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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Que el Estado funcione para la gente de a pie. Yo vengo del Caquetá, soy hijo de la Amazonía, y sé lo que es crecer y vivir donde el Estado no llega. Llevo 18 años trabajando con comunidades, jóvenes, mujeres y víctimas para transformar este país; voy a continuar este trabajo desde el Senado. Cuando el territorio no tiene voz, lo que manda es el abandono, la violencia y la corrupción. No tengo apellido ni padrino político; mi fuerza está en la gente que quiere una renovación del congreso y está cansada de los clanes y las maquinarias políticas.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
NO.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Impulsaré una Ley de Desarrollo Económico Territorial y Sostenible: que la inversión pública y privada llegue con reglas claras a las regiones, fortaleciendo economías locales (campesinas, populares, turismo comunitario, transformación productiva), empleo formal y encadenamientos regionales. Mi obsesión es que el Congreso deje de “hablar bonito” y empiece a mover presupuesto, oportunidades y Estado real hacia los territorios. Sin desarrollo económico no es posible superar las violencias, la exclusión y la falta de oportunidades.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema es que Colombia tiene un Estado desigual: funciona para unos pocos y abandona a millones. Se soluciona con tres cosas: presencia institucional real en los territorios, inversión social y justicia, una economía que formalice y abra oportunidades, y una paz que no sea discurso, sino transformación territorial con seguridad y derechos.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No la apoyaría como atajo político ni como bandera para dividir más al país. Colombia necesita reformas, sí, pero sin poner en riesgo derechos ni abrir la puerta a posibles retrocesos. Mi prioridad es cumplir la Constitución: que la paz, los derechos y la inversión territorial se vuelvan una realidad. Tampoco creo que una constituyente sea el demonio; es un proceso legal y democrático, que si se propone, debe ser con consenso nacional, garantías y con un propósito democrático incuestionable.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
Colombia no necesita presidentes eternos, suficiente con los que ya se creen; necesita instituciones fuertes y transparentes. Reelección inmediata y ampliación del periodo concentran poder y aumentan el riesgo de captura política del Estado.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
En Colombia llevamos décadas atrapados en una falsa discusión: o paz o seguridad. Esa división nos ha servido para polarizarnos, pero no para resolver el problema. Yo no creo en esa dicotomía. La paz no es solo negociación, ni la seguridad es solo fuerza. La paz verdadera es transformación territorial: inversión social real, educación, vías, crédito para el campesino, oportunidades para los jóvenes y una economía lícita fuerte que le quite espacio a lo ilegal. Pero esa transformación debe ir acompañada de presencia institucional completa: justicia que funcione y fuerza pública que garantice la vida y la propiedad. No es una contra la otra. Son complementarias. Los colombianos no deberíamos escoger entre paz o seguridad. Deberíamos exigir ambas. Porque cuando el Estado llega completo, la violencia retrocede.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Si el diálogo salva vidas y reduce violencia, pero con reglas: protocolos claros, cese real, liberación de secuestrados, no reclutamiento, no extorsión y mecanismos verificables. Dialogar no es rendirse: es proteger a la población.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo una política basada en evidencia: regular cannabis y tratar el consumo como un asunto de salud pública, no de cárcel. En otras sustancias, estoy abierto a un debate serio, con enfoque internacional, porque la guerra contra las drogas ha llenado cementerios y no ha resuelto el problema. Aquí se produce, pero es en los EEUU y Europa donde se consume; ellos tienen que asumir también su responsabilidad.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí. Creo en la libertad y la dignidad humana: decisiones difíciles deben tener acompañamiento médico, garantías y regulación, no clandestinidad.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Antes de pensar en otra reforma, hay que cerrar la evasión, perseguir la elusión y hacer que los que más tienen paguen lo que deben. Si el país requiere recursos adicionales, tendría que ser una reforma progresiva, sin castigar a la clase media ni a la economía popular. Aunque personalmente creo que a mediano y largo plazo la mejor fórmula para aumentar el recaudo es fortalecer el aparato productivo del país, que el trabajador tenga mejores ingresos, que se genere valor agregado y aumente el consumo de bienes y servicios.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí. El Congreso y altos cargos del Estado no pueden pedirle sacrificios al país con sus privilegios intactos. El servidor público debe ganar un salario que le permita vivir con dignidad, nada más. Hay que reducir ingresos y beneficios, y amarrar la representación a una rendición de cuentas real.