¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación para ser congresista es representar a quienes hoy no tienen voz: las personas que están siendo expulsadas de sus propios barrios por el aumento descontrolado de los arriendos, la especulación inmobiliaria y un modelo de ciudad que pone al negocio por encima de la gente.
Mi lema es ‘De aquí no nos sacan’ porque creo que el Congreso debe servir para poner límites reales a los grandes arrendadores y a los inversionistas que están encareciendo la vida, y para garantizar que vivir dignamente en Colombia no sea un privilegio, sino un derecho.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No. No he tenido ni tengo investigaciones disciplinarias, administrativas ni penales.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi proyecto principal será impulsar una ley de protección al derecho a la vivienda y al arraigo territorial, que ponga límites al aumento de los arriendos, regule a los grandes arrendadores y fondos de inversión, y proteja a las familias de los desalojos injustificados. Quiero que el Congreso deje de legislar para la especulación y empiece a legislar para que la gente pueda seguir viviendo en sus barrios, en sus ciudades y en su país.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es un modelo que concentra la riqueza y expulsa a la mayoría: salarios que no alcanzan, arriendos impagables y servicios cada vez más caros, mientras unos pocos hacen negocio con lo básico para vivir. Eso rompe el tejido social y profundiza la desigualdad.
Creo que se soluciona poniendo límites al poder económico que hoy dicta las reglas: regulando los arriendos, frenando la especulación, fortaleciendo el empleo digno y usando el Estado para proteger a la gente, no a los grandes intereses.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Creo que Colombia necesita cambios estructurales, pero esos cambios deben hacerse fortaleciendo la democracia y la participación ciudadana, no debilitándolas. Una asamblea constituyente solo tendría sentido si surge de un amplio consenso social y con reglas claras que garanticen derechos, no como una salida para concentrar poder o borrar conquistas sociales. Mi prioridad es defender la Constitución de 1991 como un pacto de derechos, y trabajar desde el Congreso para que se cumpla, especialmente en lo que tiene que ver con vivienda, participación y justicia social.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. Colombia no debe volver ni a la reelección presidencial inmediata ni a la extensión del período. Ambas figuras concentran poder, debilitan los controles y ponen en riesgo la democracia. Nuestro país ya vivió las consecuencias de ese camino. La alternancia en el poder es una garantía para que nadie se crea dueño del Estado y para que las instituciones estén al servicio de la ciudadanía, no de un proyecto personal.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Sí. La paz no puede seguir siendo un discurso, tiene que convertirse en una política de Estado. Respaldaré la paz total en la medida en que se traduzca en menos violencia, más presencia social del Estado, verdad para las víctimas y oportunidades reales para los territorios. La paz se construye cuando la gente puede vivir sin miedo, con tierra, trabajo, educación y servicios, no solo con acuerdos en el papel.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, estoy de acuerdo con que el Estado dialogue con grupos armados ilegales si ese diálogo tiene como objetivo poner fin a la violencia y proteger a la población civil. Negociar no es rendirse: es buscar que haya menos muertos, menos desplazamientos y más vidas salvadas. Eso sí, esos diálogos deben tener reglas claras, participación de las víctimas y compromisos reales de verdad, justicia y no repetición.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo una regulación responsable de sustancias como la marihuana, porque la prohibición solo ha fortalecido al crimen organizado, llenado las cárceles de personas pobres y aumentado la violencia. Regular no es promover el consumo: es quitarle el negocio a las mafias, proteger la salud pública y permitir que el Estado controle, prevenga y trate los consumos problemáticos con enfoque de derechos y evidencia científica.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí. Estoy de acuerdo con la eutanasia como un derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo y su vida cuando enfrentan sufrimientos irreversibles. Defender la vida también es defender la dignidad, y nadie debería ser obligado por el Estado a vivir en dolor o sin autonomía.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No creo que Colombia necesite simplemente ‘otra reforma tributaria’ cortoplacista que vuelva a gravar la clase media o descargar el peso fiscal sobre quienes menos tienen. Lo que se requiere es una discusión profunda para cerrar los huecos que desangran el recaudo fiscal, combatir la evasión y elusión y diseñar un sistema más justo y progresivo que garantice recursos suficientes para educación, salud, ciencia y servicios públicos sin afectar los ingresos de las familias y las pequeñas empresas. El enfoque debe ser serio, transparente y con debate público real, no impuesto desde decretos o con medidas improvisadas.