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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Quiero ser Representante a la Cámara por Bogotá porque nuestra ciudad necesita decisiones técnicas, independientes y con visión de futuro. He dedicado mi vida profesional al trabajo con rigor, transparencia y conocimiento del Estado, y estoy convencido de que esa experiencia hoy la puedo al servicio de los ciudadanos para impulsar los grandes retos que tiene Bogotá en oportunidades de desarrollo, sostenibilidad y empleo.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Trabajar la iniciativa para convertir los residuos (basura) en una fuente de energía (gas y/o electricidad) y empleo verde, dejando atrás el modelo de rellenos sanitarios como el de Doña Juana que afectan nuestra calidad de vida, la salud, y el medio ambiente.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
El principal problema de Colombia es la corrupción, porque es la que se roba los recursos de la salud, la educación, la seguridad, la adecuada y oportuna atención de desastres naturales y las oportunidades de la gente.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Colombia no necesita cambiar la Constitución, necesita que la Constitución se cumpla.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No estoy de acuerdo con la reelección presidencial inmediata, porque debilita el equilibrio institucional y pone al Estado al servicio de intereses electorales. En cambio, puede discutirse la ampliación del periodo a cinco años para permitir la ejecución real de los programas de gobierno. Eso sí, esta medida debe ir acompañada de una revocatoria del mandato presidencial efectiva, que permita a los ciudadanos poner fin a un mal gobierno y fortalezca nuestra democracia.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No le daría continuidad a la política de “paz total” en los términos en que ha sido planteada, porque los resultados demuestran que no ha logrado reducir de manera sostenida la violencia ni garantizar la seguridad de los colombianos. Por el contrario, en varias regiones del país se han fortalecido las estructuras criminales, ha aumentado el control territorial de los grupos ilegales y la población hoy se siente más vulnerable.
Colombia necesita una política de paz seria, que combine de manera integral el fortalecimiento de la Fuerza Pública, la presencia efectiva del Estado en los territorios, la justicia para las víctimas y procesos de sometimiento a la ley con condiciones claras y verificables.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, estoy de acuerdo con que el Estado adelante diálogos con los grupos ilegales, porque en cualquier proceso de superación del conflicto la salida negociada es un instrumento válido. Sin embargo, esos diálogos deben tener condiciones claras, resultados verificables y estar orientados a la desmovilización real, el desmantelamiento de las estructuras criminales y la reparación a las víctimas.
Dialogar no puede significar el debilitamiento de la Fuerza Pública, la pérdida de control territorial ni la suspensión de la justicia. El Estado debe mantener su autoridad en todo el territorio nacional mientras avanza cualquier proceso.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo el uso de la marihuana con fines medicinales y considero que el país puede avanzar hacia un modelo de consumo recreativo regulado y supervisado por el Estado. Este enfoque permite tratar el consumo como un asunto de salud pública, proteger a los menores de edad, debilitar las rentas del narcotráfico y garantizar controles sobre la producción, la comercialización y la calidad de las sustancias.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Estoy de acuerdo con la eutanasia entendida como el derecho a una muerte digna. Se trata de una decisión profundamente humana que debe estar en cabeza del paciente, con el acompañamiento de su familia y bajo estrictos criterios médicos, científicos y legales.
Nadie debería ser obligado a prolongar un sufrimiento irreversible cuando no existe posibilidad real de mejoría y su voluntad es poner fin a ese dolor de manera libre e informada.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí se requiere una nueva reforma tributaria, pero no para seguir aumentando la carga impositiva a los ciudadanos y al sector productivo, sino para recomponer las finanzas públicas a partir de la eficiencia en el gasto.
Colombia necesita una reforma que esté acompañada de una reducción real del gasto de funcionamiento del Estado, la eliminación del personal supernumerario, la lucha contra la corrupción y la revisión de los programas que no están generando resultados. Antes de pedirle más recursos a los colombianos, el Estado debe demostrar que administra bien los que ya tiene.
El objetivo debe ser recuperar la sostenibilidad fiscal, generar confianza para la inversión, promover el crecimiento económico y proteger el empleo, sin asfixiar a la clase media ni a los emprendedores.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, estoy de acuerdo con la reducción del salario de los congresistas y de los altos funcionarios del Estado. El sector público debe dar ejemplo de austeridad y coherencia en un país donde millones de ciudadanos enfrentan dificultades económicas.
