¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación para ser congresista nace de la vocación de servicio y de una convicción profunda: la política solo tiene sentido cuando mejora de manera concreta la vida de las personas. Creo firmemente que nuestra responsabilidad como ciudadanía —y más aún desde el Congreso— es garantizar condiciones de vida dignas, donde los derechos no sean un privilegio, sino una realidad.
Quiero ser congresista para acompañar y defender a quienes enfrentan las necesidades más inmediatas, para que el Estado responda, para que existan garantías reales, respeto por la diversidad y protección de la integridad de cada persona. No hablo solo de leyes, sino de resultados que se sientan en la cotidianidad. Puede sonar sencillo, pero es mi razón de ser: poner el poder público al servicio de la gente, legislar con humanidad y trabajar para que en Colombia nadie tenga que pedir permiso para vivir con dignidad.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
No aplica
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
La salud mental se aborda como un problema estructural de política pública, históricamente atravesado por el tabú, el estigma y el subdiagnóstico, y estrechamente vinculado a las condiciones materiales de vida, las violencias cotidianas, la desigualdad territorial y la forma en que se habita la ciudad. En Bogotá, el malestar emocional y psicosocial no es un fenómeno individual ni excepcional, sino el resultado acumulado de precariedad económica, sobrecarga de cuidado, debilitamiento de los vínculos comunitarios y una respuesta institucional fragmentada, con barreras persistentes de acceso, baja capacidad preventiva y débil articulación intersectorial.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
A mi criterio, el principal problema de Colombia es la desigualdad, porque es la raíz de muchas de nuestras violencias. Durante décadas, el modelo económico y el sistema político han producido pobreza, exclusión y falta de oportunidades reales, especialmente para la juventud. Cuando una sociedad no garantiza condiciones mínimas de vida, educación y empleo, la violencia termina siendo una consecuencia, no una casualidad.
Por eso, la solución pasa por poner lo social en el centro de la política pública. Un país que invierta de manera decidida en quienes han tenido menos oportunidades, en las y los jóvenes, en el acceso a empleo digno, educación y bienestar. Esto no es asistencialismo, es prevención estructural de la violencia.
Además, se requiere un control riguroso y permanente a las entidades responsables del bienestar social, para que los recursos lleguen a donde deben llegar y se traduzcan en resultados reales.Reducir la desigualdad no solo es una obligación ética, es la condición para construir un país en paz.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyaría un proceso de asamblea constituyente en el contexto actual. Aunque la Constitución de 1991 representa avances importantes en derechos y participación, abrir hoy ese escenario implica riesgos reales. En un país con altos niveles de polarización, una constituyente podría ser cooptada por sectores de extrema derecha y terminar convirtiéndose en un mecanismo para retroceder en derechos que ya se han conquistado, especialmente en materia de derechos humanos, sociales y de las minorías.
Creo que los cambios que Colombia necesita no pasan necesariamente por reemplazar la Constitución, sino por cumplirla y desarrollarla. El reto está en hacer efectivos los derechos existentes, fortalecer las instituciones y garantizar que lo que ya está consagrado en la norma se traduzca en bienestar real para la gente. Hoy, la prioridad no es abrir un escenario de incertidumbre constitucional, sino defender los avances logrados y profundizar la democracia desde la institucionalidad.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompañaría ni la reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo presidencial. Considero que cuatro años son justos y necesarios para gobernar en una democracia. La reelección y la ampliación del periodo concentran poder, debilitan los contrapesos institucionales y terminan afectando la alternancia, que es un principio básico del sistema democrático.
Colombia ya vivió los efectos negativos de la reelección inmediata, y esa experiencia dejó claro que no fortalece la democracia ni mejora la gobernabilidad. Por el contrario, genera ventajas indebidas, clientelismo y uso del aparato estatal con fines políticos. Lo que el país necesita no es más tiempo en el poder, sino mejores gobiernos, instituciones fuertes y respeto por las reglas de juego. La estabilidad democrática se garantiza con alternancia, límites claros al poder y rendición de cuentas, no con la permanencia prolongada de una sola persona en la Presidencia.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Sí, le daría respaldo y continuidad a la política de paz total, porque la paz es una necesidad urgente para Colombia. No existe una salida exclusivamente militar a un conflicto que ha sido histórico; el diálogo es un componente primordial para reducir la violencia, salvar vidas y garantizar derechos, especialmente en los territorios más golpeados por la guerra.