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí. El salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado debe reducirse. En un país donde millones de personas viven con salarios que no alcanzan para pagar el arriendo, la comida o el transporte, es inaceptable que quienes toman las decisiones tengan sueldos desconectados de la realidad del país. Reducir esos salarios no solo es un acto de justicia, también es una forma de recuperar la confianza ciudadana y liberar recursos para lo social.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí. Las iglesias que funcionan como grandes organizaciones económicas deben pagar impuestos como cualquier otra entidad. La libertad religiosa no puede ser una excusa para evadir responsabilidades tributarias. Un Estado laico garantiza la libertad de culto, pero también exige que quienes generan ingresos contribuyan al bienestar colectivo.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí. Haría cambios para que la política deje de estar capturada por el dinero y los privilegios. Colombia necesita reglas más estrictas de financiación de campañas, listas cerradas y paritarias, y mecanismos reales de participación ciudadana para que el Congreso represente a la gente y no a los grandes intereses económicos. La democracia debe ser de la ciudadanía, no de quienes pueden pagarla.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Impulsaré una ley de paridad real que obligue a que las listas electorales, los altos cargos del Estado y los órganos de decisión tengan una participación equitativa de mujeres. Además, trabajaré por una política integral contra las violencias de género que garantice presupuesto para rutas de atención efectivas y justicia rápida para las víctimas. La igualdad no puede seguir siendo un discurso: debe traducirse en poder, protección y autonomía económica para las mujeres.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción se combate quitándole el oxígeno al negocio. Mi propuesta es triple: primero, transparencia total en la contratación pública, con plataformas abiertas donde cualquier ciudadano pueda ver en tiempo real quién contrata, cuánto y con quién. Segundo, prohibir que empresas condenadas por corrupción vuelvan a contratar con el Estado y crear un registro público de corruptores. Y tercero, fortalecer a la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para que los grandes responsables sí paguen, no solo los funcionarios de menor rango. La impunidad es el combustible de la corrupción, y eso es lo que hay que cortar.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La gente no desconfía del Congreso por ignorancia, sino por experiencia. Para cambiar esa percepción hay que cambiar la forma de hacer política. Yo me comprometo a rendir cuentas y a hacer públicas mis votaciones y a mantener un vínculo permanente con las comunidades que represento. El Congreso debe dejar de ser un club cerrado y convertirse en una institución que le responda a la gente. La confianza se recupera con hechos, no con discursos.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe mantener una diplomacia responsable y soberana frente a Estados Unidos y Venezuela. Con EE. UU., buscar cooperación en áreas estratégicas pero sin renunciar a la autonomía y el respeto mutuo. Con Venezuela, consolidar la normalización de relaciones, promover el diálogo político y la cooperación social y económica, y trabajar juntos por la paz y el desarrollo fronterizo. Las relaciones exteriores deben proteger la soberanía, la seguridad y los intereses de la población colombiana.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia de forma legal, ética y transparente, cumpliendo con todas las normas del Consejo Nacional Electoral. Las fuentes de financiación son aportes voluntarios de ciudadanos y ciudadanas comprometidos con nuestro proyecto, la venta de bonos y la realización de eventos de recolección de fondos como encuentros comunitarios. No contamos con aportes de empresas con contratos con el Estado ni de personas sancionadas por la ley; todos los aportes están debidamente registrados y serán reportados ante las autoridades competentes.
El costo de nuestra campaña es consciente y ajustado a una gestión austera: priorizamos la movilización ciudadana, el uso responsable de recursos y actividades que entrelacen a la gente con nuestras propuestas. Cada contribución está orientada a garantizar que nuestra voz llegue a más personas sin depender de grandes intereses privados.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo a Sergio Fajardo porque he caminado con él, lo conozco desde que tenía 13 años y he visto su coherencia a lo largo de los años. Creo profundamente en su apuesta por la educación como motor de transformación social y en su forma de hacer política sin corrupción ni clientelismo. Colombia necesita un proyecto que invierta en el talento de su gente, no en la politiquería, y por eso confío en él.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Creo que una política del presidente Gustavo Petro que debe continuar es la apuesta por la paz total y el enfoque social en los territorios, porque Colombia no puede seguir resolviendo sus conflictos solo con represión mientras abandona a las comunidades más golpeadas por la violencia, el narcotráfico y el despojo.
La política que debe acabarse es la improvisación en materia económica y fiscal, que ha generado incertidumbre, golpeado la inversión y no ha logrado resolver de fondo el problema del costo de vida. El país necesita una transición económica responsable, que proteja a la gente sin poner en riesgo el empleo ni la estabilidad.
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