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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación nace de una experiencia personal que comparto con millones de colombianos: descubrir que la edad, en lugar de ser un activo, se convierte en una barrera invisible que excluye, silencia y descarta. Después de más de 40 años de trabajo, conocimiento y servicio, entendí que el país no pierde talento por falta de capacidad, sino por prejuicios profundamente arraigados. Quiero llegar al Congreso para cambiar esa narrativa. Para demostrar que Colombia no puede darse el lujo de desperdiciar la experiencia, la productividad y el liderazgo de quienes hoy tenemos más años, más criterio y más compromiso. Mi motivación es construir leyes que miren el futuro con realismo: un país que envejece, que vive más, pero que necesita seguir siendo productivo, digno y sostenible. Aspiro al Senado para que la economía de la longevidad sea una oportunidad y no una condena; para que el trabajo, el emprendimiento y la seguridad económica no tengan fecha de vencimiento; y para que ninguna persona vuelva a sentirse “demasiado mayor” para aportar. No llego a aprender política; llego a poner mi experiencia al servicio de un país que necesita menos discursos y más soluciones con sentido humano.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
Ninguna.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
En atención a las nuevas dinámicas demográficas de Colombia y al envejecimiento acelerado de nuestra población, presentaré la Ley Marco sobre Longevidad Productiva que dará vida al Sistema Nacional de Envejecimiento Activo, saludable, inclusivo y con acceso pleno a la salud, el trabajo, la seguridad económica, la cultura, la educación continua y la vida digna, priorizando la eliminación del edadismo, la garantía de servicios integrales y la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y las familias para construir una Colombia verdaderamente intergeneracional y justa para todas las edades. Recogerá todas las leyes y decretos en materia de adulto mayor. No será una ley para “viejos”, es una ley para un país cuyos ciudadanos van a vivir más y requieren ser activos y productivos, no una carga más para el Estado a través del asistencialismo que es necesario solo en las poblaciones más vulnerables.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El problema no es solo económico o de seguridad: es de visión de país. Colombia legisla para el ayer, no para el país que ya somos. El principal problema de Colombia es que seguimos tomando decisiones de corto plazo para un país que ya cambió estructuralmente, especialmente en lo demográfico, lo social y lo productivo. Colombia está envejeciendo aceleradamente, tiene una natalidad en descenso y un mercado laboral que expulsa talento por edad, mientras el Estado responde con políticas fragmentadas, asistencialistas y desconectadas entre sí.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyaría un proceso de asamblea constituyente. Colombia no necesita hoy una ruptura institucional, sino estabilidad, reglas claras y cumplimiento efectivo de la Constitución vigente. Nuestra Constitución de 1991 ofrece un marco suficientemente amplio para avanzar en reformas sociales, económicas y demográficas profundas, el problema no es la falta de normas, sino la débil implementación, la dispersión legislativa y la ausencia de políticas de largo plazo.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompañaría ni la reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo presidencial. Colombia ha aprendido, a lo largo de su historia reciente, que la alternancia en el poder es un pilar fundamental de la democracia y una garantía contra la concentración excesiva de poder. Los problemas estructurales del país no se resuelven prolongando mandatos, sino fortaleciendo las instituciones, mejorando la calidad de las políticas públicas y asegurando su continuidad a través de planes de Estado, no de gobiernos.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No respaldaría la política de “paz total” tal como ha sido planteada e implementada. Colombia necesita una paz seria, efectiva y responsable, que ponga en el centro a las víctimas, garantice verdad, justicia y reparación, y no legitime la violencia ni premie a quienes persisten en actividades criminales.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
No estoy de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales sin condiciones claras, sin sometimiento real a la justicia y sin resultados verificables. Colombia ha demostrado que cualquier acercamiento que no esté sustentado en el respeto al Estado de Derecho, en la protección de la población civil y en el compromiso efectivo de abandonar la violencia termina fortaleciendo a las organizaciones criminales y debilitando la institucionalidad.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
No apoyo la legalización general de las drogas ilícitas que incluya libre producción y consumo. Colombia no puede asumir decisiones de esta magnitud sin evaluar con rigor sus impactos en salud pública, seguridad, tejido social y economías criminales. Si bien reconozco que el enfoque exclusivamente punitivo ha sido insuficiente y que es necesario avanzar en prevención, tratamiento y reducción de daños, la legalización amplia no puede convertirse en un mensaje de normalización del consumo ni en un nuevo factor de riesgo, especialmente para niños, jóvenes y poblaciones vulnerables.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí, estoy de acuerdo con la eutanasia bajo un marco estricto, regulado y profundamente humano, como el que Colombia ha venido construyendo. La eutanasia no es una obligación ni una salida fácil, sino el reconocimiento del derecho a morir con dignidad cuando una persona, en pleno uso de sus facultades, enfrenta un sufrimiento irreversible y así lo decide de manera libre e informada.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Colombia no necesita hoy otra reforma tributaria, sino un sistema tributario estable, eficiente y equitativo que funcione de verdad. La sucesión constante de reformas genera incertidumbre, frena la inversión y termina afectando el crecimiento y el empleo. Antes de pensar en nuevos impuestos, el Estado debe mejorar el recaudo, combatir con decisión la evasión y elusión fiscal, simplificar el sistema y evaluar el impacto real de los tributos existentes.