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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Trabajar por los sectores más vulnerables: pescadores, trabajadores informales, agricultores y quienes han estado excluidos de las decisiones públicas. Represento a quienes no tienen voz efectiva y enfrentan barreras para acceder a ingresos dignos, vivienda, seguridad social y estabilidad económica. Impulsaré economía popular, desarrollo productivo rural, formalización laboral progresiva y acceso equitativo a programas del Estado, con políticas construidas desde los territorios y orientadas a inclusión y oportunidades reales.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No he tenido investigaciones disciplinarias, administrativas ni penales.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
La Ley de Integración Productiva y Seguridad Alimentaria Territorial para fortalecer economías regionales, aumentar producción nacional y garantizar acceso sostenible a alimentos. Colombia importa 15 millones de toneladas de alimentos y el 65% del pescado que consume. Esta dependencia es insostenible. La ley integrará agricultores y pescadores a los mercados mediante encadenamientos, compras públicas y acceso a financiamiento, asistencia técnica y comercialización, priorizará pequeños y medianos productores, incorporará productos locales al PAE, y vinculará el predial rural al PIB agropecuario para evitar alzas desproporcionadas.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
La seguridad: garantizar vida, libertad e integridad y permitir actividad económica sin violencia ni control criminal. Propongo una Ley de Recuperación del Orden y Control Territorial para restablecer presencia estatal en zonas críticas, coordinar Fuerza Pública y justicia, reducir impunidad y golpear economías ilegales.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No. Colombia tiene una Constitución sólida. El problema es su aplicación. Una constituyente generaría incertidumbre jurídica, política y económica. Las reformas pueden hacerse vía Congreso y actos legislativos sin alterar el equilibrio institucional.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. La alternancia garantiza equilibrio y evita concentración de poder. La reelección inmediata debilita controles y afecta igualdad electoral. Ampliar el período altera reglas y afecta confianza y seguridad jurídica.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Sí, pero con modificaciones. La paz es un mandato constitucional, sin embargo, el proceso actual tiene fallas en ejecución, verificación y resultados. Debe ajustarse para exigir condiciones más estrictas: metas verificables de reducción de homicidios, secuestros y extorsión, sometimiento real a la justicia, cero impunidad, y sin suspensión del control territorial ni debilitamiento de la Fuerza Pública. Respaldaría una política de paz corregida, con autoridad, justicia efectiva y desmantelamiento real de estructuras criminales. Sin resultados concretos, no puede haber continuidad automática.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, como instrumento, no como fin. Debe haber marco jurídico claro, sometimiento a la justicia, reparación y resultados verificables. El Estado no puede renunciar a la autoridad.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
No apoyo legalización generalizada con producción y consumo. El problema es el poder económico y territorial de organizaciones criminales. Se debe fortalecer prevención, salud pública y rehabilitación, pero la legalización indiscriminada no resuelve la violencia.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
No. La vida debe protegerse en todas sus etapas. La respuesta es fortalecer cuidados paliativos, atención médica oportuna y acompañamiento integral, no acelerar la muerte.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No. Colombia ha aprobado 22 reformas y la deuda es de 1.200 billones (65% del PIB). Repetir reformas no resolvió el problema. La solución es crecimiento productivo, formalización y apoyo a pymes para ampliar base tributaria y recaudo sostenible.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Si. Debe revisarse con enfoque estructural, no simbólico. Un recorte equivale al 0,01% de un presupuesto de 546,9 billones. Se requiere remuneración ligada a resultados con indicadores de productividad y control político.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Las actividades religiosas deben mantener tratamiento especial. Las actividades comerciales no vinculadas al culto deben tributar como cualquier organización, garantizando transparencia y legalidad.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, con ajustes, no ruptura. Fortalecer partidos, transparencia en financiación, democracia interna y rendición de cuentas para evitar fragmentación y mejorar gobernabilidad.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Fortalecer autonomía económica, especialmente de mujeres cabeza de hogar y rurales. Formación, acceso a crédito, igualdad salarial, prevención y sanción de violencia y fortalecimiento de rutas de atención integral.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción equivale al 5% del PIB. El 65% de los casos involucra a alcaldes y gobernadores, entre 2010 y 2023, peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y concusión concentraron el 65% de los casos. La impunidad alcanza el 94%. Propuestas: digitalización total y trazabilidad en tiempo real de la contratación pública, con alertas automáticas de riesgo. Extinción de dominio ágil y recuperación efectiva de recursos. Justicia especializada en delitos contra la administración pública, con metas verificables y reducción medible de la impunidad.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Rendición de cuentas obligatoria: publicar asistencia, votaciones, proyectos e impacto. Sanciones por ausentismo y conflictos de interés. Presencia territorial permanente. Productividad y resultados medibles.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Actuar con base en el interés nacional. EE. UU. es el principal socio: más de 50.000 millones de dólares y cerca del 30% del comercio exterior. Debemos fortalecer inversión, tecnología y seguridad jurídica. Venezuela comercia entre 1.000 y 2.000 millones, lejos de los más de 7.000 millones previos. Se requiere una relación pragmática, con canales abiertos para seguridad fronteriza y comercio formal. Política exterior firme, equilibrada y orientada a resultados económicos.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
La campaña se financia con recursos propios y apoyo familiar, cumpliendo estrictamente los topes y reglas legales. Es una campaña austera y de bajo costo, basada en trabajo territorial directo, reuniones pequeñas con efecto multiplicador (“bola de nieve”), redes sociales y difusión de propuestas. Vendemos ideas, no favores. Este modelo reduce gastos operativos y evita depender de grandes financiadores. No hay compra de votos ni compromisos indebidos, la financiación es transparente y enfocada en propuestas programáticas.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Mi respaldo estará condicionado a coincidencias programáticas claras: crecimiento económico con equidad, fortalecimiento institucional y sostenibilidad fiscal. No apoyaré propuestas que promuevan populismo fiscal, expansión de gasto público improductivo o medidas que pongan en riesgo la estabilidad económica y política del país. Colombia necesita responsabilidad fiscal, generación de empleo y desarrollo productivo, no promesas inviables. El apoyo será para quien garantice estabilidad, disciplina económica y oportunidades reales para los sectores más vulnerables.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Debe mantenerse el enfoque territorial del PND y la gestión del agua como eje del desarrollo. Debe terminar la brecha entre planeación y resultados. Se necesitan metas verificables, ejecución eficiente y evaluación por impacto real. El nuevo ciclo debe corregir fallas, recuperar confianza y priorizar resultados concretos.
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