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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi motivación es contribuir a una política más responsable y conectada con el territorio. Creo que el Congreso necesita representantes que entiendan la realidad de las regiones, que escuchen y que legislen con seriedad, pensando en el largo plazo y en el bienestar de las personas, no en el ruido político del momento.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi prioridad de llegar al Congreso será trabajar por un desarrollo regional responsable que articule seguridad, empleo, desarrollo social y sostenibilidad ambiental. Creo que estas dimensiones no pueden abordarse por separado: fortalecer la seguridad permite generar empleo, el empleo impulsa el desarrollo de las comunidades y todo debe hacerse protegiendo el territorio y los recursos naturales. Desde la Cámara quiero contribuir a que esas decisiones se tomen con seriedad, coordinación institucional y visión de largo plazo, especialmente para regiones como el Valle del Cauca.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
A mi juicio, uno de los principales problemas de Colombia es la desconexión entre las decisiones públicas y la realidad de los territorios, lo que ha debilitado la confianza en las instituciones. Cuando las políticas se diseñan sin entender cómo vive la gente, se generan frustración, informalidad y conflictividad. Creo que la solución pasa por fortalecer una institucionalidad que escuche más, decida con responsabilidad y ejecute mejor, articulando seguridad, desarrollo económico, inclusión social y sostenibilidad ambiental con una visión de largo plazo.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No, Considero que Colombia no necesita una asamblea constituyente en este momento. El país requiere estabilidad institucional y una mejor aplicación de las leyes existentes, no abrir procesos que generen mayor incertidumbre. Más que cambiar la Constitución, se necesita fortalecer los mecanismos de control, reglamentación y seguimiento para que las normas se cumplan efectivamente. El reto está en mejorar la capacidad del Estado para ejecutar, vigilar y responder, no en reescribir las reglas del juego.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompañaría una reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo presidencial. Colombia necesita fortalecer y madurar su democracia, consolidar los contrapesos institucionales y mejorar la calidad del ejercicio del poder antes de plantear cambios de ese tipo. Más que prolongar los mandatos, el país requiere gobiernos que cumplan su periodo con resultados, respeto por las reglas y rendición de cuentas efectiva.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No respaldo la política de paz total tal como está planteada actualmente. Considero que ha carecido de controles claros, compromisos verificables por parte de los actores armados y mecanismos efectivos de seguimiento. En la práctica, esto ha terminado generando mayor incertidumbre y afectaciones a la seguridad de las comunidades. Creo que cualquier política de paz debe construirse con reglas claras, exigencias reales, respeto por la ley y un enfoque prioritario en las víctimas y en la protección de la ciudadanía.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí creo en el diálogo como una herramienta para buscar la paz, pero no en diálogos sin reglas claras, controles efectivos y compromisos verificables. El diálogo no puede debilitar la autoridad del Estado ni poner en riesgo la seguridad de las comunidades. Para que contribuya realmente a la paz, debe estar estrictamente enmarcado en la ley, con resultados medibles, protección a la ciudadanía y centralidad en las víctimas.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
No apoyo la legalización de drogas ilícitas en las condiciones actuales del país. Colombia hoy no cuenta con la capacidad institucional, los controles, ni la regulación necesaria para asumir un proceso de ese tipo sin generar riesgos adicionales en seguridad, salud pública y control territorial. Antes de plantear cambios de fondo, el país debe fortalecer su institucionalidad, su capacidad de regulación y su presencia efectiva del Estado en los territorios. Las decisiones en este tema deben tomarse con responsabilidad y evidencia, no por presión ideológica ni soluciones aparentes.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
La eutanasia es un tema regulado por la Constitución y la ley, y debe abordarse con respeto por la dignidad humana y la autonomía. Creo que, dentro del marco legal vigente, cada caso debe ser evaluado con rigor por las familias, los pacientes y los equipos médicos, con criterios claros y acompañamiento integral del Estado, sin imposiciones ni decisiones generalizadas.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No considero que Colombia requiera otra reforma tributaria en este momento. El país necesita, más bien, una revisión seria del gasto público, mayor racionalización de los recursos y controles efectivos para evitar el despilfarro y la ineficiencia. Antes de pedirle más esfuerzos a los ciudadanos y a las empresas, el Estado debe demostrar que usa bien los recursos que ya recauda.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