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, considero que el salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado debe revisarse y ajustarse con criterios de responsabilidad, equidad y coherencia con la realidad del país. No se trata de una medida simbólica ni populista, sino de enviar un mensaje claro de austeridad, legitimidad y respeto por los ciudadanos.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, estoy de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de renta cuando desarrollan actividades de carácter económico o comercial, como cualquier otra organización. La libertad religiosa es un derecho fundamental que debe protegerse plenamente, pero no puede ser utilizada como mecanismo para generar privilegios tributarios injustificados.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, considero que el sistema político colombiano requiere ajustes y modernizaciones, pero no cambios improvisados ni rupturas institucionales. Es necesario fortalecer la calidad de la democracia, mejorar la representación ciudadana y recuperar la confianza en las instituciones. Esto implica avanzar en reformas que promuevan partidos más sólidos y democráticos, listas cerradas con criterios de mérito y paridad, mayor transparencia en la financiación política, reglas más estrictas de rendición de cuentas y una relación más efectiva entre el Congreso y los ciudadanos.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Como mujer, considero que garantizar la paridad y los derechos de las mujeres no se logra solo con discursos ni con cuotas simbólicas, sino con reglas claras, políticas públicas efectivas y corresponsabilidad social. Mi propuesta concreta es impulsar una agenda integral de paridad, que asegure la participación real de las mujeres en los espacios de decisión, el acceso equitativo al trabajo y a la seguridad económica a lo largo del ciclo de vida, y la protección efectiva frente a todas las formas de violencia y discriminación.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción en Colombia no se combate con más discursos, sino con reglas claras, control efectivo y consecuencias reales. Mi propuesta concreta se basa en tres frentes: prevención, trazabilidad y sanción efectiva. Primero, fortalecer la prevención mediante total transparencia en la contratación pública, con sistemas digitales abiertos, trazables y accesibles para la ciudadanía, que permitan seguir cada peso desde su origen hasta su ejecución. Segundo, avanzar hacia una rendición de cuentas obligatoria y periódica para todos los funcionarios de alto nivel, vinculando desempeño, resultados y permanencia en el cargo. Y tercero, garantizar sanciones reales y rápidas: quien robe recursos públicos debe perder el cargo, responder patrimonialmente y quedar inhabilitado para volver a contratar o ejercer funciones públicas.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La imagen desfavorable del Congreso no es una percepción infundada, es el resultado de años de desconexión con la ciudadanía, falta de resultados visibles y prácticas que han debilitado la confianza. Para contrarrestar esa postura negativa, lo primero es recuperar la credibilidad con hechos, no con discursos. Desde el Congreso me comprometería a una labor legislativa transparente, técnica y cercana a la gente, con rendición de cuentas periódica, explicando qué se hace, cómo se vota y a quién benefician las decisiones.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe construir una política exterior pragmática, soberana y basada en intereses nacionales claros, sin caer en alineamientos absolutos ni posturas ideológicas que pongan en riesgo nuestra seguridad, nuestra economía o la estabilidad regional. Con Estados Unidos, que ha sido un socio histórico en seguridad, comercio y cooperación para migración y desarrollo, es fundamental reconstruir el diálogo, fortalecer la cooperación efectiva y resolver diferencias con respeto mutuo a la soberanía, sin permitir que tensiones políticas limiten la colaboración en temas clave como narcotráfico, migración y comercio.
Con Venezuela, la relación debe basarse en respeto al derecho internacional, protección de los ciudadanos en zonas fronterizas y cooperación bilateral en temas humanitarios y económicos, reconociendo que ambos países comparten retos comunes como migración, seguridad y desarrollo fronterizo. Colombia puede impulsar el diálogo y la cooperación para mejorar la calidad de vida de las poblaciones fronterizas, reactivar el comercio y garantizar la paz regional, sin desconocer las preocupaciones sobre gobernabilidad y derechos humanos que existen en Venezuela.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña no tiene financiadores privados ni intereses particulares detrás. Es una candidatura de voto de opinión, construida desde la coherencia, la experiencia y el trabajo de toda una vida. No dependo de grandes aportes económicos, sino de mi voz, mi trayectoria, mi capacidad de liderazgo y la confianza de las personas que creen en una forma distinta de hacer política.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Sigo con atención el desarrollo de la campaña presidencial y los procesos de las consultas interpartidistas a definirse el 8 de marzo. En el marco de estas dinámicas, el partido Oxígeno, liderado por Ingrid Betancourt, decidió otorgar el aval para la participación de Juan Carlos Pinzón en la Gran Consulta por Colombia, lo cual se da dentro de una estrategia por construir una gran coalición democrática de centro y centro-derecha que defienda el orden, la seguridad, la democracia y los derechos de las familias colombianas.
Pinzón ha expresado que su objetivo es consolidar un liderazgo capaz de ganar en primera vuelta y enfrentar los grandes retos del país, basándose en valores como el Estado de derecho y la institución. Asimismo, y en ese mismo espíritu de unidad política, Pinzón propuso que el partido también extendiera el aval a Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, calificado por él como un “servidor ejemplar al país”, con el fin de que Peñalosa también compita en la Gran Consulta. Esta iniciativa busca sumar experiencia de liderazgo político e institucional y reforzar la oferta electoral frente a los desafíos nacionales.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Después del 7 de agosto de 2026, Colombia debería dar continuidad a las políticas de protección social que buscan reducir la pobreza y la desigualdad, siempre que se fortalezcan con focalización, transparencia y sostenibilidad fiscal. Proteger a quienes hoy no tienen una red mínima de seguridad es una obligación del Estado y una base para la estabilidad social, más aún en un país que envejece aceleradamente.
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