¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación para ser congresista es que en ese lugar se debata sobre los problemas que durante décadas ningún gobierno ha logrado solucionar y que hoy lamentablemente siguen doliéndole a los colombianos, hacer un control político riguroso que conecte con la realidad de los territorios y los reclamos justos de la ciudadanía, esa es una de las razones. He visto de cerca como el dolor, el miedo, la ansiedad, la violencia y la corrupción afecta la vida cotidiana de las personas y ahí entendí, incluso desde mi propia historia, que el dolor no se puede negar pero si se puede transformar en acción pública. Quiero llegar al Congreso para convertir ese sentir de la ciudadanía en leyes que cuiden la vida, que fortalezcan la salud mental, que protejan la seguridad, que salvaguarden la iniciativa privada y que devuelvan la confianza en la política. Devolverle sentido al Estado, trabajar para que la justicia haga que el bandido de cuello blanco y el delincuente de la calle que termina acabando con la vida de muchas familias, pague. Quiero un país donde la justicia opere y que se reivindiquen los derechos de las víctimas y un Estado que brinde las garantías mínimas de seguridad porque cuando la política se hace con decencia, Colombia si puede avanzar.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
Durante mis más de 17 años de trayectoria en el servicio público no he tenido investigaciones disciplinarias, administrativas ni penales que hayan derivado en sanciones, condenas o inhabilidades. Mi ejercicio como edil, concejal de Bogotá y servidora pública se ha caracterizado por la coherencia ética, el respeto por la ley y la rendición de cuentas. He ejercido control político con firmeza, pero siempre dentro del marco institucional, y he defendido causas sensibles, como la salud mental, los derechos de las mujeres y la protección de la niñez, sin comprometer nunca la legalidad ni el uso de los recursos públicos.Quienes aspiramos al Congreso tenemos la obligación de honrar la representación que la ciudadanía nos entrega y así dignificar la política. En mi caso, lo he hecho con transparencia, coherencia y respeto por lo público. Mi hoja de vida no tiene tachas, y eso me permite asumir ese reto con tranquilidad y responsabilidad.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Si obtengo la curul, mi principal proyecto en el Congreso será fortalecer de manera integral la presencia del Estado en todo el territorio nacional, porque donde el Estado no llega, llegan la violencia, la ilegalidad y el miedo. Esto implica respaldar y modernizar a la Fuerza Pública (Fuerzas Militares y Policía), con mejores capacidades, formación y tecnología, pero también una justicia que funcione, con justicia especializada para enfrentar el crimen organizado, la extorsión y la reincidencia, y una reingeniería profunda del sistema penal, penitenciario y carcelario, que deje de ser una escuela del delito y se convierta en un sistema eficaz, humano y orientado a la resocialización.
Ese fortalecimiento no puede quedarse solo en lo punitivo. Por eso, el proyecto se complementa con incentivos claros para la generación de empleo y la formalización, especialmente en territorios golpeados por la ilegalidad. Trabajo digno, oportunidades reales y presencia institucional sostenida son la base de una seguridad que se sienta en la vida cotidiana. Mi propósito es claro y coherente con mi forma de hacer política: proteger la vida, recuperar la autoridad del Estado con ética y resultados, y cerrar el círculo entre seguridad, justicia y oportunidades. Así es como se sana el país y se avanza de verdad.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
A mi criterio, el principal problema de Colombia es la impunidad, y esa impunidad atraviesa todos los sectores. No pasa nada cuando se roban los recursos de la salud y los pacientes no reciben atención; no pasa nada cuando se pierden los recursos de la educación y los niños siguen estudiando en condiciones indignas; no pasa nada cuando el delito se repite y el sistema no responde. La corrupción existe, sí, pero la corrupción es un delito más; el verdadero daño estructural es que no tenga consecuencias. Cuando el delito no se castiga, el mensaje para la sociedad es devastador: que hacer las cosas mal sale gratis.¿Cómo se soluciona? Con un Estado que recupere autoridad y coherencia. Fortaleciendo la justicia para que sea rápida, especializada y efectiva; cerrando los vacíos que permiten la reincidencia; y haciendo control real sobre los recursos públicos, especialmente en sectores sensibles como salud y educación. Pero también con liderazgo ético: con gobernantes y congresistas que no miren para otro lado, que incomoden y que respondan. La impunidad no se combate con discursos ni con indignación momentánea; se combate con instituciones que funcionen, sanciones que se cumplan y una política que vuelva a entender que proteger lo público es proteger la vida y la dignidad de la gente. Esa es, para mí, la base para sanar a Colombia y permitirle avanzar.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No, no apoyo un proceso de Asamblea Nacional Constituyente, y lo digo con claridad y con respeto por la democracia. La Constitución Política de 1991 no es un accidente histórico: es el resultado de un gran acuerdo nacional, de un país que en medio de la violencia decidió buscar puntos comunes para garantizar derechos, fortalecer el Estado y darle viabilidad institucional a Colombia. Esa Constitución recoge el sentir de una sociedad que quiso poner la dignidad humana, las libertades y el equilibrio de poderes en el centro del proyecto de nación.
