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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Poner a disposición mi experiencia profesional y laboral de más de 10 años en los sectores público y privado, en el Congreso de la República, para continuar con la senda transformadora del país, de forma responsable, redignificando el debate público y legislar por la salud, la seguridad, la lucha contra la corrupción, la agricultura y la educación.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Extinción de dominio a políticos corruptos y a sus testaferros.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
La corrupción. El presupuesto público alcanza para resolver las problemáticas de desigualdad social, acceso y calidad de la educación, atención en salud y promoción del empleo; no obstante, la corrupción ha permeado al sector público y privado y se hacen necesarias reformas más contundentes como incrementar las sanciones, entre ellas, la extinción de dominio a políticos corruptos y sus testaferros; una reforma a la normatividad de contratación pública y mecanismos preventivos más eficientes en órganos de control.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No. La Constitución de 1991 es una Constitución garantista, que su problema está en su inaplicación efectiva, no en su contenido. Y para lo que se deba ajustar existen otros mecanismos como los Actos Legislativos. Además, en un escenario de alta polarización e incertidumbre, podríamos enfrentarnos a una Constitución más regresiva y no más garantista.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No. La reelección solo ha servido como un mecanismo de acumulación innecesaria y perjudicial del poder político y público. Soy fiel creyente de la alternancia del poder político y la apertura hacia nuevos gobiernos. Lo que se deben fortalecer son las políticas de Estado para que trasciendan a los gobiernos de turno.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No. Debe haber un fortalecimiento a la política de seguridad primero, con un enfoque de seguridad humana, acompañado de mecanismos de diálogo, en los que no se sustituya por políticas de paz. Las políticas de paz deben estar enfocadas en escenarios donde haya inversión social y garantías para la vida de las comunidades.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí. No se debe abandonar el diálogo con los grupos ilegales, porque se debe continuar buscando la paz, pero con garantías de no violencia.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Apoyo la producción y legalización de hoja de marihuana y cannabis medicinal. Para el caso de la coca, se debe descriminalizar su producción y evaluar con fundamentos técnicos la legalización de la producción de pasta base de clorhidrato de cocaína. En el caso de drogas sintéticas, se debe evaluar su impacto, a partir de estudios científicos y de salud pública, por cada droga, para reconocer su legalización o no.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
De acuerdo, plenamente.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No. Se requiere de disminuir la corrupción.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Avanzar hacia las listas paritarias para corporaciones públicas.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción. El presupuesto público alcanza para resolver las problemáticas de desigualdad social, acceso y calidad de la educación, atención en salud y promoción del empleo; no obstante, la corrupción ha permeado al sector público y privado y se hacen necesarias reformas más contundentes como incrementar las sanciones, entre ellas, la extinción de dominio a políticos corruptos y sus testaferros; una reforma a la normatividad de contratación pública y mecanismos preventivos más eficientes en órganos de control.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Trasladar la función legislativa hacia el campo digital con plena transparencia de todas las votaciones, la agenda como representante a la Cámara y una declaratoria de conflictos de interés. Además, trabajar por enaltecer el debate público, argumentado y sobre las ideas y los problemas y soluciones más importantes para el país.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Garantizar los canales formales entre los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y Venezuela, bajo el respeto de la soberanía de cada nación y la promoción de la no intervención de potencias extranjeras en Latinoamérica, a la par que se protegen los intereses comerciales y migratorios de Colombia con los mercados y canales fronterizos estadounidenses y venezolanos.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Principalmente con mi patrimonio personal, una parte de un préstamo y donaciones que han hecho en especie y colaboradores de redes sociales. Nuestro presupuesto es muy austero y actualmente no supera los COP 30 millones. Hemos ido construyendo la campaña de forma creativa y con las donaciones que van llegando de amigos de las redes sociales y estamos a la espera de una donación y/o crédito del partido.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Actualmente, no respaldamos a ningún candidato presidencial. Nuestra fórmula al Senado y a Presidencia son los bogotanos y bogotanas.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
La política que debería seguir es la de la Reforma Agraria y potenciarla con mejor administración y mayor impacto en la compra de tierras, la agroindustria y el campesinado como sujeto de derechos. La que se debe acabar es la de la Paz Total como está formulada actualmente, para trabajar desde una perspectiva de la seguridad humana y el diálogo, con garantías para las comunidades más vulnerables, inversión social y fortalecimiento de la política antidrogas.
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