¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Por convicción, porque tenemos la trayectoria en Medellín con Federico Gutiérrez desde la alcaldía y Antioquia, sabemos cómo funciona Colombia, la recorrimos hace cuatro años cuando Fico se lanzó por la presidencia, este país lo recuperamos desde las regiones.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Nuestro principal proyecto es la ley antimafia: La Ley Antimafia es una decisión política firme para enfrentar a los cabecillas del crimen organizado. Mientras no se reforme la justicia, los delincuentes seguirán actuando con impunidad: los capturan, cumplen penas irrisorias y vuelven a manejar sus estructuras criminales, incluso desde la cárcel, sin que se les toquen los recursos ilegales.
Con una verdadera Ley Antimafia queremos romper ese círculo de impunidad, quitarles el dinero, el poder y el control territorial. El mensaje es claro: en Colombia el crimen no puede seguir siendo un negocio rentable ni una opción atractiva. Esta ley es clave para recuperar la seguridad, fortalecer la autoridad del Estado y proteger a los ciudadanos honestos.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
La falta de seguridad en Colombia se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos. Hoy, el crimen avanza mientras el Estado retrocede, y las estructuras criminales se fortalecen ante la ausencia de autoridad y decisiones firmes. En muchas regiones del país, la gente vive con miedo, extorsionada, amenazada y abandonada por un gobierno que no logra garantizar lo más básico: la seguridad.
Los delincuentes actúan con total impunidad. Las bandas criminales controlan territorios, el microtráfico y la extorsión crecen, y los homicidios y atentados vuelven a ser parte del día a día. La falta de una política clara de seguridad y el debilitamiento de la Fuerza Pública han dejado a los colombianos expuestos, mientras los criminales sienten que pueden actuar sin consecuencias.
Colombia necesita recuperar el orden, la autoridad y el respaldo a quienes nos cuidan. Sin seguridad no hay libertad, no hay inversión, no hay empleo ni futuro. Proteger a los ciudadanos debe volver a ser una prioridad del Estado, con decisiones firmes, justicia efectiva y una lucha frontal contra el crimen organizado. Por eso queremos incentivar la ley antimafia.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyamos una asamblea constituyente porque hoy en Colombia no existen las condiciones mínimas de seguridad jurídica para adelantar un proceso de esa magnitud. En un país marcado por la incertidumbre institucional, la debilidad del Estado en amplios territorios y la falta de garantías, abrir la puerta a una constituyente solo profundizaría la inestabilidad y la desconfianza.
La Constitución que tenemos ofrece las herramientas necesarias para fortalecer la democracia, garantizar derechos y promover el desarrollo. El problema no es la Constitución, sino su incumplimiento y la falta de autoridad para hacerla respetar. Antes de pensar en cambiar las reglas de juego, debemos reforzar las instituciones, recuperar la seguridad, hacer cumplir la ley y devolverle confianza a los ciudadanos y a los inversionistas.
Colombia no necesita más incertidumbre ni aventuras jurídicas. Necesita orden, estabilidad y respeto por el Estado de derecho. Fortalecer la Constitución vigente y garantizar su aplicación es el camino responsable para sacar al país adelante.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
La reelección debilita la institucionalidad y abre la puerta al uso indebido del poder. Cuando quienes están en el cargo —especialmente en la Presidencia— pueden aspirar a reelegirse, existe un alto riesgo de que utilicen su posición para incidir en las decisiones y en el electorado. Ya lo vimos en el país en 2006 y en 2014. Por eso, no apoyo la reelección ni de presidentes, ni de alcaldes, ni de gobernadores.
Del mismo modo, es urgente poner límites claros en el Congreso de la República. Trabajaré para que los congresistas solo puedan ejercer un máximo de dos periodos. Hoy el Congreso se ha convertido, en muchos casos, en un escenario de permanencia indefinida, donde las curules se tratan como propiedad personal o se rotan entre los mismos grupos políticos en cada departamento.
Lo más grave es que hay personas que llevan décadas en el Congreso sin resultados concretos ni beneficios reales para los ciudadanos. La política no puede seguir siendo un negocio ni un privilegio eterno. Colombia necesita renovación, límites al poder y una verdadera rendición de cuentas.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No respaldamos la llamada “Paz Total” porque, lejos de traer tranquilidad, ha profundizado la inseguridad en el país y ha enviado un mensaje equivocado a los criminales. Mientras los ciudadanos viven con miedo, los grupos armados y las bandas delincuenciales se fortalecen gracias a una política que les ha dado concesiones sin exigir resultados reales.
Esta estrategia ha sido una mano blanda con los bandidos y una mano dura con los colombianos honestos. La falta de autoridad, la suspensión de operativos y la ausencia de consecuencias han permitido que el crimen avance, que se amplíen los territorios controlados por estructuras ilegales y que aumenten delitos como la extorsión, el secuestro y el narcotráfico.
La paz no se construye premiando a quienes delinquen ni debilitando a la Fuerza Pública. La verdadera paz se logra con seguridad, justicia efectiva y un Estado que haga cumplir la ley. Colombia necesita orden, autoridad y respaldo total a quienes nos protegen, no políticas que legitimen la violencia y pongan en riesgo a la ciudadanía.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
No estoy de acuerdo con abrir diálogos con grupos ilegales en Colombia. Negociar con quienes han sembrado violencia, terror y criminalidad envía un mensaje equivocado al país: que delinquir paga y que la presión armada es un camino válido para obtener beneficios del Estado.
