pacífico y el Suroccidente ya no están pidiendo discursos esperanzadores. Están pidiendo un Estado funcional.
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Estas regiones no esperan un presidente que aparezca únicamente en medio de crisis, bloqueos o estallidos de violencia. Esperan un gobierno capaz de entender que seguridad sin inversión social fracasa, pero que inversión social sin control territorial también termina siendo insuficiente.
Esperan infraestructura, sí, pero también agua potable en Tumaco, oportunidades productivas legales en el Cauca, conectividad real para el Chocó y empleo digno en Buenaventura. Esperan que la transición ambiental no signifique condenar a las comunidades a la pobreza. Esperan, sobre todo, que el desarrollo deje de pasar por sus territorios sin quedarse en ellos.
El próximo presidente de Colombia tendrá que entender algo fundamental: el Pacífico y el Suroccidente no necesitan ser salvados. Necesitan, por fin, ser gobernados con seriedad, continuidad y presencia real del Estado.
Libi Astudillo es coordinadora del nodo suroccidente de Extituto de Política Abierta.
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Por Libi Astudillo, Extituto de Política Abierta
