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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación es la gente real. La política no ha fallado por falta de discursos, ha fallado porque durante años las decisiones se han tomado lejos de la vida cotidiana de la gente.
Yo vengo de trabajar, de cuidar, de cumplir, de abrir un negocio y de responder todos los días. Sé lo que significa sostener un hogar, enfrentar dificultades y salir adelante sin privilegios. Quiero llegar al Congreso para que las leyes se construyan desde la experiencia real, escuchando a quienes mueven este país: mujeres, comerciantes, emprendedores y barrios que quieren vivir tranquilos.
No vengo a prometer lo imposible. Vengo a responder con responsabilidad y sentido común. Porque #SomosLaGente que mueve a Colombia, y es momento de que esa gente también tome las decisión.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
Ninguna.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Empleo digno para mujeres mayores de 50 años: incentivos tributarios y reducción progresiva de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas) a empresas que contraten mujeres mayores de 50 años, especialmente jefas de hogar, por mínimo 12 meses.
El cuidado también es trabajo: reconocimiento del tiempo de cuidado como experiencia laboral y semanas válidas de cotización pensional, con acceso a un piso mínimo de protección social.. Formalización sin castigo: establecimiento de un régimen de transición para pequeños comercios, sin sanciones ni cargas tributarias plenas durante los primeros años de formalización
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es la alta informalidad laboral, porque limita el acceso real de millones de personas a derechos básicos como la seguridad social, reduce la productividad del país y profundiza la desigualdad social.
Considero que este problema puede solucionarse desde una reforma legislativa seria y progresiva, orientada a facilitar la transición de la informalidad a la formalidad. Esto implica crear un régimen de formalización laboral gradual, con cotizaciones proporcionales a los ingresos reales, incentivos tributarios condicionados a la generación de empleo formal y una articulación efectiva entre empleo, protección social, formación y acceso al crédito.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyo un proceso de asamblea constituyente en este momento. Colombia necesita estabilidad institucional, confianza en las reglas de juego y soluciones concretas a los problemas reales de la gente, no escenarios de incertidumbre.
La Constitución de 1991 es una carta garantista que ha permitido avances importantes en derechos, participación y descentralización. Los desafíos que hoy enfrenta el país no se deben a la Constitución, sino a la falta de cumplimiento, implementación y buenas decisiones de política pública.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompañaría ni la reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo presidencial. Colombia ha aprendido, a través de su historia, que la alternancia en el poder y el equilibrio entre las ramas del Estado son pilares fundamentales de la democracia.
La reelección inmediata y la ampliación del periodo concentran poder, debilitan los controles institucionales y pueden afectar la confianza ciudadana en las reglas de juego. El país no necesita ajustes a la medida de los gobiernos de turno, sino instituciones sólidas que trasciendan a las personas.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
La paz es un propósito que Colombia no puede abandonar, pero cualquier política de paz debe ser seria, responsable y centrada en las víctimas y en los ciudadanos.
Respaldaría aquellos componentes de la política de paz total que estén dando resultados reales, que respeten la Constitución, fortalezcan a las instituciones y no impliquen concesiones indebidas a grupos armados que continúan delinquiendo.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
El diálogo puede ser una herramienta válida para buscar la paz, pero no es un fin en sí mismo ni puede hacerse sin reglas claras.
Estoy de acuerdo con que el Gobierno explore diálogos con grupos ilegales solo si estos procesos están enmarcados en la Constitución y la ley, cuentan con mecanismos de verificación, tienen tiempos definidos y exigen compromisos reales como el cese de hostilidades, el abandono de economías ilegales y el respeto a la población civil.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Este es un debate que debe abordarse con evidencia, responsabilidad y pensando en la salud pública y la seguridad de las comunidades.
Frente a la marihuana, considero que Colombia debe avanzar en un enfoque regulado y estrictamente controlado para fines medicinales y científicos, fortaleciendo la industria legal y el control del Estado. Sin embargo, no respaldo una legalización amplia y sin controles para el consumo recreativo.
En cuanto a otras drogas ilícitas, no apoyo su legalización ni su producción y consumo, debido a los graves riesgos que representan para la salud, especialmente de niños, niñas y jóvenes, y por su impacto en la seguridad y el crimen organizado.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
En Colombia existe un marco constitucional y legal que permite la eutanasia bajo condiciones muy estrictas, especialmente en casos de sufrimiento intenso e irreversible. Considero que ese marco debe respetarse y aplicarse con responsabilidad, garantizando siempre que la decisión sea libre, informada y acompañada.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Considero que Colombia no necesita en este momento otra reforma tributaria que implique más cargas para los ciudadanos y el sector productivo. Lo que sí necesita el país es una ley de beneficios tributarios bien focalizados, que incentive la formalización, la generación de empleo y la productividad, y que permita ampliar la base de contribuyentes de manera sostenible.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, estoy de acuerdo con que se reduzcan los salarios de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado.