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Las iglesias como ejercicio de culto tienen protección constitucional, pero sus actividades económicas deben tributar como cualquier otra organización. La fe no puede ser un escudo para negocios sin reglas. No se pueden seguir escudando en la fe para evadir la tributación por negocios que no tienen nada que ver con la religión.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, haría modificaciones profundas al sistema político colombiano. Primero, el Consejo Nacional Electoral no puede seguir siendo un reparto entre partidos. Sus magistrados deben ser elegidos por mérito, por conocimiento en derecho electoral, no por acuerdos políticos. Segundo, necesitamos reglas claras y duras sobre financiación de campañas: transparencia total, rendición de cuentas obligatoria y sanciones reales contra el clientelismo. La política no puede seguir financiándose en la sombra. Tercero, listas más democráticas y transparentes, donde la ciudadanía tenga más poder que las maquinarias. El sistema debe permitir que el ciudadano se imponga sobre los clanes y no al revés. Si queremos recuperar la confianza en la política, tenemos que devolverle el poder a la gente y quitarle el control a las estructuras que lo han secuestrado.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Paridad real en listas y cargos, presupuesto para prevención y atención de violencias, autonomía económica (empleo, cuidado, un derecho emprendimiento), y rutas efectivas para que denunciar sí sirva. Sin mujeres seguras y con oportunidades, no hay democracia completa.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción es el principal obstáculo para que el Estado funcione. Y enfrentarla exige cambios estructurales. Primero, reformar la justicia para quitar beneficios a los condenados por corrupción. No puede haber tratos blandos para quienes se roban la plata de la gente. Segundo, garantizar independencia real de los entes de control. Procuraduría y Contraloría no pueden seguir dependiendo políticamente del Congreso que deben vigilar. Y tercero, fortalecer el control ciudadano con transparencia total y vigilancia pública del gasto. Si cerramos esas puertas, empezamos a recuperar la confianza.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Tres cosas: rendición de cuentas periódica en territorio, agenda legislativa clara y pública, y trabajo con resultados. El Congreso se recupera cuando la gente ve cambios, no cuando escucha excusas. Tambien es importante mencionar que si la ciudadanía quiere un congreso distinto debe votar bien, no pueden pedir un congreso ético y al servicio de la gente mientras eligen a los mismos corruptos de siempre.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe manejar sus relaciones exteriores con soberanía y dignidad, no desde la sumisión. Con Venezuela somos pueblos hermanos. Más allá de los gobiernos, compartimos historia, frontera y economía. La diplomacia debe servir para proteger derechos humanos, fortalecer el comercio y garantizar estabilidad en la frontera. Con Estados Unidos tenemos una relación histórica de cooperación y somos su aliado más importante en la región. Pero esa relación debe basarse en respeto mutuo. No más gobiernos entrando de rodillas a la Casa Blanca. Somos una nación soberana. La política exterior debe defender los intereses de Colombia, con cooperación sí, pero con respeto y dignidad.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi compromiso es financiación legal, reportada y transparente ante el CNE. Mi campaña se apoya en aportes ciudadanos, voluntariado y actividades públicas.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Soy un verde progresista y respaldaré la candidatura presidencial que garantice la continuidad de las reformas sociales que dignifican a la gente. Que consolide una paz con seguridad basada en la transformación real de los territorios. Que defienda el territorio, proteja la Amazonía y el agua que sostiene al país. Que fortalezca el crédito público, los centros de acopio y la transformación productiva para dignificar al campesino. Que impulse vivienda rural y oportunidades concretas para los jóvenes. Y que garantice la inclusión efectiva de los sectores históricamente excluidos por el Estado. Colombia no puede retroceder ni volver al gobierno de los privilegios, necesitamos profundizar los cambios con responsabilidad, justicia social y presencia real del Estado en los territorios.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Una política que debe continuar después del 7 de agosto es la entrega y titulación de tierras al campesinado colombiano. Esa es una deuda histórica del Estado. Pero no basta con entregar la tierra: debe fortalecerse con crédito a bajo interés y largo plazo, bancos de maquinaria, centros de acopio, centros de transformación y formas de asociación que permitan al campesino producir a escala y competir en el mercado nacional e internacional. Sin productividad y comercialización, la reforma se queda incompleta. Más que eliminar políticas, haría ajustes responsables. En el caso de la paz total, es necesario fortalecerla con tiempos claros, protocolos rigurosos y mayor coordinación institucional. Teniendo en cuenta que la paz y la seguridad son agendas que se complementan, la apuesta de paz no puede avanzar sin una apuesta firme de seguridad y presencia integral del Estado. Solo así se puede reducir realmente el sufrimiento y la violencia en los territorios.
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