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En su Informe Global de Riesgos 2026, el Foro Económico Mundial advierte que los riesgos ambientales siguen ocupando un lugar central en la agenda de desarrollo. En el horizonte de corto plazo, incluye aspectos como eventos climáticos extremos y la contaminación en el top 10 de los riesgos más importantes.
Pero, la señal más preocupante aparece en el largo plazo. A diez años, los eventos climáticos extremos ocupan el primer lugar, seguidos por la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, los cambios críticos en los sistemas terrestres, la escasez de recursos naturales y la contaminación.
El mensaje es claro: los riesgos ambientales no son un asunto secundario sino uno de los grandes determinantes del futuro económico, social y político de los países.
Colombia no es ajena a esa advertencia. La crisis hídrica de 2024 y 2025 mostró hasta qué punto el país y, en particular sus grandes centros urbanos, sigue expuesto a fenómenos climáticos extremos. En Bogotá, donde el sistema Chingaza aporta la mayor parte del agua potable, la sequía obligó a mantener un racionamiento prolongado. La ciudad logró salir de la emergencia, pero el episodio dejó como lección que seguimos reaccionando tarde frente a riesgos que hace años han sido advertidos.
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La situación en la región Caribe este año refuerza esa preocupación. Las lluvias e inundaciones de comienzos de 2026 dejaron más de 27.000 familias afectadas en 172 municipios del país, siendo Córdoba uno de los departamentos más golpeados. Más que un episodio aislado, lo ocurrido vuelve a mostrar los costos de la débil preparación institucional, la baja capacidad de adaptación y la fragilidad de la gestión territorial frente a este tipo de eventos que cada vez son más comunes.
A esto se suma un problema estructural que sigue lejos de resolverse: la deforestación. Aunque en 2023 Colombia logró una reducción histórica y cerró ese año con 79.256 hectáreas deforestadas, los reportes posteriores mostraron un repunte en 2024 y 2025, particularmente en departamentos clave del arco amazónico como Caquetá, Meta, Guaviare y Putumayo. Hubo avances, sí, pero también una advertencia clara de reversión.
Por eso, revisar las propuestas ambientales de los candidatos a la presidencia no es algo menor. Es una forma de medir quién entiende la magnitud de los riesgos que ya enfrenta el país.
En esta nota analizo las propuestas de los candidatos que tienen programas de gobierno que tienen propuestas ambientales: Roy Barreras, Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella, y Miguel Uribe Londoño. Los otros candidatos no tienen programas de gobierno o presentan propuestas ambientales en sus páginas web.
En materia de cambio climático el gran desafío es la adaptación
En materia de cambio climático, la pregunta clave no es quién menciona el tema, sino quién entiende que Colombia ya enfrenta sus impactos y que el principal reto del próximo gobierno será la adaptación. No se trata de un riesgo futuro, sino de efectos ya presentes como sequías, presión sobre el agua, inundaciones y afectaciones a la producción agropecuaria. Por ello, es insuficiente reducir la agenda climática a la transición energética o a declaraciones generales sobre sostenibilidad.
Algunos candidatos muestran señales de reconocimiento del problema. Roy Barreras incorpora lo ambiental en su eje de seguridad, sostenibilidad y soberanía energética, y menciona la protección del agua, las granjas solares y la creación de un fondo de justicia ambiental para la adaptación. Ese último elemento es especialmente relevante, porque sugiere una preocupación por los impactos diferenciados del cambio climático sobre los territorios y las poblaciones más vulnerables.
Iván Cepeda también menciona la importancia del cambio climático y lo conecta con la riqueza ambiental del país y con la transición energética, aunque en lo que se conoce hasta ahora no resulta claro cómo aterrizaría una agenda concreta de adaptación.
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Sergio Fajardo propone un programa de ambiente, biodiversidad y bioeconomía que incluye ciudades sostenibles, financiamiento y soluciones basadas en la naturaleza. Estos elementos permiten pensar en una estrategia de adaptación más robusta.
Paloma Valencia menciona restauración y protección ambiental, pero falta ver cuánto de eso se traduce en una agenda orientada a la resiliencia climática. Miguel Uribe pone más énfasis en seguridad y control territorial. Abelardo de la Espriella no menciona el cambio climático.
Lo preocupante es que en varias candidaturas el cambio climático sigue apareciendo como una mención general o como una extensión de la política energética. El gran desafío inmediato para Colombia no es solo reducir emisiones, es adaptarse a un país que ya cambió y que seguirá cambiando bajo condiciones ambientales cada vez más pronunciadas.