El problema de Colombia no es la Constitución, es su incumplimiento. No necesitamos cambiar las reglas cada vez que el Estado falla; necesitamos hacer que las reglas se cumplan. Abrir una Constituyente en un contexto de polarización y desconfianza implica un riesgo enorme: debilitar la estabilidad institucional, generar incertidumbre jurídica y poner en juego derechos que hoy están garantizados. Yo creo en reformas responsables dentro del marco constitucional, en fortalecer la justicia, combatir la impunidad y hacer que el Estado funcione. Sanar a Colombia no es empezar de cero; es respetar los acuerdos que nos unen y cumplirle, por fin, a la gente.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No, no acompañaría ni la reelección presidencial inmediata ni la extensión del periodo presidencial. Sería un grave retroceso institucional y, francamente, vergonzoso volver a asumir los costos políticos, sociales y democráticos que ya conoció el país cuando se rompieron los pesos y contrapesos del poder. Colombia aprendió (con hechos) que la reelección concentra el poder, debilita los controles y distorsiona la competencia democrática.La alternancia no es un capricho: es una garantía democrática. Extender periodos o habilitar la reelección inmediata abre la puerta al uso del aparato estatal con fines electorales, a la captura de instituciones y a ejercicios populistas que ponen en riesgo la estabilidad del país. Colombia necesita fortalecer su institucionalidad, no tensionarla; necesita gobiernos que gobiernen bien en el tiempo que les corresponde, y una democracia que funcione con límites claros. Sanar la política es respetar las reglas, cuidar los equilibrios y entender que el poder no puede convertirse en un proyecto personal.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No, no le daría respaldo ni continuidad a la llamada política de “paz total”, porque tal como fue concebida y ejecutada terminó enviando un mensaje equivocado al país. Se convirtió en una puerta de entrada para que organizaciones criminales se fortalecieran, ganaran tiempo, control territorial y capacidad financiera, bajo una narrativa que hoy no tiene ningún sustento ideológico. No estamos frente a actores políticos: estamos frente a estructuras que se alimentan de las peores economías ilegales, del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y la trata de personas, que están acabando con la vida, la seguridad y la tranquilidad de los colombianos.
La paz no se construye debilitando al Estado ni relativizando el delito. Se construye con autoridad legítima, con justicia que funcione, con protección real a la población civil y con una Fuerza Pública respaldada y respetada. Yo creo en la paz, pero una paz seria, responsable y con reglas claras, donde no se premie al violento ni se sacrifique a las víctimas. Sanar a Colombia no es negociar desde la ingenuidad; es defender la vida, recuperar el control del territorio y dejar claro que la violencia y la ilegalidad no pueden ser un camino aceptable.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
No, no estoy de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales en las condiciones actuales del país. Y lo digo con responsabilidad y con dolor por lo que está pasando en los territorios. Estos grupos han demostrado, una y otra vez, falta total de voluntad real de paz. Hoy no los mueve ninguna causa política ni ideológica: los mueve el lucro, las economías ilegales, el control territorial y el poder, todo a costa de la tranquilidad, la vida y la dignidad de los colombianos.
Dialogar sin condiciones claras, sin verificación y sin consecuencias termina premiando al violento y dejando sola a la ciudadanía. El Estado no puede sentarse a conversar mientras la gente vive confinamientos, extorsiones, reclutamiento de menores y miedo cotidiano. Yo creo en la paz, pero una paz seria, que ponga en el centro a las víctimas, que respalde a la Fuerza Pública y que deje claro que la violencia no es una opción legítima de negociación. Sanar a Colombia exige autoridad, justicia que funcione y un mensaje firme: quien quiera la paz debe demostrarla con hechos, no con discursos mientras sigue haciendo daño.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
No, rechazo la legalización de drogas ilícitas para su producción y consumo, y lo digo con claridad y con responsabilidad. He apoyado (y seguiré apoyando) el uso estrictamente médico y clínico, regulado y con evidencia científica, para el tratamiento del dolor en enfermedades terminales o crónicas. Eso es muy distinto a normalizar el consumo recreativo de sustancias psicoactivas, que hoy están profundamente asociadas a adicción, deterioro de la salud mental y ruptura del tejido familiar.
