¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Continuar y escalar al nivel nacional el trabajo que desarrollamos durante seis años en el Concejo de Cali, donde el control político, la denuncia y la veeduría estricta de los recursos públicos nos permitieron ganarnos el reconocimiento ciudadano.
Ese trabajo también se tradujo en agendas concretas: recuperación de ríos y acceso al agua, apoyo a recicladores de oficio, defensa de la educación pública y una movilidad sostenible.
Ahora nuestro norte es aterrizar proyectos de energías renovables con enfoque de justicia social y ambiental para comunidades vulnerables, impulsar los negocios verdes y proyectos de desarrollo para el Valle del Cauca, siempre con una piedra angular: control y veeduría permanente de cada peso de las y los vallecaucanos.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No, de ningún tipo.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi principal proyecto en el Congreso será llevar al nivel nacional la misma labor que hemos desarrollado desde hace seis años en el Concejo de Cali: una tarea sistemática de control político riguroso, basada en una propuesta de transparencia frontal y vigilancia permanente de los recursos públicos. En Cali fuimos la curul que más debates, investigaciones y denuncias ante los entes de control impulsó, y la idea es poner esa misma metodología al servicio de todas y todos los vallecaucanos, para que la inversión pública realmente llegue a donde tiene que llegar y no se pierda en corrupción, improvisación o clientelismo. Pero esta no es solo una agenda de control. Tenemos una estructura programática sólida para atraer proyectos e inversión estratégica al Valle del Cauca y para convertir al departamento en un referente de desarrollo justo, sostenible e incluyente. Entre nuestras principales líneas de trabajo está continuar y fortalecer los proyectos de transición energética y energías limpias en comunidades vulnerables, lo que no solo protege el ambiente, sino que permite aliviar el costo de las facturas de servicios públicos. También priorizaremos el fortalecimiento de los acueductos comunitarios y el acceso efectivo al agua en el departamento, recordando que fui autora del proyecto que estableció la Política Pública del Agua en Cali, una experiencia que queremos escalar a nivel regional y nacional.
Impulsaremos además una agenda fuerte en defensa de la bioeconomía, los negocios verdes y la economía circular, generando incentivos reales para quienes hoy son un eslabón clave de esa cadena: las y los recicladores de oficio, que cumplen una función ambiental y social fundamental y que históricamente han sido excluidos de la política pública. Otro eje central será profundizar el trabajo en prevención de las violencias basadas en género en el departamento y en el país, con énfasis en políticas públicas de cuidado, autonomía económica de las mujeres y fortalecimiento institucional para la protección de sus derechos.
Y, por supuesto, vamos a respaldar de manera decidida las economías populares, que hoy son la base real de la generación de riqueza y empleo en Colombia: vendedores informales, pequeños productores, emprendimientos barriales y cooperativas, para que tengan acceso a crédito, formalización sin persecución y apoyo estatal.
En síntesis, mi trabajo en el Congreso combinará dos cosas: control político sin concesiones y una agenda programática clara para que el Valle del Cauca tenga más inversión, más derechos, más sostenibilidad y más justicia social.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
Colombia tiene problemas estructurales profundos que se expresan de manera distinta en cada región, pero que tienen un mismo origen: la desigualdad, la exclusión social y la captura de lo público por élites políticas y económicas. No es posible hablar de seguridad, desarrollo o competitividad sin enfrentar primero esas raíces. En el caso del Valle del Cauca, esto se traduce en desafíos muy concretos: rezagos en infraestructura estratégica, baja competitividad alrededor del puerto de Buenaventura, problemas serios de generación de empleo y una violencia persistente asociada a economías ilegales y a la exclusión social. Pero estos problemas no se van a resolver mientras el departamento siga dominado por un clan político que lleva más de una década capturando la institucionalidad, reproduciendo prácticas de corrupción y gobernando para unos pocos.
Hoy el Valle del Cauca no tiene un gobierno departamental que esté articulado de manera leal y constructiva con el Gobierno Nacional para cerrar brechas sociales y territoriales. Por el contrario, durante estos últimos años hemos visto una administración más preocupada por hacer oposición política al presidente Gustavo Petro y por sostener redes de negocios, que por atender las necesidades más urgentes de la gente. Esa desconexión institucional profundiza la exclusión, alimenta la violencia y bloquea soluciones estructurales. En materia de seguridad, el problema también es de fondo. Colombia no va a salir del ciclo interminable de violencia sin un cambio real en la política de drogas. Mientras sigamos poniendo los muertos y los territorios, y otros países sigan poniendo el consumo y las ganancias, la guerra será infinita. Por eso es indispensable replantear de manera seria el diálogo con Estados Unidos sobre drogas, pasando de una política militarizada y fracasada a una estrategia basada en regulación, salud pública y desarrollo rural.
