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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Defender la institucionalidad, los intereses de mi región, del Valle del Cauca, y legislar con responsabilidad para el colectivo.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi prioridad será una agenda con tres frentes: Salud, empleo formal y seguridad alimentaria. Para ello radicaré varias iniciativas
- En salud: Insistiré en la creación de un comité técnico asesor para la justicia en materia de salud, para evitar decisiones que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema y el acceso de los pacientes.
- Seguridad alimentaria: Impulsaré un proyecto de ley que cree la política pública de bancos de alimentos regionales obligatorios y fomente los circuitos cortos de comercialización. Así reduciremos la dependencia de importaciones, fortaleceremos al productor local y mejoraremos el acceso nutricional en las cabeceras municipales.
- Empleo y emprendimiento: Presentaré un proyecto de ley para formalizar a las microempresas sin asfixiarlas, con reglas diferenciadas según su tamaño. Clasificaremos la informalidad por niveles reales, crearemos regímenes tributarios y de seguridad social ajustados, y abriremos el camino al microcrédito digno para dejar atrás el “gota a gota”.
- En lo regional: Radicaré un proyecto para que Buenaventura sea el puerto que merecemos los vallecaucanos y el país, garantizando que la riqueza que genera el puerto realmente llegue al Valle del Cauca.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es que la desigualdad y la violencia se alimentan de la ausencia real del Estado en muchas regiones. La solución exige una acción integral y sostenida que combine: recuperación de la autoridad y control territorial con el fortalecimiento de la Fuerza Pública y la protección de la población civil; una lucha decidida contra el narcotráfico y las rentas ilegales; e inversión social en educación, salud, empleo y desarrollo rural para cerrar brechas. Mientras el Estado no llegue primero que la ilegalidad, no habrá paz ni igualdad.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No. Porque Colombia ya cuenta con una Constitución garantista y suficiente para avanzar en las transformaciones que el país necesita.
Los problemas actuales no son de falta de normas, sino de incumplimiento, debilidad institucional y mala ejecución de las políticas públicas. Abrir una constituyente generaría incertidumbre jurídica, polarización política y riesgos para la estabilidad democrática.
La prioridad debe ser cumplir la Constitución de 1991, fortalecer las instituciones y hacer efectivas las reformas dentro del marco constitucional vigente.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompañaría ninguna de las dos opciones: ni la reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo.
Ambas figuras debilitan el equilibrio de poderes, concentran el poder y afectan la alternancia democrática, un principio esencial del sistema constitucional colombiano. Además, abren la puerta al uso indebido del aparato estatal con fines electorales. La estabilidad institucional del país se protege respetando los límites al poder y garantizando elecciones periódicas, no modificando las reglas de juego para favorecer a quienes gobiernan.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No en los términos actuales. La ausencia de metas claras y de control territorial efectivo ha debilitado la seguridad y la confianza ciudadana. Debe cerrarse ese enfoque y reemplazarse por una política de seguridad y paz con reglas claras, evaluación permanente y prioridad absoluta en la protección de la población civil.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, pero de manera condicionada y bajo reglas estrictas. Los diálogos con grupos ilegales solo son legítimos si tienen como objetivo la desmovilización real, el sometimiento a la justicia y la protección de la población civil, con marcos jurídicos claros y plazos definidos. Estos procesos no pueden convertirse en espacios de legitimación política, ni implicar el cese de la acción del Estado o impunidad. El diálogo debe ser un instrumento para la paz, no un reemplazo del deber constitucional de garantizar el orden público y la seguridad ciudadana.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Rechazo la legalización general de drogas ilícitas que incluya su producción y consumo recreativo. Esa medida no resolvería el problema del narcotráfico y, por el contrario, podría ampliar los mercados ilegales, afectar la salud pública y generar impactos negativos en la seguridad y convivencia.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
No estoy de acuerdo con la eutanasia. El Estado debe priorizar la protección de la vida y el fortalecimiento de los cuidados paliativos, garantizando atención integral, alivio del dolor y acompañamiento médico, psicológico y familiar. La respuesta institucional debe centrarse en cuidar y proteger la vida hasta el final, evitando que la eutanasia se convierta en una salida desesperada frente a las fallas del sistema de salud o la falta de apoyo al paciente.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No es necesaria una nueva reforma tributaria en este momento. La prioridad debe ser ejecutar y evaluar adecuadamente las normas vigentes, mejorar el recaudo, combatir la evasión y la elusión fiscal, hacer un uso eficiente y transparente de los recursos públicos existentes, evaluar el tamaño del Estado y la efectividad de políticas y programas para evidenciar si aportan valor público o de lo contrario, dejar de destinar recursos para lo que no aporta al bienestar de los ciudadanos.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
No considero que la discusión de fondo sea únicamente reducir salarios. Lo que el país debe exigir es que los congresistas trabajemos de verdad: sesiones efectivas, debates de control político serios, proyectos de ley útiles y resultados concretos para los ciudadanos.
