¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Quiero ser Representante a la Cámara por Bogotá para que el mérito deje de ser un mito y se convierta en una realidad para los jóvenes. En Bogotá y en Colombia, muchas veces el futuro de un joven depende más de a quién conoce, cómo se viste, cómo habla o dónde nació, y eso no debería ser así.
Quiero llegar a la Cámara de Representantes para cambiar esa realidad, y tengo tres propuestas claras para lograrlo:
Primero: reformar la educación para el trabajo, para que los jóvenes que logran estudiar también logren conseguir empleo.
Segundo: institucionalizar créditos educativos que se paguen cuando los jóvenes tengan ingresos, para que quienes quieren estudiar y lo logran no queden endeudados el resto de su vida.
Y tercero: fortalecer la cultura y el bienestar, para que los jóvenes tengamos más espacios de ocio, nos integremos más y construyamos una sociedad más equitativa e inclusiva.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Mi primer proyecto al llegar al Congreso será la educación para el trabajo del siglo XXI.Hoy en Colombia la educación y el trabajo no están bien conectados. Muchos jóvenes que logran estudiar no consiguen empleo, mientras que las empresas no encuentran el talento con las habilidades que necesitan. Esta desconexión ayuda a explicar por qué los jóvenes registran las tasas de desempleo más altas frente al resto de la población.
En Bogotá y en el país, el desempleo juvenil ronda el 15 %, casi el doble de la tasa de desempleo general, que se ubica alrededor del 7 %. A esto se suma que el 23 % de los jóvenes no estudia ni trabaja.
Por esta razón, es necesaria una reforma profunda a la educación para el trabajo. El país necesita un marco regulatorio moderno que cree rutas claras y continuas desde la educación media hasta la educación para el trabajo, la formación técnica y tecnológica, con mecanismos de homologación y reconocimiento de aprendizajes previos. Esto permitiría evitar repeticiones innecesarias, reducir tiempos de formación y acelerar la transición hacia el empleo.
Este marco regulatorio también debe establecer estándares mínimos de calidad, promover de manera decidida la educación dual en articulación con las empresas, y reconocer las microcredenciales como una herramienta válida para certificar competencias específicas y actualizadas. De esta manera, la educación para el trabajo responderá mejor a las necesidades del mercado laboral y ofrecerá a los jóvenes oportunidades reales de empleo y movilidad social.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es el clientelismo, porque le impide al Estado cumplir sus promesas y erosiona su legitimidad frente a la ciudadanía. Cuando la política se convierte en un intercambio de favores, las personas dejan de exigir bienes públicos y empiezan a justificar el incumplimiento de las reglas, con frases como: “yo no pago impuestos porque se los roban”. Esto, a su vez, deteriora aún más la capacidad del Estado y profundiza la pérdida de legitimidad.
Para enfrentar el clientelismo, es necesario cerrar las puertas al intercambio de favores. Esto implica establecer reglas claras en la contratación y en la asignación de subsidios, ejercer un control real del gasto público y garantizar castigos que efectivamente se cumplan. Al mismo tiempo, el Estado debe ofrecer servicios básicos de calidad sin exigir “recomendaciones” ni “palancas”.
Superar el clientelismo requiere cambios institucionales profundos, como una descentralización territorial bien diseñada, pero también un cambio cultural de fondo. Los colombianos debemos dejar de lado el individualismo extremo y empezar a pensarnos más como sociedad. Es necesario rescatar la cultura ciudadana impulsada por Mockus, fortalecer la interacción y la confianza entre las personas, y respaldar una educación pública robusta, especialmente en los primeros años de vida.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No, por dos razones:
1) muchas de las demandas que hacen quienes abogan por una constituyente ya se pueden hacer con la Constitución del 91. Por ejemplo, algunos argumentan que se necesita una constitución para combatir el cambio climático. ¡Carreta! La Constitución del 91 establece el derecho al medio ambiente sano y el deber del Estado de garantizar el desarrollo sostenible (art. 79 y 80).
2) Una asamblea constituyente es riesgosa en estos momentos de polarización y podría impactar la democracia. La Constitución del 91 nació en un momento muy particular de la historia de Colombia, en la que pensamientos muy distintos pudieron sentarse en la mesa y ponerse de acuerdo en cómo debería funcionar el Estado.
