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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?
Mi mayor motivación es poder llevar la voz del pueblo, del ciudadano de a pie, que al igual que yo, han padecido la violencia, la pérdida de sus padres, de su familia por la violencia, la falta de oportunidades, y por aquellos que perdieron la fe en la política nacional, por aquellos politiqueros que aparecen cada 4 años y no vuelven a los territorios.
¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria, administrativa o penal?
¡No, no he tenido ninguna investigación!
De obtener la curul, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?
La propuesta apunta a una tecnificación integral de la seguridad, enlazando de forma real y eficiente a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y las autoridades locales, mediante sistemas unificados de información, análisis de datos y respuesta rápida. Esto permitirá mejorar la investigación criminal, reducir la impunidad y actuar de manera anticipada frente al delito.
Un eje clave será la articulación con el sector privado y comunitario, especialmente con los negocios, comercios y empresas que ya cuentan con cámaras de seguridad y otros sistemas tecnológicos. La idea es integrar estas herramientas, bajo protocolos legales y de protección de datos, a los sistemas públicos de seguridad, creando redes de vigilancia colaborativa que fortalezcan la prevención y la reacción ante hechos delictivos.
A su criterio, ¿cuál es el principal problema de Colombia y cómo cree que puede solucionarse?
A mi criterio, el principal problema de Colombia es la inseguridad, profundamente ligada a la falta de oportunidades para las personas que viven en las comunas más pobres del Valle del Cauca y del país. Allí, donde el Estado llega tarde o no llega, la violencia, las economías ilegales y el reclutamiento de jóvenes terminan llenando ese vacío.
La inseguridad no puede entenderse solo como un problema policial. Es el resultado de desigualdad social, exclusión, desempleo juvenil, baja calidad educativa y ausencia de instituciones sólidas en los territorios. Mientras un joven no tenga alternativas reales de estudio, empleo o emprendimiento, seguirá siendo vulnerable a la criminalidad.
¿Apoyaría o no un proceso de asamblea constituyente y cómo justifica su postura?
Mi respaldo estaría condicionado, la constituyente se enfoque en la reducción de la cantidad de congresistas. Un Congreso más pequeño puede ser más eficiente, menos costoso y más fácil de vigilar por la ciudadanía.
Que aborde de manera frontal el uso indiscriminado de dinero en las campañas electorales. Un sistema en el que un congresista invierte más de mil millones de pesos para llegar al Congreso es insostenible y profundamente dañino para la democracia. Como suele decirse, es una simple matemática de tendero: quien gasta esas cifras no llega a servir, llega a recuperar la inversión, muchas veces a través de corrupción, pago de favores y política clientelista.
¿Acompañaría o no que en el país se reviva la figura de la reelección presidencial inmediata o que se extienda el periodo presidencial?
No, no acompañaría la reelección presidencial inmediata ni la extensión del período presidencial. Colombia necesita alternancia en el poder, no su concentración. La reelección y la ampliación de períodos terminan debilitando la democracia, favoreciendo el uso del Estado con fines electorales y reduciendo los controles reales al Ejecutivo.
Así mismo, considero necesario limitar los períodos de los congresistas. La política no puede seguir siendo una carrera vitalicia. La permanencia indefinida en el poder favorece el clientelismo, la corrupción y la desconexión con las necesidades reales de la ciudadanía. De igual forma, soy firme en que los familiares de congresistas no deben ejercer cargos públicos, ni acceder a contratos estatales, ni beneficiarse de ninguna forma del poder político de sus parientes.
¿Le daría respaldo o continuidad a la política de paz total?
Respaldaría una política de paz que combine diálogo y firmeza, diálogo para quienes realmente quieren reincorporarse a la vida civil, y firmeza absoluta contra quienes usan los procesos de paz para ganar tiempo, fortalecerse o seguir delinquiendo. El Estado no puede negociar su autoridad ni permitir que los territorios sigan en manos de grupos armados.
¿Está de acuerdo con que el Gobierno realice diálogos con grupos ilegales?
Cualquier proceso de diálogo debe darse con una presencia robusta y permanente de la Fuerza Pública, en especial del Ejército, garantizando el control del territorio y la protección de la población civil. Quien quiera la paz debe demostrarlo con hechos cese real de la violencia, entrega de armas y sometimiento a la justicia. Quien no lo haga, enfrentará toda la fuerza legítima del Estado.
Para mí, la prioridad es una sola, primero la Nación, la seguridad de los colombianos y la defensa del Estado de derecho. El diálogo es válido, pero siempre desde la firmeza, la legalidad y el control institucional del territorio.
¿Apoya o rechaza la legalización de algunas drogas ilícitas, como la marihuana y otras, que incluya su producción y consumo?