La legitimidad del Congreso no se recupera solo con ajustes salariales, sino con responsabilidad, cumplimiento del deber y rendición de cuentas permanente. El foco debe estar en la productividad, la transparencia y el compromiso real con el país.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, estoy de acuerdo. Las iglesias deben tributar renta cuando desarrollen actividades económicas o comerciales, ajenas al culto, en condiciones de igualdad con cualquier otra entidad. La libertad religiosa no puede utilizarse para justificar privilegios fiscales. El Estado debe respetar la libertad de cultos, pero también garantizar la equidad tributaria, la transparencia y el control, diferenciando claramente entre la misión espiritual y los negocios.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, mi propuesta clave es: fortalecer la descentralización. Es necesario transferir más competencias, recursos y capacidad de decisión a los territorios, con controles claros y fortalecimiento institucional, para que departamentos y municipios respondan de manera efectiva a las necesidades locales. Una descentralización real mejora la eficiencia del Estado, acerca las decisiones a la ciudadanía y contribuye a cerrar las brechas regionales.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Garantizar la paridad y los derechos de la mujer requiere pasar del discurso a decisiones presupuestales concretas. La igualdad se mide en presupuesto, no en discursos. Mi propuesta es priorizar recursos para empleo digno y la formalización laboral femenina, brindar apoyo real al emprendimiento de mujeres, garantizar el acceso efectivo al crédito y el reconocimiento del trabajo de cuidado no remunerado.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La lucha contra la corrupción no se gana con retórica, sino con mecanismos de control verificables. Mi propuesta se basa en dos acciones concretas:
1. Prevención con trazabilidad total del gasto público, mediante sistemas de seguimiento en tiempo real y datos abiertos para el control ciudadano.
2. Sanción efectiva, fortaleciendo la investigación, agilizando los procesos y prohibiendo de manera real que corruptos vuelvan a contratar con el Estado.
Sin castigos ejemplares y sin control permanente, la corrupción se reproduce. Debemos cerrar los espacios a la impunidad.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Para contrarrestar esa imagen debemos garantizar la coherencia entre discurso y conducta, con acciones concretas:
1. Rendición de cuentas permanente: Información clara y accesible sobre mis votaciones, proyectos presentados y resultados legislativos.
2. Cercanía ciudadana: Fortaleciendo el trabajo territorial y los mecanismos de participación, para no perder el contacto con la realidad del Departamento.
3. Calidad legislativa: Priorizar leyes útiles, debatidas con rigor técnico y orientadas a resolver problemas reales, en lugar del populismo legislativo.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe manejar sus relaciones diplomáticas de manera pragmática, soberana y equilibrada, priorizando siempre los intereses nacionales.
Con Estados Unidos, es clave mantener una relación estratégica basada en la cooperación en seguridad, lucha contra el narcotráfico, comercio, inversión y migración, con diálogo franco y respeto mutuo, sin subordinación ni confrontación innecesaria.
Con Venezuela, se deben sostener relaciones diplomáticas funcionales y orientadas a objetivos concretos: seguridad fronteriza, control de economías ilegales, comercio binacional y atención al fenómeno migratorio. Sin legitimar conductas que afecten la estabilidad regional.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
La campaña se financia de manera transparente, legal y estrictamente apegada a los topes y reglas establecidos por la ley y la autoridad electoral. Los recursos provienen principalmente de aportes propios y donaciones de ciudadanos particulares debidamente reportados.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldaré la candidatura que garantice estabilidad institucional, respeto por la Constitución, recuperación de la seguridad y una agenda social responsable. Mi apoyo se basará en propuestas claras para recuperar el control territorial, fortalecer la economía, reducir la desigualdad y gobernar sin polarización. Más que un nombre, busco respaldar un proyecto serio, democrático y viable para el país.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Seguir: Deben mantenerse las medidas que han protegido al sector agropecuario, como el control de precios de insumos agrícolas, y avanzar en una política responsable de precios de los combustibles que corrija distorsiones fiscales sin afectar a los más vulnerables.
Acabar: El manejo improvisado de la política de seguridad y orden público .¿Por qué? La falta de claridad operativa y de control territorial ha debilitado la confianza ciudadana y permitido la expansión de las economías ilegales. Se debe cerrar ese enfoque y reemplazarlo por una política de seguridad integral, con autoridad del Estado, coordinación institucional y protección efectiva de la población civil.
Asimismo, deben corregirse las reformas mal diseñadas, mal implementadas, que han generado mayor incertidumbre y crisis en sectores sensibles como la salud. Las transformaciones sociales son necesarias, pero deben hacerse con rigor técnico, planeación, sostenibilidad y pensando en los usuarios del sistema, no desde la improvisación.
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