Estos grupos no han demostrado una verdadera voluntad de paz; por el contrario, mientras se habla de diálogo, continúan extorsionando, reclutando, desplazando comunidades y expandiendo sus economías ilegales. Dialogar sin condiciones claras ni resultados concretos solo debilita la autoridad del Estado y deja desprotegidos a los ciudadanos.
Colombia necesita una política de seguridad firme, justicia efectiva y un respaldo total a la Fuerza Pública. La paz no se construye sentándose con los criminales, sino garantizando el orden, haciendo cumplir la ley y protegiendo a las víctimas. El Estado no puede ponerse al mismo nivel de quienes han elegido el camino de la ilegalidad.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
La producción de drogas ha sido uno de los principales factores que ha alimentado la violencia, la corrupción y la inseguridad en Colombia. Detrás de este negocio ilegal hay muerte, reclutamiento de jóvenes, destrucción del tejido social y control criminal de amplias regiones del país. No es una economía alternativa: es una maquinaria que destruye comunidades y perpetúa el conflicto.
El narcotráfico fortalece a los grupos armados ilegales, financia el crimen organizado y debilita al Estado. Mientras exista producción de drogas, seguirá habiendo extorsión, desplazamiento forzado, asesinatos y miedo. Además, afecta gravemente la salud pública, el medio ambiente y la imagen del país ante el mundo. Colombia no puede resignarse a convivir con este flagelo. Se requiere una política firme que combata la producción de drogas, persiga las finanzas criminales y ofrezca alternativas reales y legales a las comunidades, sin legitimar economías ilícitas. Defender la legalidad es defender la vida, la seguridad y el futuro de las próximas generaciones.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Si totalmente de acuerdo porque cada uno tiene que decidir si quiere vivir o si no.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Colombia no necesita una nueva reforma tributaria. Lo que el país necesita es orden en las finanzas públicas, eficiencia en el gasto y un Estado que administre bien los recursos que ya recauda. Seguir aumentando impuestos solo castiga a los ciudadanos, a los trabajadores y a los empresarios que cumplen la ley, mientras la economía se debilita y se frena la generación de empleo.
Más impuestos no significan mejores resultados cuando hay despilfarro, corrupción y falta de control. Tampoco se necesitan más subsidios que crean dependencia y no resuelven los problemas de fondo. El verdadero camino es fortalecer la productividad, impulsar la inversión, apoyar a quienes generan empleo y garantizar que los recursos públicos se usen con transparencia y responsabilidad.Gravar más a los colombianos no es la solución. La solución es un Estado austero, eficiente y comprometido con el crecimiento económico, donde se premie el trabajo y el esfuerzo, no la improvisación ni el populismo fiscal.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Reducir el salario de los congresistas es una medida necesaria y justa. En un país con profundas desigualdades, no es aceptable que quienes legislan tengan ingresos desproporcionados frente a la realidad de millones de colombianos. El servicio público no puede ser un privilegio.
Este ajuste es una señal de coherencia, austeridad y respeto por los ciudadanos. El Congreso debe dar ejemplo, recuperar la confianza y demostrar que legislar es servir, no enriquecerse.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Estoy de acuerdo con que las iglesias paguen renta. Cuando una organización funciona como un negocio, genera ingresos y maneja grandes recursos, debe cumplir las mismas obligaciones tributarias que cualquier otra actividad económica. La fe no puede ser utilizada como excusa para evadir responsabilidades fiscales.
En muchos casos, estas estructuras operan con lógica empresarial, obtienen ganancias y acumulan patrimonio. Por eso, es justo y necesario que tributen. La igualdad ante la ley también aplica en materia de impuestos: quien hace negocio, paga renta.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Si, como lo mencioné anteriormente la reelección de los congresistas.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
No por el momento.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
El polígrafo debe aplicarse a todos los servidores públicos. Quien administra recursos del Estado o toma decisiones que afectan a los ciudadanos debe estar dispuesto a someterse a controles estrictos de transparencia. La lucha contra la corrupción exige herramientas firmes y sin privilegios.
El servicio público no puede ser un refugio para la mentira ni la opacidad. Polígrafo para todos es un mensaje claro: el que nada debe, nada teme, y quien no esté dispuesto a responder con transparencia, no debería ocupar un cargo público.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Salir a las calles y hacer el congreso desde las calles y mostrar cada propuesta y desacato que se presente.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia simplemente debe ser un garante de la transición democrática.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Empresarios antioqueños y el proceso queremos que cueste poco pero se lleve a más gente.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Por el momento no respaldamos a nadie como movimiento político.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Creo que es necesario continuar y fortalecer la política de restitución de tierras, donde se han logrado avances importantes y se debe seguir garantizando justicia para las víctimas. Este proceso es fundamental para reparar a quienes fueron despojados y avanzar en la legalidad del campo. Sin embargo, el resto de los mecanismos y programas que no han mostrado resultados reales deben terminarse. El país no puede seguir sosteniendo iniciativas ineficientes que consumen recursos públicos sin impacto. Colombia necesita concentrar sus esfuerzos en lo que funciona y poner fin a ese 99,99 % de políticas que no han dado resultados concretos.
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