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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación son los niños, el adulto mayor, las familias y los comerciantes. Hoy muchos padres salen a trabajar con miedo y muchos jóvenes están expuestos al microtráfico en sus propios barrios y entornos escolares. Eso no puede seguir pasando. Me preocupa el “gota a gota” que tiene quebrados a comerciantes y trabajadores, y la falta de autoridad en las calles. La seguridad no puede ser un discurso, tiene que ser una acción concreta. En el Congreso impulsaré más presupuesto para seguridad en Bogotá, articulación obligatoria entre Policía y vigilancia privada para patrullaje preventivo donde hoy no hay presencia, herramientas reales contra el microtráfico y penas más fuertes contra la extorsión. Quiero que en Bogotá se pueda trabajar, estudiar y caminar sin miedo. Soy Gregorio Marulanda, 114 del Centro Democrático, Cámara por Bogotá.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal? De ser así, cuéntenos su caso.
No, jamás. En mis años de servicio público, no he tenido ni una sola investigación disciplinaria, fiscal ni penal.
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
Son 3 Gota a gota: Propuesta de ley para tipificar el “gota a gota” como delito autónomo con penas más altas y extinción de dominio exprés; línea nacional de denuncia anónima; alivio financiero y acceso rápido a microcrédito formal para víctimas, con acompañamiento de Fiscalía y Policía para capturar redes de cobro violento. Prohibición de droga en el espacio público dirigida a los entornos escolares y los parques de la ciudad: Endurecer penas en entornos escolares y parques; judicialización efectiva de expendedores reincidentes; operativos permanentes con inteligencia e incautación de rentas ilegales; intervención social focalizada para recuperar jóvenes en riesgo y desmantelar las finanzas de las bandas. Frentes y tecnología: Fortalecer frentes de seguridad con articulación obligatoria entre Policía y vigilancia privada; patrullaje preventivo donde hoy no hay presencia; red de cámaras con analítica, alarmas comunitarias conectadas al 123 y botón antiextorsión para comerciantes, con respuesta prioritaria y trazabilidad de casos.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
En mi criterio, el principal problema que afronta hoy Colombia es la pérdida de autoridad del Estado frente a la criminalidad. Cuando el delito avanza y la ley retrocede, todo se afecta: la economía, el empleo, la inversión y la tranquilidad de las familias. Hoy vemos cómo la inseguridad, la extorsión, el microtráfico y las economías ilegales están golpeando a comerciantes, transportadores y trabajadores. Sin seguridad no hay progreso posible. Colombia necesita recuperar el orden con acciones concretas: más presupuesto y tecnología para la Fuerza Pública, articulación real con la seguridad privada, penas más fuertes contra extorsión y microtráfico, y protección efectiva al comerciante y al trabajador. Seguridad para que vuelva la inversión, el empleo y la esperanza. Sin autoridad legítima no hay libertad real; pero cuando el Estado actúa con firmeza, el país avanza y las familias pueden volver a vivir sin miedo. Otros de los problemas son la crisis nacional en salud y la evidente corrupción de este gobierno.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
No apoyamos una asamblea constituyente. Colombia no necesita cambiar la Constitución cada vez que enfrenta dificultades; necesita hacer cumplir la que ya tiene. La Carta del 91 brinda herramientas suficientes para garantizar derechos, seguridad y desarrollo. Como dicen popularmente, el problema no es de flecha, es de indio: no es la norma, es cómo se gobierna y se aplica. Abrir una constituyente hoy generaría incertidumbre, frenaría la inversión y aumentaría la polarización. Nuestra postura es defender la institucionalidad, fortalecer el Estado de Derecho y hacer las reformas necesarias desde el Congreso, con firmeza, estabilidad y respeto por las reglas democráticas.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No acompañaría revivir la reelección presidencial inmediata ni extender el período presidencial. Colombia necesita instituciones sólidas y reglas claras, no cambios que se ajusten a coyunturas o a personas. La alternancia en el poder es una garantía democrática que evita la concentración excesiva y protege el equilibrio institucional. Más que alargar mandatos, el país necesita gobiernos que cumplan, resultados concretos en seguridad y economía, y un Congreso que ejerza control político serio. La estabilidad no se logra extendiendo periodos, sino fortaleciendo las instituciones y respetando las reglas del juego.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