Las cifras son contundentes. En Colombia, más del 60 % de quienes inician consumo de marihuana lo hacen antes de los 18 años, y los estudios del Ministerio de Salud muestran que el consumo frecuente duplica el riesgo de desarrollar trastornos de ansiedad, depresión y psicosis, especialmente en adolescentes y jóvenes. Además, el consumo problemático de sustancias está asociado a mayores niveles de violencia intrafamiliar, deserción escolar y fracaso laboral. No podemos llamar “avance” a una política que expone a nuestros jóvenes y debilita a las familias. Un Estado que cuida previene, trata y recupera, pero no envía mensajes ambiguos que banalizan la adicción. Defender la vida, la salud mental y la seguridad también implica decir que no todo lo que se puede legalizar es socialmente responsable.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Hoy sí estoy de acuerdo con la eutanasia, y lo digo desde una reflexión profunda y responsable. Hace algunos años no lo estaba, pero entendí que el derecho a la vida también incluye el derecho a morir con dignidad cuando el sufrimiento es irreversible y la medicina ya no puede ofrecer alivio real. Defender la eutanasia no es promover la muerte, es respetar la autonomía, la dignidad humana y la compasión, especialmente en casos de enfermedades terminales o dolores insoportables.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
No, no se requiere otra reforma tributaria, y decir lo contrario sería una desconexión total con la realidad del país. Sería una desfachatez seguir cargando a la ciudadanía cuando Colombia sale de un gobierno que deja un alto nivel de endeudamiento, menor margen fiscal y una presión enorme sobre las finanzas públicas. Una nueva reforma tributaria ataría de manos al próximo gobierno, pondría en riesgo la estabilidad macroeconómica y terminaría castigando, una vez más, a quienes ya están haciendo esfuerzos para sostener la economía: las familias, los emprendedores y las empresas formales.
Colombia no necesita más impuestos, necesita mejor Estado. El problema no es cuánto se recauda, sino cómo se administra, cuánto se pierde por ineficiencia, corrupción e impunidad. Penalizar al ciudadano con más cargas tributarias frena el consumo, ahuyenta la inversión y destruye empleo. Lo que debemos hacer es facilitar la inversión privada, dar reglas claras y estables, fortalecer la generación de empleo formal y crear confianza para que lleguen más flujos de capital que robustezcan la economía. Gobernar con responsabilidad fiscal también es cuidar el bolsillo de la gente y entender que el crecimiento no se decreta: se construye con confianza, trabajo y oportunidades reales.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, estoy de acuerdo con que se reduzca el salario de los congresistas y de otros altos funcionarios del Estado, y no es un tema de populismo: es un tema de equidad, coherencia y mensaje político. Hablar de los salarios del Congreso es hablar de la profunda desigualdad que vive el país. Hoy, más de 11 millones de colombianos sobreviven con menos de un salario mínimo y cerca del 55 % de la población ocupada está en la informalidad, sin estabilidad ni garantías. En ese contexto, que una corporación que además enfrenta una grave crisis de credibilidad tenga ingresos superiores a 50 millones de pesos mensuales por congresista es una desconexión total con la realidad de la gente.
La política también comunica, y los símbolos importan. No es razonable pedirle sacrificios a la ciudadanía cuando el poder no está dispuesto a dar ejemplo. Reducir estos salarios no resolverá por sí solo los problemas fiscales del país, pero sí envía un mensaje claro de austeridad, empatía y responsabilidad. Yo creo en un Estado que cuide los recursos públicos y en una dirigencia que entienda que servir no puede ser sinónimo de privilegio. Si queremos recuperar la confianza en la política, el primer paso es alinear el discurso con los hechos y demostrar que quienes toman decisiones también están dispuestos a ajustarse el cinturón.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Esta es una discusión que debe darse con responsabilidad, equilibrio y sin prejuicios. Yo no estoy de acuerdo con gravar de manera indiscriminada a todas las iglesias, porque no todas cumplen el mismo papel ni tienen las mismas condiciones. He visto de cerca el trabajo de muchas parroquias católicas y de sacerdotes que trabajan prácticamente con las uñas, sosteniendo comedores comunitarios, procesos de acompañamiento social, atención a poblaciones vulnerables y presencia en territorios donde el Estado muchas veces no llega. Gravar ese trabajo sería castigar la labor social y comunitaria, no generar justicia fiscal.Pero eso no significa mirar para otro lado. Sí creo que debe haber reglas claras y diferenciadas, especialmente frente a iglesias que hoy mueven grandes volúmenes de dinero, operan como verdaderas empresas, tienen ingresos multimillonarios y no siempre destinan esos recursos a fines sociales verificables.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí, Colombia necesita una reforma política profunda, y no solo por la financiación de campañas. Hoy enfrentamos una crisis estructural de representación y confianza: según el DANE y el DNP, el abstencionismo electoral supera el 45 % en elecciones nacionales, y estudios del Latinobarómetro muestran que menos del 30 % de los colombianos confía en el Congreso. Esto no es apatía gratuita; es el resultado de un sistema político que muchos sienten lejano, capturado por maquinarias y poco transparente en la toma de decisiones.