Esta medida no solo tiene un impacto fiscal, sino que también contribuye a recuperar la confianza de los colombianos en las instituciones. No es razonable pedirle sacrificios al país mientras el Estado mantiene estructuras costosas y privilegios injustificados.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, el sistema tributario debe ser progresivo. Quien tiene mayor capacidad económica debe aportar más al financiamiento del Estado, siempre bajo principios de equidad, eficiencia y sin desincentivar la inversión ni la generación de empleo.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, el sistema político colombiano requiere ajustes para hacerlo más transparente, más representativo y más cercano al ciudadano. Es necesario fortalecer los partidos con mecanismos democráticos internos y avanzar hacia listas cerradas que reduzcan la compra de votos y los altos costos de las campañas.
También se deben establecer reglas más estrictas de financiación y trazabilidad de los recursos en la política, así como mecanismos efectivos de rendición de cuentas para que los ciudadanos puedan evaluar la gestión de sus elegidos.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Impulsaré medidas concretas para garantizar la paridad y los derechos de las mujeres en Colombia. En primer lugar, promoveré el cumplimiento efectivo de la participación paritaria en los espacios de decisión pública y el acceso equitativo a la financiación de campañas, para que más mujeres puedan llegar a cargos de representación.
En segundo lugar, trabajaré por el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y atención de las violencias contra la mujer, con rutas de protección oportunas, justicia efectiva y presencia institucional en los territorios, porque no puede haber igualdad sin seguridad.
Y en tercer lugar, apoyaré iniciativas que promuevan la autonomía económica de las mujeres, el cierre de brechas salariales, el acceso al empleo formal y el respaldo real a las mujeres emprendedoras.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La lucha contra la corrupción empieza por la calidad de quienes toman las decisiones públicas. Colombia necesita mejores congresistas y mejores funcionarios, seleccionados por mérito, con perfiles técnicos y no por compromisos políticos o clientelistas.
Desde el Congreso impulsaré medidas para garantizar la trazabilidad en tiempo real de los recursos públicos, fortalecer los concursos de mérito en el Estado, reducir los espacios de contratación a dedo y establecer sanciones efectivas que incluyan la muerte política para los corruptos.
También es fundamental avanzar en la digitalización total de la contratación pública, para que cada peso pueda ser vigilado por los organismos de control y por los ciudadanos.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La desconfianza de los ciudadanos en el Congreso es el resultado de años de malas prácticas, baja calidad en la representación y falta de resultados. La única manera de cambiar esa percepción es con hechos.
Mi compromiso es ejercer una labor legislativa seria, técnica y transparente, rendir cuentas de manera permanente, publicar mi gestión, explicar cómo voto cada proyecto y mantener un contacto directo con los ciudadanos.
También es necesario impulsar reformas que eleven la calidad del Congreso: reglas más estrictas de asistencia y productividad, eliminación de privilegios injustificados y una agenda legislativa enfocada en resolver los problemas reales del país.
El Congreso debe volver a ser un escenario de debate de alto nivel y de construcción de soluciones. Recuperar la confianza no depende de discursos, sino del ejemplo y de los resultados.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe mantener relaciones diplomáticas serias, estables y basadas en el respeto con Estados Unidos y Venezuela. Con Estados Unidos es fundamental fortalecer la cooperación en materia de comercio, inversión, seguridad, lucha contra el narcotráfico y cooperación judicial, porque es nuestro principal socio estratégico. Con Venezuela, por ser un país vecino con el que compartimos una extensa frontera y millones de ciudadanos vinculados en lo social y lo económico, se requieren canales permanentes de diálogo que permitan garantizar la seguridad fronteriza, la atención de los migrantes, la reactivación del comercio binacional y la persecución conjunta del crimen transnacional. La política exterior no puede manejarse con ideología sino con pragmatismo: defensa del interés nacional, respeto por la soberanía y resultados concretos para los colombianos.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Recursos propios y donaciones de familiares y amigos. Es una campaña austera: COP 50.000.000.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo a Sergio Fajardo porque representa la política de la decencia. Mi apoyo se basa en su transparencia y honestidad comprobadas, cualidades escasas hoy en día. Además, su éxito previo como gobernante y su formación como doctor en matemáticas me dan la tranquilidad de que sus decisiones estarán basadas en datos y ciencia, no en improvisaciones.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Debe mantenerse y fortalecerse el apoyo a los adultos mayores que no tienen pensión, porque garantizar una vejez digna es una obligación del Estado. Lo que debe acabarse es la improvisación y la confrontación que generan incertidumbre económica. Colombia necesita políticas sociales sostenibles, con rigor técnico y crecimiento económico que las haga viables.
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