En un país con profundas desigualdades, el Estado debe dar ejemplo de austeridad y coherencia. No es razonable que mientras millones de colombianos enfrentan dificultades económicas, algunos cargos públicos mantengan niveles salariales desconectados de la realidad del país.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, estoy de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta, siempre que desarrollen actividades económicas.
La libertad religiosa es un derecho fundamental que debe ser plenamente respetado, pero eso no puede convertirse en una excepción automática frente a obligaciones tributarias cuando existen ingresos, patrimonio o actividades con fines económicos.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, considero que el sistema político colombiano requiere modificaciones, especialmente para fortalecer la transparencia y la confianza ciudadana. Hoy el principal problema del sistema no es su diseño democrático, sino la debilidad en los mecanismos de control, rendición de cuentas y financiación de la política. Sin transparencia, la democracia se deteriora. Creo que es fundamental avanzar en reglas más estrictas sobre financiación de campañas, mayor trazabilidad de los recursos, sanciones efectivas contra la corrupción y el fortalecimiento de los organismos de control.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
• Empleo digno para mujeres mayores de 50 años: incentivos tributarios y reducción progresiva de aportes parafiscales (SENA, ICBF y Cajas) a empresas que contraten mujeres mayores de 50 años, especialmente jefas de hogar, por mínimo 12 meses.
• El cuidado también es trabajo: reconocimiento del tiempo de cuidado como experiencia laboral y semanas válidas de cotización pensional, con acceso a un piso mínimo de protección social.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Mi propuesta se basa en tres acciones claras. Primero, fortalecer la transparencia y la trazabilidad del dinero público, haciendo obligatoria la contratación totalmente digital, con información abierta y en tiempo real, desde la planeación hasta la ejecución de los recursos.
Segundo, endurecer las sanciones efectivas contra la corrupción, para que robar recursos públicos sí tenga consecuencias reales: inhabilidades más largas, pérdida de beneficios y responsabilidad penal sin excepciones, tanto para funcionarios como para particulares. Y tercero, prevenir la corrupción, fortaleciendo los sistemas de control interno, la meritocracia en el acceso a cargos públicos y la protección real a denunciantes y veedurías ciudadanas.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Esa percepción negativa no es gratuita. Muchos colombianos sienten que el Congreso ha estado desconectado de los problemas reales de la gente y de la vida cotidiana del país. Yo represento precisamente lo contrario a esa desconexión.
Soy una mujer de barrio, una ciudadana que vive y conoce la realidad social, que ha enfrentado las mismas dificultades que millones de colombianos y que entiende los problemas desde la experiencia, no desde los privilegios. Por eso creo en una renovación del Congreso con ciudadanos reales, personas que conozcan el país desde abajo, que escuchen a la gente y legislen con los pies en la tierra.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Con Estados Unidos, es fundamental mantener y fortalecer una relación estratégica basada en cooperación en seguridad, comercio, lucha contra el narcotráfico, migración y desarrollo económico. Además, ampliaría esta relación mediante mayor inversión conjunta y programas de cooperación en tecnología, innovación y transformación digital, que fortalezcan la competitividad del país y generen empleo.
Con Venezuela, Colombia necesita una relación diplomática responsable y realista, orientada a proteger a los ciudadanos, garantizar la seguridad en la frontera, atender el fenómeno migratorio y combatir economías ilegales. Esta relación debe ir acompañada de mayor presencia del Estado en las zonas fronterizas, con inversión social, infraestructura y tecnología que permita control territorial, desarrollo económico y mejores servicios para la población.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se está financiando de manera transparente y legal, principalmente con recursos propios y el apoyo de amigos y ciudadanos de barrios populares. Todos los recursos se reportan conforme a la ley, con total trazabilidad y respeto por las normas de financiación de campañas. Prefiero una campaña sencilla y honesta, antes que una costosa que comprometa la independencia o genere favores políticos.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
En este momento no respaldo a una persona en particular para la campaña presidencial. Mi respaldo está con un proyecto de país serio, que ofrezca estabilidad, resultados y soluciones reales a los problemas de la gente.
Creo que las elecciones presidenciales deben construirse sobre propuestas claras, respeto por la institucionalidad, defensa de la democracia y capacidad de gobernar con responsabilidad. Cuando llegue el momento, apoyaré a quien demuestre compromiso con esos principios y con una agenda que beneficie al país real.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Considero que una política que debe continuar después del 7 de agosto de 2026 es el enfoque social del Estado en los territorios más olvidados, especialmente en inversión social, acceso a derechos y reducción de brechas, además de la promoción para la inversión y la exploración de hidrocarburos, con un crecimiento transversal en la generación de energías limpias para que progresivamente se logre llegar a una transición sostenible.
El país no puede retroceder en la idea de que el desarrollo debe llegar a las regiones, siempre que esa inversión se haga con planeación, transparencia y resultados medibles.
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