Una reforma política también debe corregir la fragmentación extrema del sistema de partidos, que según la MOE supera los 30 partidos con personería jurídica, dificultando la gobernabilidad y diluyendo la responsabilidad política. Además, debe fortalecer la democracia interna de los partidos, hoy débil o inexistente: la selección de candidatos sigue concentrada en cúpulas, lo que limita la renovación y excluye liderazgos ciudadanos y territoriales. A esto se suma la debilidad del control político: informes de Transparencia por Colombia señalan que muchos casos de corrupción electoral quedan sin sanción efectiva, lo que incentiva la reincidencia. Reformar la política es, entonces, una condición para sanar la democracia: reglas claras, partidos responsables, campañas limpias, representación real y un Congreso que vuelva a responderle a la ciudadanía y no a intereses particulares.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Las mujeres somos el 51,2 % de la población, pero solo ocupamos cerca del 30 % del Congreso, y apenas el 24,5 % de los cargos territoriales. Esta brecha no es falta de capacidad, es falta de condiciones. Mi propuesta es avanzar hacia una paridad real, actualizando la Ley de Cuotas para que deje de ser un mínimo simbólico y garantice igualdad efectiva, y corrigiendo una distorsión clave: en las campañas de 2022 y 2023, los hombres casi 4 veces más recursos que las mujeres, mientras solo el 1 % del financiamiento partidista se destinó a su inclusión. A esto se suma la violencia política, que sigue expulsando a muchas mujeres de la participación pública y debe enfrentarse con prevención, sanción y garantías reales. Pero la paridad no se agota en la política: implica proteger la vida, la autonomía económica, el trabajo digno y la seguridad de las mujeres en todos los espacios. Garantizar los derechos de las mujeres no es un tema sectorial, es una condición para una democracia que funcione y para un país que aspire a desarrollarse con justicia.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción en Colombia no es solo un problema de percepción, se trata de un fallo estructural de control, sanción y transparencia. El 72 % de los ciudadanos cree que la corrupción está empeorando, y los niveles de impunidad son inimaginables, en parte porque investigar y sancionar la corrupción es lento, fragmentado y es un peligro para quienes denuncian. Mi propuesta se centra en tres acciones concretas. Primero, transparencia total y trazabilidad del gasto público, fortaleciendo los sistemas de información abiertos, interoperables y en tiempo real, especialmente en contratación, que es donde se concentran los mayores riesgos. Segundo, control político riguroso y técnico, con seguimiento permanente a la ejecución presupuestal, no solo debates reactivos cuando el daño ya está hecho. Tercero, protección real a denunciantes y fortalecimiento de las capacidades de investigación, para que denunciar no sea un acto heroico sino una garantía institucional. Sin sanción efectiva, la corrupción se va a seguir reproduciendo. Combatirla exige que tengamos reglas claras, controles que funcionen y un Estado que no tolere la impunidad, no debe existir compasión con los bandidos de cuello blanco que roban lo público desde posiciones de poder, afectando directamente a los territorios y a las comunidades que dicen defender y representar.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Yo no me sorprendo por ese resultado; lo entiendo. Cuando tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso, no es porque la gente esté equivocada, es porque la política ha fallado en escuchar, en cumplir y en dar ejemplo. Esa desconfianza no se combate con discursos defensivos ni con marketing: se enfrenta con coherencia, trabajo visible y rendición de cuentas real.Para contrarrestar esa percepción negativa haría tres cosas muy concretas. Primero, transparencia radical: que cada ciudadano pueda saber cómo voto, en qué trabajo y a quién escucho. Segundo, control político con carácter, incluso cuando incomode, porque el Congreso no está para aplaudir al poder sino para vigilarlo. Y tercero, legislar con sentido humano, llevando al centro temas que sí le importan a la gente: salud mental, seguridad, oportunidades y ética pública. Yo creo que la confianza no se pide, se construye. Y solo se construye cuando la política deja de servirse y vuelve, de verdad, a servirle a la gente.