No le daría respaldo a lo que debería denominarse “fracaso total”. La experiencia ha demostrado que negociar sin condiciones claras, sin cese real de delitos y sin autoridad firme termina fortaleciendo a las estructuras criminales. La paz no puede significar impunidad ni expansión del crimen mientras el Estado retrocede. Colombia necesita una política de seguridad con autoridad, sometimiento real a la justicia, fortalecimiento de la Fuerza Pública y protección efectiva a las comunidades. La paz se construye con orden, legalidad y respeto a las víctimas, no con concesiones que debiliten al Estado.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
En este momento no. El diálogo puede ser una herramienta para lograr el sometimiento a la justicia, la desmovilización efectiva y la reparación a las víctimas, no un espacio para legitimar la violencia ni para otorgar beneficios que premien el delito. La política debe privilegiar el fortalecimiento del Estado de Derecho: cese real de hostilidades, entrega de armas, judicialización sin prebendas y cumplimiento de la Constitución. El Estado tiene que ser el actor que lidera y controla el proceso, con claridad sobre objetivos y resultados concretos, poniendo siempre primero la seguridad de las familias y la protección de los ciudadanos.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Nuestra prioridad es proteger a las familias, fortalecer la prevención y el tratamiento del consumo, y golpear con firmeza las estructuras criminales que se financian del narcotráfico. Por eso impulsamos más presupuesto para la Fuerza Pública, ofensiva directa contra el microtráfico en entornos escolares, extinción de dominio a las redes que lo financian y articulación entre Policía y seguridad privada para recuperar barrios y parques. En ese contexto, rechazo la legalización de drogas ilícitas como política general del Estado. No podemos combatir el microtráfico y la delincuencia en las calles mientras enviamos un mensaje de normalización desde la ley. Colombia necesita autoridad, prevención y oportunidades para los jóvenes, no ampliar el mercado de las drogas.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Como creyente y defensor de la vida, tengo profundas convicciones sobre el valor sagrado de cada ser humano desde su inicio hasta su final. La vida merece respeto, cuidado y acompañamiento, especialmente en los momentos de mayor fragilidad. Entiendo que es un debate complejo y doloroso para muchas familias. Mi postura es fortalecer los cuidados paliativos, el acompañamiento médico, psicológico y espiritual, y garantizar que nadie enfrente el sufrimiento en soledad. Más que promover la eutanasia, el Estado debe garantizar alivio del dolor, dignidad y apoyo integral hasta el final de la vida.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
La mejor reforma tributaria sería, reducir el Estado y reducir la evidente burocracia de este Gobierno.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
Sí, estoy de acuerdo con que haya una reducción, pero el verdadero debate no puede quedarse solo en una cifra. El fondo está en la preparación, la idoneidad, la transparencia y la legalidad con la que se ejerce el cargo. Un servidor público bien formado, que actúe con rigor y sin corrupción, le ahorra mucho más al país de lo que cuesta su salario. Más que populismo salarial, Colombia necesita funcionarios competentes, evaluación de resultados, eliminación de privilegios injustificados y una lucha frontal contra la corrupción. El problema no es solo cuánto ganan, sino cómo sirven y qué resultados le entregan al país.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