La deforestación es un problema ambiental, pero también de control territorial
La deforestación cruza dimensiones ambientales, de seguridad, economías ilegales y debilidad institucional. Por eso, las propuestas en este frente permiten ver tanto el compromiso con la conservación como la comprensión de sus causas y del tipo de Estado necesario para enfrentarlas.
Aquí hay diferencias importantes. Paloma Valencia pone la lucha contra la deforestación como prioridad y la conecta con restauración, pagos por servicios ambientales y regalías para el sector ambiental. En su caso, el énfasis parece estar más en incentivos y financiamiento para la conservación.
Sergio Fajardo propone cero deforestación a 2030, una meta ambiciosa que tiene la ventaja de poner una referencia clara sobre la mesa. La pregunta, por supuesto, es con qué instrumentos la alcanzaría, en qué territorios priorizaría la acción y cómo articularía la política ambiental con la presencia estatal, y las alternativas económicas para las comunidades.
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Miguel Uribe Londoño ofrece una lectura distinta. Su propuesta para la Amazonía mezcla seguridad democrática con conservación ambiental, lo que supone que la protección de los ecosistemas pasa por enfrentar a grupos armados, narcotráfico y minería ilegal mediante una mayor presencia estatal y aumento del pie de fuerza.
Abelardo de la Espriella insiste en un Estado fuerte y en el combate a la minería ilegal. En los casos de Uribe Londoño y de la Espriella, la deforestación aparece menos como un problema de política ambiental y más como un efecto del desorden territorial y actividades ilegales.
Las propuestas permiten ver que la deforestación sí está presente en el debate, pero desde lentes distintos. Para unos, se trata principalmente de un desafío de conservación y restauración. Para otros, es ante todo un problema de seguridad y control territorial.
El próximo gobierno tendrá que demostrar si es capaz de combinar ambas dimensiones, porque el país ya mostró que responder solo desde un frente no es suficiente.
Biodiversidad y la oportunidad de la bioeconomía
Si hay un terreno en el que Colombia podría construir una agenda ambiental más ambiciosa y estratégica, es el de la biodiversidad y la bioeconomía. No solo por la enorme riqueza natural del país, sino porque allí existe una oportunidad de conectar conservación, conocimiento, innovación, valor agregado y desarrollo territorial.
La pregunta clave es ¿cuáles candidaturas ven la biodiversidad solo como un patrimonio que hay que proteger y cuáles la entienden además como base de una nueva visión de desarrollo?
En este punto, Sergio Fajardo presenta una apuesta integral. Su programa asocia de manera explícita ambiente, biodiversidad y bioeconomía, y eso es relevante porque sugiere una mirada que busca no solo proteger ecosistemas, sino construir, a partir ellos, nuevas oportunidades productivas y territoriales.
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Paloma Valencia también menciona bioeconomía, restauración y la recuperación de ecosistemas estratégicos como los corales, lo que muestra una aproximación que reconoce el potencial económico de la conservación y del uso sostenible de la naturaleza.
Iván Cepeda habla de la riqueza ambiental de Colombia y de la biodiversidad como un motor económico del país. Sin embargo, no menciona estrategias ni prioridades concretas.
Roy Barreras, Miguel Uribe Londoño y Abelardo de la Espriella no incluyen la biodiversidad en sus propuestas.
En varias campañas la biodiversidad se menciona como símbolo nacional, como orgullo o como activo estratégico. Pero no siempre se convierte en una propuesta concreta. La diferencia de fondo está entre quienes la usan como referencia declarativa y quienes la elevan a una agenda de innovación, financiamiento, ciencia, desarrollo regional y transformación productiva.
El futuro ambiental de Colombia está en juego
Las propuestas muestran distintas formas de entender lo ambiental: como riqueza natural, como seguridad y control territorial o como oportunidad de desarrollo, aunque en varios casos no ocupa un lugar central. Este silencio refleja una desconexión frente a problemas clave del próximo cuatrienio y confirma que lo ambiental sigue siendo visto como un tema secundario. Más allá de mencionarlo, lo decisivo está en la solidez de las propuestas y su articulación con la política pública y el territorio, donde persisten vacíos y baja concreción. En un país de grandes retos, estas propuestas revelan no solo posturas frente a la naturaleza, sino cómo se concibe el futuro de Colombia.
*El autor es profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes.
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Por Felipe Roa-Clavijo, Escuela de Gobierno de los Andes