Al mismo tiempo, el Estado debe combinar una política de “garrote y zanahoria” frente a los grupos armados: diálogo y sometimiento a la justicia para quienes quieran transitar a la legalidad, y acción contundente del Estado contra quienes persistan en el crimen organizado. Pero esa estrategia solo puede funcionar si va acompañada de inversión social masiva en los territorios, acceso real a educación, empleo, servicios públicos y oportunidades económicas legales.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
La idea de una asamblea constituyente surge porque hoy tenemos un sistema político e institucional que no está respondiendo al mandato de cambio que las mayorías del país respaldaron en las urnas. Si bien la Constitución de 1991 fue una carta profundamente pluralista, democrática y producto de un amplio consenso social, también es cierto que, en la práctica, ha sido capturada e interpretada por el establecimiento para aferrarse a un modelo de privilegios, privatización y concentración de beneficios que reproduce desigualdades estructurales.
Lo que hemos visto en estos años es que las grandes reformas sociales —salud, pensiones, trabajo, educación, tierras— no han fracasado por un sano sistema de contrapesos, sino por un bloqueo político deliberado de élites que no están dispuestas a ceder privilegios. El Congreso y algunas cortes han sido usadas como trincheras para frenar cualquier transformación que afecte intereses económicos y políticos consolidados. Eso ha vaciado de contenido real la promesa democrática del cambio.
Dicho esto, mi posición no es una defensa automática ni dogmática de una constituyente. Yo creo que, en principio, Colombia necesita con urgencia una reforma política profunda, una reforma a la justicia y una transformación de varias instituciones que hoy están desconectadas de la realidad social del país. En un escenario normal, esas reformas deberían tramitarse por las vías institucionales ordinarias.
El problema es que ese escenario normal no existe hoy. Si el establecimiento sigue cerrando todas las puertas, bloqueando reformas mínimas y negándose a perder privilegios, entonces el país tiene derecho a abrir un camino extraordinario y democrático para destrabar la crisis institucional. En ese contexto, una asamblea constituyente deja de ser una consigna y se convierte en una herramienta legítima de soberanía popular.
Por eso creo que hoy Colombia está frente a dos caminos: insistir en reformas profundas por la vía institucional o, si ese bloqueo persiste, acudir a un mecanismo constituyente con reglas claras, límites democráticos y una amplia participación ciudadana. No se trata de imponer una constitución a la fuerza, sino de no descartar ninguna vía democrática para que el mandato popular de cambio no siga siendo saboteado por las élites.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
Definitivamente, la figura de la reelección, que en algunos países puede ser legítima, en Colombia fue utilizada por el uribismo como una herramienta de hegemonía política e incluso armada, para imponer un proyecto de poder sostenido a sangre y fuego, desplazar poblaciones y consolidar negocios al amparo del Estado.
Aquí la reelección no fue un mecanismo democrático de continuidad, sino un instrumento para capturar el Estado, cooptar las instituciones y debilitar los contrapesos. Reabrir hoy esa posibilidad no ofrece ninguna garantía, sobre todo cuando ese mismo sector político sigue vigente y con enorme poder económico, territorial y mediático.