Creo en la libertad religiosa y en el papel social que cumplen muchas iglesias en Colombia: acompañan comunidades, apoyan a familias vulnerables y suplen vacíos donde el Estado no llega. Por eso, no se puede abordar este tema desde el prejuicio ideológico ni con ánimo de persecución. Si una iglesia realiza actividades estrictamente religiosas y sociales sin ánimo de lucro, debe mantenerse el régimen especial que hoy contempla la ley.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Sí haría modificaciones, pero para fortalecer el sistema, no para debilitarlo. Este nefasto gobierno nos demostró que existen vacíos institucionales que permitieron la entrada de la corrupción y el abuso del poder. Eso no puede volver a repetirse. Impulsaría listas más transparentes y responsables, sanciones más fuertes contra la corrupción política, eliminación de privilegios indebidos y mayor rendición de cuentas. El sistema debe cerrarle la puerta a los corruptos y servirle mejor al ciudadano, con autoridad, legalidad y resultados.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Nuestra propuesta parte de un principio claro: las mujeres no necesitan privilegios, necesitan garantías reales y reglas justas para competir y liderar. Impulsaremos meritocracia en el acceso a cargos públicos, transparencia en los procesos de selección y cumplimiento efectivo de las normas de participación política. Fortaleceremos la seguridad en el espacio público y el transporte, rutas eficaces contra la violencia y apoyo real al emprendimiento femenino con acceso a crédito y formación. La igualdad se construye eliminando barreras y garantizando oportunidades.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
Mi propuesta concreta es: eliminación de contratación a dedo, pliegos tipo obligatorios en todo el país, publicación en tiempo real de cada contrato y sus avances, y trazabilidad digital del gasto público para que cada peso pueda ser auditado por los ciudadanos. Además, impulsaré cárcel efectiva y pérdida inmediata del cargo para corruptos, extinción de dominio sobre bienes obtenidos ilícitamente e inhabilidad de por vida para contratar con el Estado. Menos discurso y más sanción. El que robe recursos públicos, paga y responde.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
La imagen del Congreso no se cambia con discursos sino trabajando de frente a la gente. Yo creo en un congresista en la calle, en los barrios, rindiendo cuentas, escuchando y mostrando en qué vota y por qué vota. Menos privilegios, más resultados en seguridad, empleo y lucha contra la corrupción. Cuando la ciudadanía sienta que su voz sí está representada y que el Congreso le resuelve problemas reales, la confianza vuelve.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe fortalecer su alianza estratégica con Estados Unidos en seguridad, comercio e inversión, con una cooperación firme contra el narcotráfico y el crimen organizado. Es nuestro principal socio y un aliado clave para recuperar la autoridad, atraer inversión y generar empleo, siempre con respeto a nuestra soberanía. Frente a Venezuela, la relación debe ser institucional y pragmática, pero sin legitimar dictaduras ni guardar silencio frente a violaciones de derechos humanos. La prioridad es la seguridad en la frontera, el combate a grupos armados y la protección de los colombianos. Esperamos que parte de la narcodictadura que aún sigue en el poder, salga con el apoyo de EEUU. La prioridad para Colombia debe ser la seguridad en la frontera.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
He invertido en organización territorial, publicidad legal, logística, capacitación de equipos y desplazamientos, siempre respetando los topes y las normas de la Ley. Todo aporte está registrado y puede ser verificado por los órganos de control. Gobernar con transparencia empieza por financiar la campaña con legalidad y rendición de cuentas.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Soy del Centro Democrático, hijo de este partido. Estoy firme con Paloma, para recuperar la confianza inversionista en el país, la inversión social real, recuperar la seguridad y fortalecer el sistema de salud.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
Debe mantenerse el pago digno a nuestros soldados y policías, una medida que se impulsó desde el gobierno y que se materializó posteriormente. Son los héroes de Colombia y merecen respaldo real y estabilidad. Lo que debe acabarse es la política de “paz total” sin autoridad, hablando con delincuentes y haciéndoles la vida más fácil. También acabaría con la improvisación económica que ha generado incertidumbre bajo el gobierno de Gustavo Petro. Colombia necesita orden, seguridad jurídica y reglas claras para que regresen la inversión, el empleo y la confianza.
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