Sí, apoyo la legalización regulada de algunas drogas ilícitas, como la marihuana, incluyendo su producción, distribución y consumo, porque está demostrado que la prohibición ha fortalecido al crimen organizado más de lo que ha protegido a la sociedad. La experiencia internacional muestra que la legalización con regulación estricta reduce de manera significativa el dinero que hoy reciben las estructuras criminales, dinero que alimenta la violencia, la corrupción y el control territorial. Quitarle ese negocio a los grupos ilegales es una estrategia de seguridad, no solo de salud pública.
¿Está o no de acuerdo con la eutanasia?
Mi postura parte de un principio claro, nadie debería ser obligado a prolongar un dolor insoportable cuando no hay posibilidad de recuperación, siempre que exista una decisión libre, informada y consciente del paciente. La eutanasia no es una imposición, es una opción, y como tal debe estar rodeada de controles estrictos, evaluación médica y acompañamiento psicológico, para evitar abusos.
¿Se requiere o no otra reforma tributaria?
Colombia no tiene únicamente un problema de recaudo, tiene un grave problema de eficiencia, ejecución y corrupción en el uso de los recursos públicos. Antes de pensar en cobrar más impuestos a los ciudadanos y a los empresarios que ya están asfixiados, el Estado debe demostrar que sabe administrar bien lo que recibe.
Hoy el país necesita una reforma al gasto, no una nueva reforma tributaria. Eso implica recortar el despilfarro, eliminar entidades ineficientes, reducir privilegios de la clase política y atacar con firmeza la evasión y la elusión fiscal, en lugar de seguir cargando el peso sobre la clase media y los sectores productivos.
¿El salario de los congresistas y otros funcionarios del Estado debe reducirse?
En un país con altos niveles de pobreza, desigualdad y necesidades sociales insatisfechas, es inaceptable que la clase política tenga salarios y privilegios desconectados de la realidad de los colombianos. El servicio público no puede ser un espacio para el enriquecimiento personal, sino una responsabilidad con el país.
Reducir estos salarios no es solo un tema fiscal, es un mensaje ético y político, quienes toman decisiones deben dar ejemplo, compartir los sacrificios y entender las dificultades que vive la mayoría de la población. Además, esta medida debe ir acompañada de la eliminación de privilegios, viáticos excesivos, esquemas especiales y beneficios injustificados.
¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta?
La libertad religiosa debe respetarse plenamente, pero eso no puede convertirse en un privilegio fiscal absoluto. En un Estado laico, todos deben medirse con las mismas reglas. Si una iglesia administra negocios, bienes, inversiones o actividades comerciales, debe tributar como cualquier otra organización.
¿Haría alguna modificación al sistema político colombiano?
Por supuesto que si. Primero, impulsaría una reducción y reorganización del Congreso, con menos congresistas, y promovería una reforma electoral de fondo, campañas con financiación principalmente pública, topes reales y estrictos, eliminación del derroche en publicidad y sanciones severas para quien viole las reglas. La democracia no puede depender del dinero ni de favores.
Otro punto importante, establecería inhabilidades reales contra el nepotismo y los clanes políticos, familiares de congresistas y altos funcionarios no deberían ocupar cargos públicos ni contratar con el Estado.Por último y muy importante, fortalecería los mecanismos de participación ciudadana, control político y rendición de cuentas, para que la ciudadanía tenga un papel activo y permanente en la vigilancia del poder.
¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?
Como congresista impulsaría la paridad obligatoria y efectiva en los espacios de poder y toma de decisiones, no solo en listas electorales, sino también en cargos directivos del Estado, juntas de entidades públicas y empresas con participación estatal, siguiendo el modelo de cuotas vinculantes. La paridad no puede ser simbólica, debe traducirse en poder real.
Impulsaría una política fuerte de corresponsabilidad familiar, inspirada en Noruega, donde el cuidado no recae solo en las mujeres. Esto implica licencias parentales equitativas, obligatorias y remuneradas para hombres y mujeres, de manera que la maternidad no siga siendo un obstáculo para el acceso al empleo, el ascenso laboral o la participación política.
Es importante fortalecer la autonomía económica de las mujeres, especialmente en territorios vulnerables como el Valle del Cauca, con acceso preferente a educación, formación técnica, crédito, emprendimiento y empleo formal, entendiendo que sin independencia económica no hay igualdad real.La base de todo esto es, reforzar la protección integral contra la violencia de género, con rutas claras, instituciones eficaces y justicia rápida. El Estado actúa de forma preventiva, no reactiva, y eso es lo que Colombia debe de hacer.
La corrupción es un problema de primer orden en el país, ¿cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?
La corrupción le ha quitado al país hospitales, colegios, vías y oportunidades, no es un delito menor, es una forma de violencia contra millones de colombianos. Por eso mi propuesta es clara, el corrupto debe ser tratado como alguien que le causa un daño grave a la sociedad, con penas similares a las de delitos como el homicidio o el secuestro.