La paz total debe entenderse como una política de Estado, no de gobierno, que combine diálogo, presencia integral del Estado, justicia para las víctimas y oportunidades reales para las comunidades. Sin inversión social, sin cumplimiento de acuerdos y sin alternativas económicas, la violencia se reproduce. Respaldar la paz total es apostar por la vida, por la dignidad de los territorios y por una Colombia donde los conflictos se tramiten con política y no con las armas.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Sí, estoy de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales, siempre y cuando estos procesos tengan límites claros y condiciones firmes. Dialogar no significa legitimar la violencia, sino reducirla, proteger a la población civil y avanzar hacia la paz.
Los diálogos deben estar orientados a la dejación real de las armas, al sometimiento a la justicia y a la reparación de las víctimas, con verificación y transparencia. La experiencia del país demuestra que cerrar la puerta al diálogo solo prolonga el conflicto y el sufrimiento en los territorios. Colombia necesita soluciones políticas a un conflicto histórico, con el Estado liderando procesos responsables que pongan en el centro a las víctimas, la vida y la construcción de paz.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Estoy a favor de la legalización regulada de algunas drogas, como la marihuana y otras sustancias, porque la política prohibicionista ha fracasado. Durante décadas, la prohibición no ha reducido el consumo ni el narcotráfico; por el contrario, ha fortalecido economías ilegales, alimentado la violencia y criminalizado a las personas más vulnerables.
La legalización debe ir acompañada de regulación estatal, control de la producción y el consumo, enfoque de salud pública y programas de prevención y tratamiento. Esto permitiría quitarle recursos al crimen organizado, reducir la violencia asociada al narcotráfico y proteger a las y los consumidores. Este es un debate que Colombia debe dar con responsabilidad y evidencia: regular para cuidar la vida, no seguir castigando la pobreza ni sosteniendo una guerra que no ha funcionado.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Sí, estoy de acuerdo con la eutanasia, entendida como un derecho fundamental a morir con dignidad. En un Estado que respeta la vida, también se debe respetar la autonomía de las personas para decidir sobre su propio cuerpo cuando enfrentan sufrimientos intensos, enfermedades graves o condiciones irreversibles.
La eutanasia no es una obligación, es una opción voluntaria, que debe estar estrictamente regulada, con controles médicos, jurídicos y éticos, y con información clara para pacientes y familias. Negar este derecho es prolongar el dolor y desconocer la dignidad humana. Defender la eutanasia es defender la libertad, la compasión y el derecho a decidir, garantizando siempre acompañamiento, cuidado y protección a las personas.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Sí, Colombia sí requiere otra reforma tributaria, pero no cualquier reforma. Se necesita una reforma justa, progresiva y enfocada en cerrar brechas sociales. Hoy el sistema tributario sigue siendo regresivo: quienes menos tienen terminan pagando proporcionalmente más, mientras que grandes patrimonios y sectores con altos ingresos mantienen beneficios y exenciones.
Una nueva reforma debe hacer que paguen más quienes más tienen, combatir con firmeza la evasión y la elusión fiscal, y garantizar que los recursos recaudados se destinen de manera transparente a inversión social, educación, salud, empleo y bienestar para la población.
No se trata de asfixiar a la clase media ni a los pequeños negocios, sino de fortalecer al Estado para que pueda cumplir su función social. Sin una tributación justa y eficiente, no es posible reducir la desigualdad ni sostener políticas públicas que mejoren la calidad de vida de la gente.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Sí, absolutamente de acuerdo.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, haría modificaciones al sistema político colombiano, especialmente al sistema electoral, que hoy enfrenta problemas serios de desconfianza, fraude y abstencionismo. La violencia política y la falta de garantías siguen alejando a muchas personas de las urnas, y a esto se suma un sistema electoral obsoleto, que no responde a las necesidades actuales del país.
Por eso, es necesario avanzar hacia el voto electrónico, con estándares altos de seguridad, auditoría y verificación, que permitan reducir el fraude, aumentar la transparencia y generar confianza en los resultados electorales. Un sistema moderno también facilita la participación y puede ayudar a disminuir el abstencionismo. Modernizar el sistema electoral es fortalecer la democracia, garantizar el derecho al voto y asegurar que la voluntad ciudadana se exprese de manera libre y transparente.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Mi propuesta para garantizar la paridad y los derechos de las mujeres parte de una idea clara: sin paridad, sin presupuesto y sin cuidados, no hay democracia ni derechos plenos para las mujeres en Colombia. El país debe avanzar hacia una democracia paritaria, mediante una reforma estructural del Estado que garantice la participación efectiva de las mujeres en igualdad de condiciones en los espacios de poder, con seguimiento y control permanente a la paridad de género en los cargos públicos, para que no se quede en el papel.