Algo muy distinto a la actualidad, en donde los consensos son vagos recuerdos, y en la que los triunfadores seguramente impondrían sus visiones sobre aquella de los perdedores. Si eso pasa, perderíamos uno de los triunfos más grandes de la Constitucion y es su poder de unificación y con ella pondríamos en riesgo la democracia.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
Sí, pero con mayor contrapeso a los poderes presidenciales. Primero, la reelección presidencial tiene buenos incentivos: un presidente que sabe que se tiene que reelegir el próximo periodo tiene incentivos para hacer las cosas bien en su primer mandato. Segundo, la reelección o la extension del mandato pueden ayudar a solucionar una falla histórica de la mayoría de gobiernos: tener proyectos de largo plazo. Los políticos tienen pocos incentivos para desarrollar los proyectos ambiciosos que necesita el país, precisamente porque sus resultados se verán mas adelante cuando ya no estén en el poder y les será difícil tomar el crédito por ellos. Ahora bien, estos cambios son riesgosos en un país como Colombia con un presidencialismo tan acentuado. Para que sean viables es importante primero ver cómo se pude disminuir el poder presidencial y descentralizar mejor el Estado.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No, por dos razones. Primero, no hay un marco jurídico claro que respalda el proceso. No existen normas que den luz al tratamiento que se le daría a los miembros de bandas criminales, lo que condena el proceso al fracaso desde el inicio. Segundo, porque estratégicamente es equivocado. El gobierno no está en una posición fuerte de negociación, a diferencia de lo que ocurrió con el Acuerdo de Paz. Los procesos de paz son instrumentos de política pública legítimos a la mano del Estado para acabar el conflicto, especialmente si el propósito es disminuir la violencia hacia los ciudadanos. Sin embargo, como todo instrumento, su idoneidad depende del contexto y el contexto actual no justifica la Paz Total.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, si el contexto es el adecuado. Los diálogos son una herramienta legitima de política publica a la mano del Estado. Pero como toda política publica, su uso depende del contexto y las condiciones. En estos momentos no existe un marco jurídico claro, y la posición estratégica del Estado, por lo menos frente a los grupos ilegales de mayor tamaño, es débil, por lo que los diálogos no son una opción en estos momentos.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Sí apoyaría la legalización de algunas drogas. Para mí es evidente que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso y sería de tontos seguir insistiendo en una política que no ha funcionado. Ojo, esto no quiere decir que la legalización deba ser absoluta. Se debe regular dependiendo de cada droga. Por ejemplo, penalizar el consumo de marihuana, desde un punto de vista económico es equivocado, porque su demanda es inelástica, es decir, la gente igual va seguir consumiendo y solo se lograría seguir subiendo su precio. Se debe atender los problemas de consumo como un problema de salud pública y prevenir los efectos nocivos que se tiene sobre ellos. La legalización, además, también afectaría la oferta porque implicaría mayor competencia a los distribuidores. Una herramienta más efectiva que la prohibición de las drogas, es entenderlas como cadenas logísticas, por eso hay que atacar los puntos que hagan más costosa su producción. Por ejemplo, atacando el lavado de activos y los insumos necesarios para la producción de las drogas.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí. Creo firmemente que las personas deben tener derecho a una muerte digna. Considero que el Estado se está haciendo de la vista gorda frente a la legalidad de este derecho, ya reconocida por la Corte Constitucional. En efecto, hoy debería existir una voluntad anticipada implícita que permita a los familiares autorizar la eutanasia del paciente; sin embargo, una resolución de la Supersalud exige que esa voluntad anticipada sea explícita, lo cual resulta un contrasentido y termina dejando este derecho en letra muerta.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí, pero en estos momentos es políticamente inviable. Sin duda, una de las razones por las cuales somos un país tan desigual es nuestro sistema tributario y su complejidad. Hace un tiempo, Roberto Steiner realizó un estudio para Fedesarrollo sobre la tasa efectiva de tributación de pequeñas y grandes empresas. El resultado fue que las grandes empresas pagaban, en la práctica, menos impuestos que las pequeñas. La razón, según intuían Steiner y sus coautores, es que las grandes empresas cuentan con los recursos para contratar asesores que les permiten navegar la complejidad del sistema tributario y aprovechar sus múltiples excepciones.
Aunque ya han pasado varios años desde la publicación de este trabajo, creo que su conclusión sigue siendo válida. La complejidad y las excepciones del sistema tributario son inauditas y requieren una reforma.