No considero que la discusión deba centrarse únicamente en reducir salarios. Los congresistas y altos funcionarios son responsables de decisiones que afectan al país entero y deben actuar como la junta directiva de Colombia. Lo que sí se requiere es elevar los estándares de exigencia, trabajo, transparencia y rendición de cuentas, para que cada peso que el Estado paga esté respaldado por resultados reales y responsabilidad pública.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Creo en el respeto por la libertad religiosa y en el papel social que cumplen muchas iglesias en las comunidades. Al mismo tiempo, Colombia es un Estado laico y necesita reglas claras y equitativas. Cuando existen actividades económicas o ingresos significativos, es razonable que se evalúen mecanismos de contribución justos, siempre con diálogo, gradualidad y sin afectar la labor social y espiritual que muchas organizaciones realizan.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Considero que el sistema político colombiano puede fortalecerse con ajustes puntuales que mejoren la equidad y la calidad de la representación. Por ejemplo, es necesario revisar los mecanismos de financiación política para reducir barreras de entrada y evitar que los candidatos deban endeudarse para competir, garantizando condiciones más justas desde el inicio.
Asimismo, creo que se debe fortalecer la formación y preparación de quienes resultan electos, para que puedan ejercer sus funciones con mayor responsabilidad y conocimiento del Estado. Más que grandes reformas, el país necesita mejoras institucionales que hagan la política más transparente, profesional y accesible.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Garantizar los derechos de las mujeres requiere decisiones concretas, como fortalecer el sistema de cuidado y apoyar a las mujeres cuidadoras, que hoy asumen una carga invisible. También implica generar condiciones reales de empleo, seguridad y participación efectiva, para que la paridad sea una realidad y no solo una cifra.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La lucha contra la corrupción requiere sanciones reales y consecuencias efectivas, no solo discursos. Creo que, quienes se compruebe que han cometido actos de corrupción deben enfrentar inhabilidades severas y permanentes para contratar o ejercer cargos públicos, tanto en el sector político como privado.
Además, es necesario cerrar los mecanismos que permiten los carruseles de contratación, fortaleciendo los controles, la transparencia y la rendición de cuentas, y evitando que redes familiares o cercanas se beneficien del Estado. Combatir la corrupción implica quitar incentivos, fortalecer la vigilancia y asegurar que el delito no resulte rentable.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La mala imagen del Congreso no se revierte con discursos, sino con comportamientos distintos. Creo que la única forma de contrarrestar esa desconfianza es ejercer la representación con seriedad, coherencia y transparencia. Eso implica trabajar con rigor, explicar las decisiones que se toman, rendir cuentas de manera permanente y mantener una conexión real con el territorio. La confianza no se pide, se construye con hechos y consistencia en el tiempo.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe mantener relaciones estables y constructivas con Estados Unidos y con Venezuela, basadas en respeto mutuo, diálogo, cooperación y defensa de nuestra soberanía, priorizando siempre la seguridad y el bienestar de los colombianos.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se ha financiado hasta ahora con recursos propios mínimos y con el apoyo logístico y material que entrega el partido, todo dentro de los límites legales.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo a los dos candidatos presidenciales inscritos por el Partido Oxígeno. Considero importante fortalecer el proyecto político del partido desde una postura de respeto, pluralidad y coherencia programática, permitiendo que la ciudadanía conozca y evalúe las distintas visiones que representamos.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
El acceso a la tierra para víctimas y poblaciones vulnerables es una política necesaria y debería mantenerse, pero con una ejecución mucho más rigurosa, acompañamiento técnico y garantías de seguridad. En cambio, deben corregirse o acabarse aquellas políticas que han generado incertidumbre, debilitado la seguridad o carecido de controles claros. El país necesita menos improvisación y más capacidad de ejecución.
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