Por eso, en el contexto colombiano, la alternancia democrática no es un formalismo: es una salvaguarda mínima para evitar nuevas hegemonías, nuevos caudillismos y nuevas capturas del Estado. Hoy, más que nunca, la alternancia es el único dique real que tenemos para proteger la democracia.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Si, en la medida que los avances sean verificables y que los compromisos sean reales y se estén cumpliendo en los territorios. Unos diálogos sin resultados medibles en corto, mediano y largo plazo produce sólo desgaste institucional y aumento de las violencias.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Estamos al menos diez años atrasados con la potencia que nos pide que sigamos la guerra contra las drogas. En Estados Unidos hay gran consenso con el tema de la legalización de la marihuana y se ha convertido en un elemento dinamizador del campo y la economía muy potente. En cambio en el Cauca estamos poniendo muertos porque seguimos atrapados en el siglo XIX.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Si, de acuerdo.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Se requieren nuevas fuentes de financiación, incluso ser creativos y buscar ampliar el espectro poblacional de personas que rentan en Colombia.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
El Gobierno de Gustavo Petro lo acaba de hacer por decreto. De ser demandado como ya se está haciendo y caerse en las altas cortes, el Gobierno debe insistir sin dudas en que se genere un proyecto de ley que permita esto, pero sin dudas llevamos 12 años buscando que esto se logre y son los mismos sectores que odian que se le aumente el salario a los trabajadores quienes nunca han querido perder sus privilegios.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sin ninguna duda.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Hay que hacer una reforma política desde todo sentido. Desde lo electoral, reforma al CNE, reforma al sistema de partidos, reforma a los procedimientos de interacción entre el ejecutivo y el legislativo, todo. Estamos con un marco normativo de hace más de 20 años.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
El primero es que a través de una reforma política el sistema de elección se haga a través de lista cerradas y con la obligatoriedad que se haga a través de listas cremallera, que garantice la participación efectiva de las mujeres. También necesitamos que el Estado garantice la financiación, protección y formación de las mujeres para conformar nuevos liderazgos. Las labores de cuidado a las que se ven las mujeres obligadas no permite que se desarrollen en escenarios de liderazgo político y eso lo tenemos que fomentar.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Estamos ante una ciudadanía cada vez más atenta, alerta y consciente que la corrupción y el desfalco del Estado es directamente un robo a sus propios bolsillos, sin embargo, ante la creciente interés de una ciudadanía por el cuidado de los recursos y el apoyo a representantes que cumplan esa tarea, nos encontramos con unos entes de control politizados, estáticos, capturados y sin posibilidades reales de control y vigilancia. Si no se modifica la estructura completa de conformación de los entes de control en este país, no va a pasar absolutamente nada.
Ya lo vivimos en el Concejo y conocemos de primera mano cómo es el escenario, es muy triste de verdad.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
No es una tarea individual. La rendición de cuentas es una responsabilidad compartida entre el elector y el representante. Pero hoy tenemos una herramienta poderosísima: las redes sociales. Si logramos que la ciudadanía entienda que exponer a los congresistas que no hacen nada por el país, o peor aún, que cometen delitos y legislan contra la gente, también es parte de su deber democrático, vamos a cambiar ese imaginario de impunidad. Hacer visibles a quienes traicionan el mandato popular es hoy una forma real de control político ciudadano. Y ese ejercicio sí puede transformar el Congreso.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
No hacer absolutamente nada de lo que hizo Iván Duque, para empezar. Después, hay que buscar restablecer las relaciones comerciales que unen a ambos países y que permita que sea la gente la que legitime las decisiones compartidas. Colombia debe ser respetuosa de la soberanía y decisiones del pueblo Venezolano y de las dinámicas políticas que allí ocurran.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña la financia mis ahorros que ya son muy pocos y lo que junto a mi equipo, seguidores y personas que componen nuestro proyecto político logramos resolver. Pronto vamos a hacer una fiesta para recaudar fondos y continuamente estamos buscando generar ingresos. Mi primera campaña del Concejo la realicé con COP 20 millones. Nuestras campañas se hacen a base de autogestión, donaciones y por supuesto, préstamos bancarios.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Iván Cepeda es la muestra de la coherencia y la decencia en la política. Su historia de resistencia y de defensa por los derechos de la gente hacen que esa haya sido la decisión de nuestra colectividad que siempre, a pesar de los largos debates y de las extensas conversaciones, siempre busca un consenso que nos busque estar unidos. Iván Cepeda es la garantía de la continuación del programa de Gobierno de Gustavo Petro pero sin dudas, es la garantía que la violencia estatal nunca volverá al país.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Todas las políticas que han sido adelantadas en defensa de la educación pública y su fortalecimiento, del crecimiento económico a través de una economía popular presente, del aumento de los ingresos de la clase media, de la entrega de tierras y del empoderamiento de la gente a través de inversión social debe continuar. Sin dudas debemos revisar lo hecho en Salud sin dejar de dar la batalla por liberarnos de un sistema corrupto y monopolizado el propio sistema y sin dudas la política de Seguridad y de diálogos de paz debe ser revisada por completo.
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