Quien roba recursos públicos condena comunidades enteras al abandono, y eso debe reflejarse en sanciones severas, efectivas y sin beneficios, incluyendo cárcel real, pérdida total de derechos políticos y extinción de dominio sobre sus bienes y los de sus testaferros.
Pero endurecer penas no basta si no hay certeza de castigo. Por eso también es clave cerrar los caminos a la impunidad, procesos judiciales rápidos, jueces especializados, trazabilidad total del dinero público y evaluación permanente de los funcionarios. El mensaje debe ser contundente y humano a la vez, servir al Estado es un honor, no una oportunidad para robar, y quien traicione esa confianza no merece segundas oportunidades en la vida pública. Solo así se recupera la dignidad de lo público y la confianza de la gente.
Las encuestas señalan que por lo menos tres de cada cuatro colombianos tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa postura negativa?
Estoy de acuerdo con esa percepción, y no se cambia con discursos sino con hechos y cercanía real. Para contrarrestar la imagen negativa del Congreso hay que empezar desde la base, y esa base es la gente. Mi compromiso sería sacar la rendición de cuentas del escritorio y llevarla al territorio, al barrio, a la comuna, donde las personas viven los problemas y pueden ver directamente si hay o no resultados. No desde un salón cerrado, sino cara a cara con la ciudadanía.
Implementaría espacios permanentes de concertación ciudadana, al menos una vez por semana, para informar qué se está haciendo en el Congreso, qué proyectos avanzan, cómo se están defendiendo los intereses del territorio y qué decisiones afectan directamente a la comunidad. Cuando la gente participa, pregunta, exige y evalúa, la política deja de ser lejana. La confianza se reconstruye con presencia, transparencia y coherencia, no con promesas cada cuatro años.
¿Qué debe hacer Colombia con el manejo de las relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela?
Colombia debe manejar sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos y Venezuela desde el respeto, la soberanía y el interés nacional, dejando de lado las improvisaciones y los intereses ideológicos. La política exterior no puede depender del humor del presidente de turno, sino de una estrategia de Estado, seria y profesional, que proteja a los colombianos, el comercio, la seguridad y la estabilidad regional.
Por eso es fundamental que los diplomáticos colombianos no sean nombrados “a dedo”, sino que sean personas con formación sólida en relaciones internacionales, experiencia, criterio técnico y conocimiento del contexto regional. La diplomacia no es un premio político ni un favor personal. Además, estos funcionarios deben medirse por resultados concretos, avances en cooperación, comercio, migración, seguridad fronteriza y defensa de los intereses del país.
¿Cómo y con quiénes (particulares y/ privados) está financiando su campaña y cuánto le cuesta ese proceso?
Mi campaña no tiene financiación privada ni grandes aportes económicos. La estoy haciendo caminando las calles, hablando con la gente y haciendo pedagogía, porque creo que la política debe empezar con coherencia. Si uno llega al Congreso debiendo favores, ya sea un empleo, un contrato, un puesto o incluso una lechona, llega amarrado y sin libertad para tomar decisiones por el bien del país.
He visto cómo personas de fundaciones y sectores políticos dicen que “ya tienen sus cuotas” o que apoyan candidatos a cambio de algo concreto. Eso es exactamente la misma politiquería clientelista de siempre, la que tiene capturado al Estado y desprestigiado al Congreso. Yo no negocio apoyos ni promesas, porque eso termina traduciéndose en corrupción.
¿A quién respalda y por qué para la campaña presidencial?
Mi enfoque está totalmente puesto en mi campaña a la Cámara de Representantes, en recorrer el territorio, escuchar a la gente y construir una propuesta sólida y coherente con lo que el Valle del Cauca necesita.
De forma concreta, ¿qué política del presidente Gustavo Petro debería seguir después del 7 de agosto de 2026 y cuál tendría que acabarse? ¿Por qué?
La política que debería continuar es la intención de reformar el sistema de salud, porque el diagnóstico es correcto, la corrupción en el sector salud ha sido el pan de cada día durante años. Yo trabajé varios años en este sector y vi de primera mano cómo se desviaban recursos, cómo se priorizaban intereses privados sobre los pacientes y cómo la falta de control terminó afectando a los más vulnerables. Colombia necesita un sistema más transparente, con mayor control del dinero público, auditorías reales y sanciones ejemplares, y ese objetivo no debe abandonarse.
Lo que debe acabarse es la forma improvisada y politizada de implementar la reforma. Después de tantos años, no se han logrado resultados concretos porque se ha actuado sin planeación clara, sin escuchar a los trabajadores de la salud y sin garantizar continuidad en la atención de los pacientes.
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