Ahora bien, una reforma tributaria en un momento tan convulsionado como el actual sería gasolina para el fuego, tanto porque implica pedirle más recursos a los colombianos como porque genera inseguridad jurídica para los inversionistas que evalúan invertir en el país. ¿Qué empresa va a querer poner su dinero en un país que cambia sus reglas tributarias cada dos años?Por eso, al menos en el primer año, los recursos tendrían que provenir de otras fuentes, muy seguramente del sector de hidrocarburos y de una renegociación de la deuda externa.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sin duda. Debemos ser coherentes. En un país donde la mayoría de personas no gana un salario mínimo y en el que quienes, como yo, argumentamos que tenemos un problema fiscal de la Madonna, lo justo y coherente es que seamos los funcionarios quienes demos ejemplo apretándonos el cinturón.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, pero la cosa no es tan sencilla. Todos debemos aportar, sin importar el credo, y la exención hoy incentiva iglesias falsas para evadir impuestos. En la Iglesia Católica existe el “patrimonio estable” (templos, catedrales, claustros y lotes del culto) y el “patrimonio corriente”. Cobrar predial sobre ese patrimonio estable, muchas veces antiguo, chocaría con el concordato y el derecho canónico y sería una expropiación lenta. Mejor es dejar intactos esos bienes y gravar los ingresos que las iglesias obtengan al cobrar por servicios, por ejemplo con ICA, mediante acuerdos prácticos.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí varias, pero me limito a tres. Primero, una descentralización seria y responsable, que primero asigne funciones claras y luego la plata, sin repartir por sectores a la brava. También buscaría una reducción consensuada al presidencialismo, para bajar el personalismo y frenar caudillos y megalómanos. La tercera es despolitizar la justicia y recuperar su dignidad. El Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo, debería ser un verdadero órgano de administración y, en consecuencia, no debería tener tanto abogado.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Yo quisiera presentar un proyecto de ley de paridad y economía del cuidado que permita redistribuir de manera más justa las tareas de cuidado y elimine las barreras que hoy enfrentan muchas mujeres para estudiar y trabajar. Esta ley tendría que definir con claridad quién lidera la política de cuidado, exigir participación ciudadana y garantizar recursos estables, con control del gasto e indicadores públicos.
Además, crearía procesos de formación y certificación para el trabajo de cuidado, con estándares claros, que permitan pasar de la informalidad al empleo digno. Y obligaría a impulsar el cuidado infantil formal, las licencias parentales, los horarios flexibles y los aportes a la seguridad social por horas, para que el cuidado no siga recayendo casi exclusivamente sobre las mujeres.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Yo creo que es necesaria una reforma política y a la contratación pública, porque ahí nace buena parte de la corrupción.
Primero, reglas estrictas para las campañas. Necesitamos una autoridad electoral realmente independiente, una sola cuenta por campaña, reportes en línea de cada peso y auditorías que crucen información para detectar recursos ilegales.
Segundo, competencia real en las compras del Estado. Esto implica menos contratación a dedo, límites claros a las adiciones y todos los procesos en una plataforma abierta, con alertas de riesgo accesibles al público.
Y tercero, sanciones que sí se cumplan: proteger al denunciante, separar las funciones de investigación y sanción para evitar conflictos de interés, y cerrar el paso al uso de efectivo en operaciones de alto valor, como la compra de inmuebles.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Al Congreso le ha hecho falta rendición de cuentas efectivas y ser más humano. Eso implica estar más en calle escuchando, no solo durante campaña, sino también durante el ejercicio. Yo quisiera hacer eso: ser más empático, estar más en calle, dar la cara y rendir cuentas de manera humana y de frente.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
La posición de Colombia debe ser de liderazgo. Colombia debe encabezar un esfuerzo regional para apoyar una transición democrática y transparente en Venezuela, y promover un frente latinoamericano unido que pueda trabajar y negociar de manera coordinada con el gobierno de Estados Unidos para que esa transición sea posible.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Estoy financiando mi campaña principalmente con recursos propios, donaciones de familiares y, en menor medida, donaciones de terceros particulares. El proceso me ha costado un poco menos de COP 200 millones.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Mi candidato a la presidencia es Juan Daniel Oviedo porque representa una nueva opción de centro, que no es simplemente un punto medio entre externos, sino uno que tiene posiciones concretas, manteniendo la moderación. Yo estoy con Juan Daniel porque compartimos un valor hacia la sencillez. A pesar de ser una persona brillante, es alguien sencillo y muy generoso con su conocimiento y tiempo. Yo digo que tiene vista de águila y ojo de lombriz, porque logra ver el panorama amplio de vistas estructurales, pero escucha lo que sucede en la calle, para solucionar los problemas de las personas.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
El gobierno ha tenido varios aciertos. Entre ellos, los esfuerzos por promover la economía popular; sin embargo, creo que deben hacerse con un enfoque distinto, que la entienda no como un motor de crecimiento económico, sino como una conversación real con la informalidad.
También considero acertada su postura frente a la lucha contra las drogas, un liderazgo que debe mantenerse a nivel internacional, aunque sin los desaciertos que ha tenido el Presidente.
Igualmente, creo que el Plan Nacional de Desarrollo es un documento valioso que no se ha implementado plenamente, y que contiene una visión moderna de la descentralización, así como avances importantes en temas como las finanzas abiertas.
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