Esta paridad debe estar respaldada por presupuesto con enfoque de género, que asegure recursos reales para políticas de prevención de violencias, autonomía económica y bienestar. Además, es fundamental fortalecer y ampliar el sistema de cuidados, consolidando las casas de cuidado como una política pública nacional, con financiamiento estable y cobertura territorial.Garantizar los derechos de las mujeres no es solo una deuda histórica, es una condición básica para una democracia más justa y equitativa.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción en Colombia se combate con prevención estructural, transparencia y control real. Mi propuesta parte de tres acciones concretas.Primero, formalizar el trabajo de la gente, porque la informalidad alimenta redes clientelistas y dependencia del favor político. Un Estado con empleo formal y reglas claras reduce la corrupción desde la base.
Segundo, modernizar y fortalecer el sistema de contratación electrónica, garantizando transparencia total y en tiempo real. Esto implica pliegos tipo universales, trazabilidad digital del gasto público y publicación abierta de contratos, interventorías y modificaciones, desde el nivel nacional hasta el municipal, para cerrar los espacios de discrecionalidad.
Tercero, fortalecer el control ciudadano vinculante, asegurando veedurías con acceso efectivo a la información, protección a denunciantes y mecanismos de incentivos por alertas tempranas que permitan prevenir el desfalco antes de que ocurra.Combatir la corrupción no es solo castigar después, es cerrar las oportunidades para que ocurra y devolverle el control a la ciudadanía.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La mala imagen del Congreso se revierte con resultados reales para la gente, no con discursos. Para contrarrestar esa percepción, trabajaría con una agenda clara y pública, con presencia permanente en Bogotá, enfocada en sacar adelante proyectos que respondan a las necesidades concretas de la ciudadanía. Eso implica legislar con propósito, hacer seguimiento a las leyes aprobadas y asegurar que se traduzcan en mejoras reales en la vida de las personas.
Además, es fundamental rendir cuentas de manera constante, explicar qué se hace en el Congreso, cómo se vota y cuáles son los impactos de esas decisiones.El Congreso recupera la confianza cuando la gente siente que su trabajo sirve, resuelve y cumple, y cuando hay coherencia entre lo que se promete y lo que se hace.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe manejar sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela desde una lógica pragmática y centrada en la gente, no desde la ideología. Es fundamental mantener relaciones diplomáticas y económicas estables, entendiendo que ambos países son socios comerciales y estratégicos clave para el país y para el continente.
Con Estados Unidos, se debe fortalecer una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación económica, la migración, la lucha contra el crimen transnacional y el desarrollo social, priorizando siempre los intereses de la población colombiana. Con Venezuela, es indispensable mantener el diálogo y la cooperación, especialmente en temas fronterizos, comerciales, migratorios y de seguridad.
Restablecer relaciones no significa avalar procesos internos, sino proteger a la gente, dinamizar las economías locales y reducir conflictos en la frontera.Colombia debe propiciar el diálogo, el trabajo colaborativo y un estado permanente de cooperación, respetando siempre la soberanía interna de cada país. Una diplomacia responsable piensa en el bienestar de su gente y en la estabilidad del continente.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se está financiando de manera legal, transparente y austera. Proviene principalmente de recursos propios y del apoyo de mi familia, fruto de años de trabajo y servicio en el sector público. Todo ha sido el resultado de un esfuerzo personal sostenido, no de favores ni compromisos indebidos.
Adicionalmente, he recibido donaciones de particulares, siempre dentro de los límites que establece la ley y debidamente reportadas a las autoridades electorales. El costo total estimado de la campaña es de aproximadamente COP 200 millones, recursos que se están destinando de manera responsable a actividades estrictamente necesarias.
No tengo financiación de grandes intereses privados ni de contratistas del Estado. Creo firmemente que la independencia política comienza por la transparencia en la financiación, y ese es un compromiso que mantengo con la ciudadanía.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Una decisión que se tomará luego del 8 de marzo.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Después del 7 de agosto de 2026, una política del presidente Gustavo Petro que debe mantenerse en el tiempo es la reforma laboral, porque responde a una reivindicación histórica de más de cien años: garantizar trabajo digno, estabilidad, derechos laborales y protección real para las y los trabajadores.
Fortalecer el empleo formal y reducir la precarización es clave para disminuir la desigualdad y mejorar la calidad de vida.En contraste, considero necesario replantear la política de paz total.
La paz es indispensable, pero su implementación debe ajustarse para tener límites más claros, mayor exigencia y mejores mecanismos de verificación, de modo que los diálogos no se traduzcan en expansión de economías ilegales ni en mayor incertidumbre para las comunidades. La continuidad de las políticas debe basarse en resultados, y cuando algo no está funcionando como se espera, el Estado tiene la responsabilidad de corregir el rumbo.
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