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Para mí, la política exterior de Colombia debe ser firme, respetuosa y coherente con nuestros principios democráticos y nuestros intereses nacionales. Con Estados Unidos, tenemos una relación histórica fundada en cooperación en seguridad, economía y desarrollo, y que ha sido clave para enfrentar problemas como el narcotráfico y la estabilidad regional. Sin embargo, esa relación solo es sostenible si se basa en el respeto mutuo, la soberanía y la cooperación transparente, sin subordinarnos a agendas externas ni aceptar presiones que fragilicen nuestra autodeterminación. Colombia debe dialogar con Estados Unidos desde la dignidad y la defensa de nuestros intereses, buscando cooperación real en inversión, empleo y desarrollo productivo, y no caer en una dinámica de dependencia que limite nuestras capacidades políticas y económicas. Respecto a Venezuela, no podemos ignorar que compartimos 2.219 kilómetros de frontera, lazos culturales profundos y una realidad de convivencia social y económica que exige soluciones diplomáticas racionales y constructivas. Desde el restablecimiento de relaciones bilaterales en 2022, ha habido avances en cooperación y comercio que debemos fortalecer, siempre con respeto al Derecho Internacional y a los derechos humanos en ambos lados de la frontera. Colombia puede y debe proponer un papel activo como puente para la paz, la estabilidad y el diálogo democrático, evitando exacerbar tensiones y, al mismo tiempo, defendiendo los derechos de quienes han sufrido la crisis humanitaria y la inseguridad. No se trata de alinearse ciegamente con ninguna potencia, sino de construir una política exterior que priorice la paz, la protección de nuestros compatriotas y el desarrollo regional con respeto y responsabilidad.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña se financia de manera transparente y responsable, principalmente con recursos propios, producto de un préstamo personal, y con donaciones de amigos y familiares que creen en este proyecto y en mi forma de hacer política. El presupuesto total es de aproximadamente 1.200 millones de pesos, todo debidamente reportado y sujeto a los controles legales.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Respaldo a Juan Manuel Galán porque representa una forma de hacer política que hoy Colombia necesita recuperar: ética, coherente y sin atajos. Su trayectoria ha sido consistente con los principios del Nuevo Liberalismo: decencia en lo público, respeto por la democracia y rechazo claro a la corrupción y a las maquinarias. En un país cansado de la polarización y del espectáculo, Galán ofrece una propuesta seria, institucional y responsable, capaz de unir sin dividir y de gobernar sin improvisar.Además, lo respaldo porque su visión de país entiende que el desarrollo no es solo económico, sino humano: seguridad con autoridad y prevención, fortalecimiento institucional, oportunidades reales y un Estado que funcione para la gente. Juan Manuel Galán cree (como yo) que la política debe servir, no servirse; que las reformas se construyen con diálogo y evidencia; y que la confianza se gana con ejemplo. Por eso considero que su liderazgo es el más adecuado para encabezar una campaña presidencial que sane la política y le devuelva a Colombia un rumbo ético y democrático.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
La política que debería mantenerse y fortalecerse es el énfasis en la salud mental y el cuidado como asuntos públicos, porque Colombia enfrenta una crisis silenciosa que atraviesa la seguridad, la productividad y la convivencia. Poner la salud mental en la agenda nacional fue un paso correcto, pero debe hacerse con más técnica, más presupuesto, más articulación institucional y menos improvisación. No se trata de discursos, sino de convertir el cuidado emocional en política pública medible, con prevención en colegios, atención oportuna y presencia territorial real.
La política que debería acabarse es la forma como se han impulsado algunas reformas estructurales sin consensos, sin claridad técnica y sin respeto por los tiempos institucionales, especialmente cuando se gobierna desde la confrontación permanente. Reformar es necesario, pero imponer, descalificar al Congreso o deslegitimar a quien piensa distinto debilita la democracia y profundiza la desconfianza. Colombia necesita reformas responsables, dialogadas y bien diseñadas, no apuestas ideológicas que generan incertidumbre y polarización. Gobernar bien no es gritar más fuerte: es construir acuerdos que le sirvan al país y que perduren más allá de un gobierno.
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